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  • Adriana Castro Barajas

    Miembro
    03/15/2021 at 7:30 pm

    Lo interesante de la sentencia es:

    1. La diferencia que establece entre el control disciplinario interno (a cargo de el Ministerio Público y de entidades administrativas) y el <i style=”font-weight: bold;”>control interno de gestión (a cargo solo de las entidades administrativas).

    2. Establece claramente la función de la Procuraduría General de la Nación en la acción disciplinaria. El poder preferente de esta institución en la investigación disciplinaria señalando la “jerarquía inferior” de algunas entidades, preferencia que no implica exclusividad y por tanto excluyente.

    Finalmente, comparto la postura del demandante adicionando que conforme el numeral 3o. del artículo 277 Superior la Procuraduría General de la Nación es un organismo de control que representa los intereses de la comunidad. En ese orden, el ejercicio de la acción disciplinaria asignado a este órgano de control manifiesta el control que hace la propia sociedad civil a la actividad de los servidores públicos, por tanto, endilgar esta facultad de vigilancia y control a funcionarios de la propia entidad a la que pertenece el servidor investigado desnaturaliza los principios de independencia y autonomía que caracterizan al Ministerio Público al tiempo que desborda la competencia funcional asignada por la propia Constitución del 91 a las rama ejecutiva. Otra cosa muy distinta debe ocurrir con el control interno de gestión el cual si debe ser ejercido por la propia entidad pública ya que es de su competencia mejorar la prestación del servicio público asignado a ella . En fin creo que la Corte Constitucional cae, como en muchos de sus fallos, en contradicciones argumentativas ya que ¿por que razón la ley si le permite a las entidades públicas intervenir en el control disciplinario mientras que le impide al Ministerio Público intervenir en el control interno de gestión?