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Inicio Forums Derecho laboral Colectivo – Utraclaro (Foro) Foro de participación módulo 11 Reply To: Foro de participación módulo 11

  • Elkin Javier Duarte Sarmiento

    Miembro
    05/02/2021 at 7:25 pm

    Consulte en internet o en su organización sindical que casos conocen que hayan llegado a estas instancias internacionales, por violaciones a la libertad sindical y comparta en el foro un resumen.

    Informe no. 25/15. Caso 10.737. Fondo. Víctor Manuel Isaza Uribe y familia. Colombia. OEA/Ser.L/V/II.155 Doc.4, 21 julio 2015.

    Los peticionarios señalaron que Víctor Manuel Isaza Uribe laboraba en la compañía Cementos Nare y era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) en Puerto Nare, departamento de Antioquia. Alegaron que el 19 de noviembre de 1987 el señor Víctor Manuel Isaza Uribe fue desaparecido forzadamente por paramilitares que ingresaron, sin dificultad alguna, a la cárcel de Puerto Nare, donde se encontraba privado de libertad desde el 28 de octubre de ese mismo año.

    Los peticionarios indicaron que testigos circunstanciales del hecho, como fueron los obreros que a esa hora salían de turno y las barrenderas que laboraban en las calles, advirtieron que se llevaron a Victor Manuel Isaza Uribe y otros tres detenidos en dos carros, individuos vestidos de civil y otros con prendas militares, y que uno de los detenidos que se resistió fue golpeado brutalmente hasta la inconciencia e introducido al vehículo.

    Señalaron que la desaparición de Víctor Manuel Isaza Uribe no fue un hecho aislado. Precisaron que desde 1986, varios miembros del SUTIMAC fueron asesinados o desaparecidos por el grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores). Agregaron que, frecuentemente, miembros del MAS eran vistos patrullando por el río con miembros de los Guardacostas de la Armada Nacional o en retenes del ejército. Así, indicaron que entre 1986 y 1987, numerosos miembros del SUTIMAC y del sindicato de la Empresa Colombiana de Carburos, algunos de los cuales eran también miembros de la Unión Patriótica (UP), fueron asesinados o desaparecidos por grupos paramilitares que operaban con unidades militares acantonadas en la región.

    En diciembre de 1990 se recibió la petición inicial. El trámite desde la presentación de la petición hasta la decisión sobre admisibilidad, se encuentra explicado en detalle en el informe de admisibilidad 102/11, emitido el 22 de julio de 2011.

    En dicho informe, la Comisión se declaró competente para conocer de la petición y determinó que los hechos planteados en la misma podrían caracterizar violaciones de los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 16 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones contempladas en el artículo 1.1 del mismo instrumento y a la luz del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

    El artículo 16 de la Convención Americana establece Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier índole.

    La Corte ha señalado que “estos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo”. Agrega que, “además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad”

    La Corte ha establecido que el derecho a formar sindicatos, así como a perseguir en forma colectiva la protección de los derechos laborales, se encuentran protegidos a través de la libertad de asociación. Esta libertad se traduce en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho; y supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación

    Los Estados, además de reconocer la autonomía e independencia de los sindicatos, permitiendo el ejercicio libre de la libertad sindical, deben garantizar que ninguna persona sea privada de su vida ni agredida en su integridad personal como consecuencia del ejercicio de su actividad sindical.

    Los Estados, además de reconocer la autonomía e independencia de los sindicatos, permitiendo el ejercicio libre de la libertad sindical, deben garantizar que ninguna persona sea privada de su vida ni agredida en su integridad personal como consecuencia del ejercicio de su actividad sindical fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona. Como ha quedado establecido en el presente informe, Víctor Manuel Isaza Uribe era miembro activo del sindicato SUTIMAC. En la época de los hechos, ocurrieron hechos de violencia en contra de miembros de dicho sindicato, que eran del conocimiento de las autoridades y de la población en general. Según consta de las declaraciones con que cuenta esta Comisión, los miembros de los sindicatos en Puerto Nare vivían con temor a ser víctimas de asesinatos o desapariciones, y varios se vieron obligados a desplazarse. En ese sentido, la Corte ha señalado que “El Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses.