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Inicio Forums DERECHO LABORAL COLECTIVO (Foro sindesena) Foro de participación Módulo 5

  • Foro de participación Módulo 5

  • Soporte Redal

    Administrator
    05/12/2021 at 10:37 am
  • Óscar Alarcón Cuéllar

    Miembro
    06/28/2021 at 8:01 pm

    Muy buenas noches, apreciados y apreciadas estudiantes. Me alegra su entusiasmo en el chat de Whatsapp solicitando abrir el Foro.

    Les recuerdo, en todo caso, que cada módulo se abre -o inicia- los días martes.

    La actividad que deben realizar en el Foro, desde mañana y con plazo hasta el próximo lunes festivo, es la siguiente:

    1. Lea cualquier sentencia que se refiera a la “Huelga” proferida por una alta Corte, a saber: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

    2. Comparta en el foro dos ideas principales de dicha sentencia. Si lo desea, adicione un comentario personal o un breve análisis crítico sobre la misma.

    3. Recuerde dejar los datos precisos de la sentencia para que sus compañerxs puedan también revisarla.

    ¡Saludos y excelente semana!





    • Julio Cesar Barrios De Luque

      Miembro
      06/29/2021 at 5:41 am

      La C -122-12 corte constitucional

      Pone de manifiesto el derecho a la huelga consagrado en el artículo 56 de la Constitución politica de colombia salvo a los servicios públicos esenciales

      En esta sentencia permite “hacer efectivo los derechos de la gran mayoría de los trabajadores asalariados en busca de un mayor equilibrio , justicia, equidad en las relaciones laborales.

      Es pues un medio de defensa de nuestros intereses economicos , se constituye en un mecanismo esencial para defender lis intereses profesionales de lis trabajadores , y la búsquedas de soluciones en lo político economico y social este derecho está restringido en dos formas para proteger los servicios públicos y aquellos casos donde el legislador reglamente su ejercicio sin ser absoluta .

      Hoy por hoy los trabajadores colombianos frente a este derecho es una de las herramienta que permiten la exigencia , salvaguarda de nuestras conquistas y como trabajadores colombinos

    • Jorge Ariel Torres González

      Miembro
      06/29/2021 at 5:20 pm

      Sentencia-C-1369_00

      Me pareció muy interesante esta demanda que parece muy lógica pero realmente tiene una serie de matices que se deben analizar detenidamente.

      Se demanda la declaración de inexequibilidad parcial del artículo 449 del Código Sustantivo del Trabajo en el siguiente aparte:

      ….la huelga sólo suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure…

      El empleador no puede celebrar entretanto nuevos contratos de trabajo para la reanudación de los servicios suspendidos, salvo en aquellas dependencias cuyo funcionamiento sea indispensable a juicio del respectivo inspector del trabajo…

      “Este abuso del legislador en el caso de la huelga que impone como limite el hambre del trabajador durante su ejercicio en la práctica termina perjudicando los trabajadores de los sindicatos más débiles, ya que los sindicatos más fuertes pueden y así lo hacen pactar que durante los días de huelga se paguen salarios, mientras que los sindicatos débiles sus afiliados terminan perdiendo el ingreso de los días de huelga lo cual se traduce en una desprotección respecto de los sindicatos más debilitados”.

      …. el no pago de salarios a los trabajadores durante el periodo de la huelga los priva de unos ingresos económicos que los afectan tanto en lo personal como en lo familiar, con las consiguientes repercusiones sociales y políticas; pero podría conllevar al desinterés de los trabajadores de terminar la huelga puesto que no tienen el peso de las carencias económicas y se podría alargar mucho mas el conflicto en detrimento de la capacidad económica del empleador.

      El pago de salarios, sin la contraprestación de la prestación de servicios al empleador, puede configurar un enriquecimiento ilícito a favor de los trabajadores.

      En efecto, la norma demandada no facilita el pleno desarrollo de la libertad sindical, y persiste de cualquier forma y a cualquier precio en la intromisión en las actividades propias de las organizaciones sindicales, con el propósito cierto de desestabilizarlas y entorpecer su funcionamiento.

      Se debe tener en cuenta que los trabajadores que van a la huelga no tienen la intención de romper el vínculo laboral, sino que utilizan un derecho para obtener mejores condiciones de trabajo; por lo tanto, sería un despropósito que para mejorar un contrato se pretendiera disolverlo.

      En este caso, el empleador no puede continuar desarrollando su actividad económica, lo cual conduce a que tenga que soportar el consiguiente trastorno en sus áreas administrativas, financieras y operativas, que le impiden recuperar los costos en que ha incurrido, y lo alejan de la posibilidad de obtener una rentabilidad o ganancia. Y de otra parte los trabajadores, al no realizar su actividad laboral, no pueden percibir el pago de sus salarios, y de los derechos laborales conexos con la prestación del servicio.

      Excluir el pago de salarios durante el tiempo de duración de la huelga, resulta razonable y proporcionada a la finalidad de que el ejercicio de dicho derecho tenga un manejo adecuado y razonable.

      Pero, habrá lugar al pago de salarios y prestaciones, cuando la huelga sea imputable al empleador, por desconocer derechos laborales legales o convencionales, jurídicamente exigibles. Y que, en todo caso, le sea o no imputable la huelga deberá el empleador garantizar el derecho irrenunciable a la seguridad social de los trabajadores que participaron en el cese de actividades mediante el pago de los correspondientes aportes para salud y pensiones.

      Así las cosas, se puede decir que todas las huelgas resultan por inconformidad con las condiciones laborales que el empleador no ha resuelto o ha incumplido, en ese sentido, todas las huelgas pueden ser imputables al los empleadores con la consecuente obligación del reconocimiento de los salarios a los trabajadores.

    • Yeny Vanessa Alonso Díaz

      Miembro
      07/02/2021 at 8:35 pm

      Cordial saludos para toCordial saludos para todas y todas.

      La sentencia proferida por la alta corte referente a la huelga que más me llamo la atención y que procedo a explicar y comentar es la siguiente:

      Sentencia SL 1680

      Fundamentos:

      “El derecho fundamental a la huelga

      El Comité de Libertad Sindical (CLS) y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han sostenido que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores que les permite reivindicar y defender sus intereses. La jurisprudencia del CLS ha establecido el principio básico1 según el cual «el derecho de huelga es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones»2 al que pueden recurrir en defensa de sus intereses económicos y sociales. En paralelo, la CEACR ha dicho que «la huelga es un medio de acción esencial del que disponen los trabajadores y sus organizaciones para defender sus intereses», por tanto, «constituye un derecho fundamental»3 indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio núm. 87.

      La huelga como un derecho social protegido

      En un Estado democrático y pluralista A diferencia de los estados totalitarios que reposan en la utopía de un mundo libre de conflicto, los estados democráticos reconocen que el conflicto es natural en una sociedad pluralista. En efecto, las sociedades democráticas reconocen la coexistencia de grupos autónomos, constituidos en torno a la defensa de intereses de sus miembros que, se quiera o no, inevitablemente entran en conflicto entre sí. Sin embargo, en vez de verse perturbada y correr a restringir de manera autoritaria el conflicto, intenta captar su energía, lo mejor de él para ponerlo a su servicio6.

      No toda huelga practicada en una institución prestadora de servicios de salud afecta un servicio esencial – Distinción entre actividad y servicio”.

      La anterior sentencia me parece que es de suma importancia para la reivindicación del derecho a la huelga en tanto a través de una serie de bases jurídicas, reafirma cuestiones relacionadas con la posibilidad de la huelga dentro de servicios públicos esenciales. El reconocimiento de la huelga como derecho fundamental y no como una sanción por el respeto por el debido proceso en favor de los empresarios.La eliminación de requisitos en las huelgas diferentes a la contractual. La ampliación de los diversos tipos de las huelgas permitidas en Colombia y la incorporación de recomendaciones de la OCDE.

    • Gloria Azucena Ruíz Herrera

      Miembro
      07/15/2021 at 9:35 pm

      Buen día para todos,

      En sentencia SL1680 de 2020 se aborda la huelga en el sector salud. Allí, la CSJ cambia de criterio al considerar que la huelga es posible en los servicios esenciales. Por lo cual, solo sería prohibida en aquellos segmentos del sector salud que, de interrumpirse, suponen riesgo en la salud o la vida.

      Adicionalmente, concluye que al ser la huelga un “derecho fundamental”, los procedimientos previos de los artículos 444 y 445 del CST no aplicarían a las huelgas no contractuales (imputables al empleador, por solidaridad y por razones políticas, económicas o sociales).

      Por su parte, en la sentencia SLT7928 de 2020 (sentencia de tutela) se concluye que los sindicatos de empresa pueden integrarse por individuos vinculados mediante contrato laboral y por contratistas con vínculo civil o comercial que le presten servicios a la misma empresa.

      Finalmente, en la sentencia SL3597 de 2020 se condena al pago de una indemnización a favor de un sindicato por la “pérdida de oportunidad”, al considerar vulnerado el derecho de asociación sindical por estar probado un perjuicio económico debido a conductas empresariales contrarias a la libertad sindical.

      En mi opinión es evidente que estos pronunciamientos judiciales ponen en ventaja la interpretación del derecho a la libertad sindical; sin embargo, al mismo tiempo esta nueva visión genera inquietudes como:

      ¿Es posible considerar a la huelga como un derecho fundamental si el artículo 56 constitucional señala que se encuentra sujeto a reglamentación de parte del legislador y la ubicación sistemática de este artículo (Derechos Sociales, Económicos y Culturales dentro del Capítulo dos del Título dos de la Constitución Política) no permite concebir a la huelga como derecho fundamental?

      El hecho de que se hable de sindicatos de empresa conformados por individuos con contrato laboral y contratistas (que en estricto rigor jurídico es válido), significa que ¿se está abriendo la puerta a que sujetos sin contrato laboral tengan derecho a la negociación colectiva?

      ¿Para la interpretación del derecho a la libertad sindical deben imperar los Convenios de la OIT y recomendaciones de sus órganos de control sobre las disposiciones de la Constitución Política?

      Considero estas reflexiones como ideologías en ‘pro’ libertad sindical, para lo cual estaremos expectantes a lo que se dicte en las futuras sentencias.

    • Eliana Marcela Tunarrosa Echeverría

      Miembro
      07/15/2021 at 10:15 pm

      Buenas noches,

      Sentencia de Constitucionalidad nº 024/20 de Corte Constitucional, 29 de Enero de 2020.

      Primero, la demanda carece de certeza y especificidad. En este sentido, considera la Corte que el demandante parte del hecho de que, en efecto, el requisito de “arreglo directo” se aplica a casos diferentes al de la huelga contractual; sin embargo, no argumentó que este sea el alcance que se le ha dado por quienes aplican el derecho, por lo que no puede inferirse que se derivan los argumentos del accionante del enunciado jurídico, como tampoco ofrece el ciudadano razones que permitan entender las razones del reproche de constitucionalidad. En cuanto a la carencia de especificidad, señala la Sala que el actor acude a argumentos vagos como que las normas demandadas regulan el derecho a la huelga “sin apego a la Constitución Política ni a las normas internacionales que se incorporan a ella a través del bloque de constitucionalidad”[55]; que “las normas se reputan inconstitucionales porque hacen parte de una omisión legislativa relativa en razón a que la interpretación finalista del código, preconstitucional, fue solo regular la huelga contractual”[56]; o que las normas van “en contra de los principios en materia de derecho de huelga que han construido los órganos de control de la OIT”. Tales acusaciones abstractas, al no ser específicas, impiden estructurar una verdadera acusación de inconstitucionalidad.

      Segundo, los argumentos del demandante tampoco cumplen con el requisito de pertinencia. Si bien, hace referencia en su demanda al Convenio 87 de la OIT y otros preceptos constitucionales, el ciudadano fundamentó su cargo en que las disposiciones acusadas “no permiten ni respetan los otros tipos de huelgas ya reconocidos por la ley y la jurisprudencia” [57]. En esos términos, a pesar de las referencias normativas, la demanda no desarrolla dichos parámetros, sino se limita a señalar que se “deja a merced del operador judicial la interpretación de los requisitos [de la huelga] para su ejercicio” [58]. De nuevo, lo anterior, no se basa en razones de tipo constitucional, sino en supuestas consecuencias que se derivarían de aplicar las normas acusadas, razón por la cual es impertinente para estructurar un cargo de constitucionalidad.

      Tercero, debido a la falta de especificidad y pertinencia del pretendido cargo propuesto por el demandante, sus razones no logran despertar una duda inicial sobre la constitucionalidad del artículo demandado que haga necesario el análisis del juez constitucional. En esa medida, la demanda tampoco cumple el requisito de suficiencia.

    • Fanny Calderón Rojas

      Miembro
      07/17/2021 at 10:15 pm

      CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDOMagistrada ponenteSL1680-2020Radicación n.°81296

      Decide la Corte el recurso de apelación que interpuso el SINDICATO NACIONAL DE LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL «SINDESS», contra la sentencia que la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha profirió el 2 demayo de 2018, en el proceso especial de calificación de huelga que la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAOpromovió contra la organización sindical recurrente.

      Mediante sentencia de 2 de mayo de 2018, la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha dispuso: PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de inexistencia de justa causa para declarar la ilegalidad del cese de actividades de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Salud -SINDESS-Maicao, La Guajira. SEGUNDO: Declarar la ilegalidad del cese colectivo de trabajo acaecido el 7 de marzo de 2018, en las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO, LA GUAJIRA. TERCERO: Prevenir a la agente interventora de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO, LA GUAJIRA, para que gestione oportunamente los recursos a efectos de cancelar las acreencias laborales,de seguridad social y cuotas sindicales adeudadas a sus trabajadores. CUARTO: Prevenir a los trabajadores del Sindicato de la Salud -SINDESS-Maicao, La Guajira, para que se abstengan de realizar ceses de actividades en el servicio de salud por ser un servicio público esencial.

      <div>Radicaciónn.°81296SCLAJPT-08 V.005QUINTO:Por Secretaría General comuníquese la decisión al Ministerio de la Protección Social, conjuntamentecon copias del expediente para los de su cargo. SEXTO: Condenar en costas en esta instancia al sindicatoSINDESSMaicao, La Guajira. Como agencias en derecho se fija el equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. A la apelación presentada por el sindicato, la corte decide DECLARAR la legalidad de la huelga y CONFIRMAR las demás resoluciones del fallo impugnado. Como ideas principales de esta sentencia se destacan el derecho de huelga en general con referente en el marco de la OIT, en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía superior y el articulo 56 de la constitución política que garantiza de manera amplia el derecho a la huelga, ” salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”; y el derecho de huelga en los servicios esenciales cuya suspensión supone “una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”
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    • Claudia Patricia Pérez Rolón

      Miembro
      08/21/2021 at 11:52 am

      Sentencia-C-1369_00- Derecho de Huelga

      El derecho de huelga y los efectos jurídicos de su ejercicio, específicamente el de la suspensión del contrato de trabajo por el tiempo en que esta dure.

      La huelga es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y desarrollado en la ley laboral, mediante el cual los trabajadores cuentan con un mecanismo legítimo para presionar un mejoramiento real en sus condiciones de trabajo y de vida, tanto en el orden personal como familiar

      De otro lado, la aceptación de que, en caso de que la huelga resulte imputable al empleador por incumplimiento de las obligaciones salariales con sus trabajadores, impone entonces la no suspensión de los contratos de trabajo, no resulta ser en nada innovadora, sino, simplemente, la consagración de una consecuencia jurídica que resulta ineludible.

      En cambio sí, aparece francamente contrario a la evolución de las instituciones del derecho colectivo y de los avances en materia social consagrados por la Carta desde 1936 y ahora refrendados en la Constitución de 1991, exigir, como se hace en la motivación de la sentencia que la culpa del empleador requiera, en esos casos, “la correspondiente declaración judicial”, pues, entonces, se sigue como consecuencia que cuando el empleador incumple “las obligaciones salariales con sus trabajadores” lo cual le está prohibido expresamente por la ley, para legitimar el cese de actividades que autoriza en esos eventos el artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo con la reforma que le introdujo el artículo 7 de la Ley 584 de 2000, se exigirá una previa “declaración judicial”, pese a la existencia de una circunstancia objetiva que no requiere nada más que su verificación fáctica, para que, en tal caso, pueda llevarse a cabo la huelga como instrumento de defensa de los ingresos oportunos y completos de los trabajadores

  • Oscar Martínez Cabrera

    Miembro
    06/29/2021 at 9:01 am

    OSCAR MARTINEZ CABRERA, REGIONAL META

    Sentencia analizada

    Sentencia C-691/08

    Dos ideas principales de la sentencia.

    SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES

    Según la Corte, la huelga es prohibida solamente en los servicios públicos esenciales, según la corte las define como: “las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales”. En tal sentido, la Corte ha declarado que servicios como la banca central; el transporte; las telecomunicaciones; la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y los servicios públicos domiciliarios, son materialmente servicios públicos esenciales.

    Personas que no pueden intervenir como miembros de tribunales de arbitramento

    La corte analizó constitucionalmente el Artículo 463 del CST. Personas que no pueden intervenir. Y en su artículo Tercero de la sentencia declaró EXEQUIBLE las expresiones “No pueden ser miembros de tribunales de arbitramento, individuos condenados a sufrir pena aflictiva que no hubieren sido rehabilitados”.

  • Daniel Adriano Abadia Herrera

    Miembro
    06/29/2021 at 11:49 am

    SENTENCIA C-858/08 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

    DERECHO A LA HUELGA

    JUAN ALEJANDRO SUAREZ SALAMANCA presenta demanda de inexiquibilidad contra los artículos 429 y 450 CST

    “Artículo 429. Definición de huelga. Se entiende por huelga la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos y previos los trámites establecidos en el presente título.

    <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>Artículo 450. Subrogado. L. 50/90, art. 65. Casos de ilegalidad y sanciones.<i style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”> 1. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: <i style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>b) Cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos.

    LA CORTE CONSTITUCIONAL en la resolucion del caso expresa las ideas principales de la sentencia


    Declarar EXEQUIBLES las expresiones con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos” contenida en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo y “cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos”, contenida en el literal b) del artículo 450 de la misma codificación, en el entendido de que tales fines no excluyen la huelga atinente a la expresión de posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión.

  • Naviris del Carmen Vega Algarin

    Miembro
    06/29/2021 at 12:11 pm

    Corte Constitucional, Sentencia C-691/08

    De las normas demandadas, me voy a referir a lo contemplado en el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la Constitución la prohibición de ejercer el derecho de huelga en las actividades de explotación, elaboración y distribución de sal?

    En esta oportunidad la Corte Constitucional abordó el estudio con las siguientes precisiones:

    · Definición de huelga contenida en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo como “la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos y previos los trámites establecidos”.

    · La protección constitucional del derecho a huelga, consagrado en el artículo 56 de la Carta Política.

    · El reconocimiento jurisprudencial que ha merecido el derecho a huelga dentro de la corporación.

    · Cita desde la jurisprudencia constitucional, los rasgos principales del derecho, los límites, naturaleza y alcance.

    · Respecto al problema jurídico, expresa se ha manifestado en distintas sentencias acerca de los servicios públicos esenciales, en los que es prohibida la huelga.

    · en la sentencia C-473 de 1994, la Corte conoció sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el inciso primero del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que reza: “De conformidad con la Constitución Nacional está prohibida la huelga en los servicios públicos”. El demandante consideraba que la norma acusada violaba la Constitución, pues restringía de manera ilegítima el derecho de huelga, ya que prohibía su ejercicio en el género (servicios públicos), mientras que la Constitución sólo prevé tales restricciones para la especie (servicios públicos esenciales).

    · La Corte resolvió declarar la exequibilidad condicionada de la norma, “(…) siempre que se trate, conforme al artículo 56 de la Constitución Política, de servicios públicos esenciales definidos por el Legislador”.

    · En la sentencia, la Corte estableció que, de acuerdo con la Constitución, para excluir el derecho de huelga de una determinada actividad era necesario que se cumplieran dos requisitos, a saber: que la actividad “sea materialmente un servicio público esencial” y que “el Legislador haya expresamente definido la actividad como servicio público esencial y restringido el derecho de huelga en ella.” Además, en la providencia se indicó que a la Corte le correspondía “ejercer un control material sobre la decisión legislativa a fin de determinar si la actividad es o no un servicio público esencial.”

    · Del recuento jurisprudencial que realiza la Corte sobre los servicios públicos esenciales en los que está prohibida la huelga se puede deducir que ha establecido que para poder excluir el derecho de huelga de una actividad determinada es necesario que ésta sea materialmente un servicio público esencial y que haya sido calificada como tal por el Legislador. De la misma manera, esta Corporación ha determinado que a ella le corresponde analizar si las definiciones que tome el Legislador en este sentido se refieren realmente a actividades que materialmente configuren un servicio público esencial.

    · Finalmente se expone que el derecho a huelga no es ilimitado, y puede tener legítimamente restricciones cuando se trata de actividades definidas a partir de criterios estrictos, objetivos y razonables, como servicios públicos esenciales, esto es como servicios cuya suspensión pueden llegar a afectar los derechos fundamentales como la vida o la integridad física de las personas, y no respecto de criterios laxos que invocando la utilidad pública, el interés general o la importancia económica, pueden llegar a catalogar como servicios públicos esenciales a la gran mayoría de los servicios públicos, lo cual hace en criterio de esta Sala nugatorio el derecho de huelga de los trabajadores.

    Por lo anterior, debemos estar al pie para que al momento del legislador entrar a desarrollar lo relativo a qué debe entenderse por servicios públicos esenciales (con relación a la huelga), tenga en cuenta que el derecho de huelga, reconocido no sólo en el orden constitucional interno sino en los tratados internacionales, es un derecho que hace efectiva la libertad sindical, el derecho de asociación y muy especialmente el derecho de negociación, y que es un derecho que también, responde a la utilidad pública y al interés general de un Estado que se concibe así mismo como un Estado social, constitucional y democrático de Derecho.

    Feliz y bendecido día.

  • José Luis Molina Arismendy

    Miembro
    06/30/2021 at 10:20 am

    Mi aporte se basa en la Constitución

    Mi análisis hace referencia ala Constitución, como base de un sistema jurídico legalista como el nuestro, y no Consuetudinario o de costumbre como el resto del mundo

    La huelga es un derecho fundamental de los trabajadores que les permite disponer de medios de acción para ejercer presión en el empleador, con el objetivo de reivindicar y defender sus intereses, al propender por la negociación colectiva y la dignidad del trabajo; logrando que las relaciones laborales sean viables y justas.

    El artículo 56 de la Constitución Política determina que:

    “…Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.

    La ley reglamentará este derecho.

    Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento…”

    En el estado social de derecho, el respeto a los derechos esenciales de la comunidad prima sobre el derecho a la huelga. La OIT, define la suspensión de los servicios esenciales como “…una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población…”.

    Dentro de los servicios esenciales se encuentran los servicios hospitalarios, de abastecimiento de agua, telefónicos, policía y fuerzas armadas, bomberos, penitenciarios y el control del tráfico aéreo, entre otros. Por otra parte, entre los servicios que no son esenciales tenemos los servicios de radio-televisión, los bancos, el sector petróleo y los servicios ferroviarios, etc.

    Para lograr definir este límite entre los servicios esenciales y los que no lo son, se debe hacer una distinción entre actividad y servicio; la actividad es un término más amplio que el de servicio, en razón a que dentro de la actividad se presentan varios servicios de distinta naturaleza. Es así como se consideran esenciales los servicios que, dentro de una actividad, resultan ser prioritarios para su correcto funcionamiento.

    Por ello la huelga se limita únicamente frente a los servicios esenciales de una misma actividad. Por ejemplo, dentro de las IPS o EPS se integran distintas áreas y dependencias; tenemos el área administrativa, financiera jurídica, etc., y el área que está dirigida a la atención de la salud de los usuarios, que a su vez se divide en diferentes unidades, tales como urgencias, consulta externa, cuidados intensivos, entre otras. La huelga en estos casos no se puede limitar en todas las actividades que desarrolla la IPS o EPS, sino exclusivamente en los servicios que al verse interrumpidos pongan en peligro la salud, vida y seguridad de las personas.

    En conclusión, se deben tener en cuenta tres aspectos para determinar el carácter esencial del servicio:

    1. La clase o tipo de servicio afectado. No podemos comparar la suspensión del servicio de urgencias o cirugía con la suspensión de otros servicios que solo generan molestias en los usuarios, pero que de ninguna manera afectan su vida, salud o seguridad.

    2. La duración o extensión de la huelga. La interrupción del servicio por 2 días, no sería lo mismo que interrumpirlo por un tiempo prolongado, ya que requerimientos de los usuarios podrían llegar a convertirse en esenciales por el paso del tiempo.

    3. La modalidad de la huelga. La huelga se puede presentar de diferentes formas; por turnos, rotatoria, intermitente o indefinida.

    Por lo anterior queda ratificado, claro, conciso y concreto, el derecho a la huelga establecido en nuestra carta magna.

  • Vivíana Fajardo Muñeton

    Miembro
    06/30/2021 at 1:16 pm

    Sentencia C-691/08

    COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración

    DERECHO DE HUELGA

    El ordenamiento jurídico ha fijado disposiciones que pretenden proteger el derecho a la asociación sindical en sus tres dimensiones (individual, colectivo, instrumental), que estableció como medida sancionatoria una multa de 100 a 300 smlmv o arresto a quien atente contra el derecho sindical, Además, amplió el término de prescripción para las conductas contra sindicalistas, tal como ha sido el genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio de miembros de una organización sindical legalmente reconocida y el desplazamiento forzado a 30 años, como criterio de agravación punitiva se estableció la conducta delictiva o una amenaza en contra de dirigentes o miembros de una organización sindical y la pena aumentó en una tercera parte. Igualmente, el artículo 354 del C.S.T remite los delitos consagrados contra la asociación sindical estipulados en la Ley 599 de 2000, acápite que sanciona conductas que afecten ese bien jurídico. La misma norma fija castigos administrativos a los empleadores cuando incurren en una serie de actos que incluyen obstruir la afiliación o negar la iniciación de una negociación colectiva (Corte Constitucional. Sent. T-069 del 2015). Por otro lado, en el ámbito internacional, el profesor López (2006) establece que existen varias NIT que contemplan la protección a la libertad sindical y al derecho de sindicalización, como lo son la Carta Internacional de Garantías Sociales de la O.E.A de 19481 , la Declaración Universal de los Derechos Humanos 2 , la Convención Americana sobre los Derechos Humanos3 , el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales e internacionales de la ONU, 4 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 5 y el Protocolo de San Salvador.

    Sin embargo, la principal institución encargada de regular los temas laborales internacionales es la OIT7 . Teniendo en cuenta que el preámbulo de su Constitución hace mención a la libertad sindical, de lo que se deduce que este derecho en la OIT es uno de los postulados básicos que protege y reglamenta esta organización mediante Convenios, como lo son: 11 sobre el derecho de asociación, 84 sobre el derecho de asociación en los territorios no metropolitanos, 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, además, el 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva

    Los rasgos principales del derecho de huelga pueden definirse así: 1) es un derecho constitucionalmente protegido y de gran importancia al interior del ordenamiento jurídico colombiano, pero no tiene la calidad de derecho fundamental, puesto que precisa una reglamentación legal para ser ejercido; 2) la legitimidad de su ejercicio depende del seguimiento de los procedimientos establecidos por el legislador; 3) la protección del derecho de huelga sólo procede por acción de tutela si se encuentra en conexidad con derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la libre asociación sindical; 4) no tiene carácter absoluto, debido a que está prohibido en los servicios públicos esenciales y debe ser ejercido de acuerdo con las normas legales que lo regulan; 5) existen dos requisitos para poder excluir el derecho de huelga de una determinada actividad, a saber: que sea materialmente un servicio público esencial y que formalmente el legislador la haya calificado de tal; y 6) un servicio público es esencial cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales.

  • Sandra María Barca Arellano

    Miembro
    06/30/2021 at 7:26 pm

    La Corte Suprema de Justicia revive el derecho de huelga. Análisis de la Sentencia SL 1680 de 2020

    “La Corte Suprema de Justicia revive el derecho de huelga. Análisis de la Sentencia SL 1680 de 2020” – 1 de julio de 2020

    Una votación cerrada en la Corte muestra lo tensa que fue la discusión y la trascendencia política y, claro jurídica, de la decisión. Palma (2020) señala que la sentencia SL 1680 del 2020 resuelve varios temas:…

    1. El reconocimiento de la huelga como derecho humano y fundamental y no como una sanción que implicaba el respeto por el debido proceso en favor de los empresarios…

    2. La posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales…

    3. La eliminación de requisitos en las huelgas diferentes a la contractual…

    4. La ampliación de las tipologías de las huelgas permitidas en Colombia….

    5. La incorporación de recomendaciones de la OCDE.

  • Julian Eduardo Gómez Benavides

    Miembro
    07/01/2021 at 6:24 pm

    Titularidad del derecho de huelga

    Encuentre la sentencia aquí: SL720-2021

    Corte Suprema de Justicia

    La Corte afirma que la huelga es un derecho humano de los trabajadores, atribuida a ellos individualmente, ya que son los que deciden interrumpir o no su trabajo, secundar o no una huelga. Sin embargo, su ejercicio debe ser colectivo, pues un solo trabajador no puede ir a huelga, necesita de otros para que exista un estado de huelga, para darle ese semblante colectivo a la acción.

    La afirmación de que la huelga es un derecho subjetivo de los trabajadores, pero que debe ser ejercido colectivamente, según el fallo, “en nuestro sistema jurídico, inscrito en la tradición latina, la huelga puede ser ejercida a través de una organización sindical (en representación de los trabajadores) o por un grupo de trabajadores no sindicalizados. No existe pues una concepción orgánica de la huelga, en virtud de la cual los únicos legitimados para declararla sean los sindicatos y, por consiguiente, son legítimas las denominadas huelgas no sindicales o espontáneas, es decir, aquellas que no son declaradas, dirigidas o controladas por una agremiación sindical”. En este caso se declaró legal una huelga promovida por trabajadores de la salud en donde hasta hace poco estaba prohibida toda forma de protesta.

    https://ail.ens.org.co/opinion/seis-decisiones-de-la-corte-suprema-que-ayudaran-a-crecer-al-sindicalismo/

  • Carlos Arturo García Calero

    Miembro
    07/02/2021 at 11:22 am

    Sentencia No. C-450/95 – https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-450-95.htm


    REFERENCIA:

    EXPEDIENTE D-849

    PETICIONARIO:

    JAIME ANTONIO DIAZ MARTINEZ

    NORMA ACUSADA:

    CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO ARTICULO 430 SUBROGADO POR EL DECRETO 753 DE 1956, LITERALES b) Y h), Y 452, SUBROGADO POR EL DECRETO LEY 2351 DE 1965 ARTICULO 34, NUMERAL 1°.

    MAGISTRADO PONENTE:

    ANTONIO BARRERA CARBONELL.

    PROBLEMÁTICA DEL PROCESO:

    El actor en su demanda plantea la inconstitucionalidad de los literales b) y h) del art. 430 del C.S.T., porque prohíbe la huelga en las actividades de servicio público concernientes a “las empresas de transporte por tierra agua y aire y telecomunicaciones” y a la “explotación, refinación, transporte y explotación de petróleos y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del Gobierno”, que materialmente no son servicios esenciales. De este modo, resulta quebrantado el art. 56 de la Constitución que únicamente no garantiza la huelga en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador, pero sí en los demás servicios.

    Igualmente, el demandante juzga inconstitucionales el encabezamiento del numeral 1 y la letra a) del mismo correspondientes al art. 452 del C.S.T., porque somete a arbitramento obligatorio todos los conflictos colectivos del trabajo que se presenten en los servicios públicos y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo, cuando sólo es procedente dicho arbitramento en aquellas actividades definidas por el legislador como servicios públicos esenciales.

    DECISIÓN DE LA CORTE:

    Se define luego de un análisis profundo que los elementos acusados por el peticionario son EXEQUIBLES, es decir, que son válidos y pueden aplicarse.

    OPINIÓN:

    Como es sabido en Colombia el derecho a la huelga aún cuenta con muchas restricciones para los trabajadores; los jueces laborales a quienes se les deja a cargo entre muchas otros elementos el de definir cuáles son los servicios públicos esenciales para efectos de permitir o no el derecho a la huelga, carecen de análisis exhaustivos y dejan de lado lo provisto por la OIT sobre el asunto. Por otro lado, la parcialidad de los jueces frente a sus análisis y toma de decisiones como parte de de la trágica corrupción que se ha enquistado en todos los recodos del funcionamiento del Estado, no permite la protección especial que deberían tener los trabajadores frente a su relación con los empleadores; el poder y las decisiones políticas restringen el reconocimiento y materialización de los derechos fundamentales de grupos poblacionales minoritarios.

    La norma debería más allá de prohibir la huelga por parte de trabajadores de los servicios públicos esenciales y de someterlos a tribunales de arbitramento para solucionar sus conflictos (que en muchas ocasiones no ayudan a los intereses obreros), ir más allá frente al reconocimiento de las dificultades reales con las que este sector laboral cuenta y por el contrario al tratarse de los responsables en gran medida de que los servicios públicos esenciales sean oportunos y de calidad; las condiciones y derechos fundamentales de éstos deberían reconocerse al máximo sin discusión alguna.

    Se debe precisar más frente a los conceptos de servicios públicos y servicios mínimos esenciales en el país.

  • José Luis Molina Arismendy

    Miembro
    07/02/2021 at 1:30 pm

    Sentencia C-122/12

    DERECHO A LA HUELGA-Restricción solo en caso de los servicios públicos esenciales, cuya determinación corresponde de manera exclusiva al legislador

    DERECHO A LA HUELGA EN ESTABLECIMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL, DE CARIDAD Y DE BENEFICENCIA-Solo se restringe en aquellos que atiendan necesidades básicas de sujetos de especial protección constitucional

    DERECHO A LA HUELGA-Concepto y características/DERECHO A LA HUELGA-Contenido y alcance/LIBERTAD SINDICALCriterios fundamentales para el análisis de este derecho/DERECHO A LA HUELGA-Protección constitucional/DERECHO A LA HUELGA-Importancia/DERECHO A LA HUELGA SINDICAL-Doble protección constitucional/DERECHO A LA HUELGA-Criterios jurisprudenciales/DERECHO A LA HUELGA-Restricción en los servicios públicos esenciales/DERECHO A LA HUELGA-Núcleo esencial/DERECHO A LA HUELGA-Puede ser restringido por el legislador cuando de su ejercicio se deriva la alteración del orden público

    El derecho a la huelga se encuentra consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual “se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”. Este derecho está estrechamente relacionado con los principios constitucionales de solidaridad, dignidad y participación (CP art. 1) y con la realización de un orden social justo (CP art. 2), por lo cual cumple finalidades fundamentales para el Estado social de derecho como: equilibrar las relaciones entre los patrones y los trabajadores, resolver los conflictos económicos colectivos de manera pacífica y materializar el respeto de la dignidad humana y de los derechos de los trabajadores. En este sentido, la huelga es fundamental para la conformación de un Estado democrático, participativo y pluralista, pues surge de la necesidad de conducir los conflictos laborales por cauces democráticos. También se ha señalado que la huelga es un derecho que responde “a la utilidad pública, al interés general de un Estado que se concibe a sí mismo como un Estado social, constitucional y democrático de Derecho, en cuanto se encuentra encaminado a hacer efectivos los derechos de la gran mayoría de los trabajadores asalariados y a buscar un mayor equilibrio, justicia y equidad en las relaciones laborales propias de un modelo económico capitalista basado en la dinámica trabajo-capital, dinámica respecto de la cual es claro para esta Corporación que el trabajador constituye la parte débil de la relación, razón por la cual se justifican las medidas protectoras, garantistas y correctivas por parte del Estado a favor de los trabajadores”<sup> </sup>.

    En el documento “La Libertad sindical” de la Oficina de Internacional del Trabajo se señalan una serie de criterios fundamentales para el análisis de este derecho: i) es un derecho fundamental de los trabajadores y de sus organizaciones únicamente en la medida en que constituya un medio de defensa de sus intereses económicos; ii) constituye uno de los instrumentos esenciales para promover y defender sus intereses profesionales; iii) es corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio número 87; iv) no busca sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social; y v) puede ser objeto de restricciones o incluso de prohibición y garantías compensatorias. De esta manera, el derecho a la huelga está dotado de una doble protección constitucional, pues además de estar consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política, tiene una relación estrecha con la libertad sindical como derecho desarrollado por el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual hace parte del Bloque de Constitucionalidad, tal como ha señalado esta corporación. Teniendo como base su naturaleza y desarrollo constitucional, así como también el estudio de los documentos de la Oficina de Internacional del Trabajo, la Corte Constitucional señaló las características del derecho a la huelga en la sentencia C-201 del 2002, posteriormente reiterada en las sentencias C-691 de 2008, C-466 de 2008, C-349 de 2009: “(L)a huelga constituye un instrumento de vital importancia en el marco de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, toda vez que sirve de medio legítimo de presión para alcanzar mejores condiciones de trabajo y, de esa manera, un equilibrio y justicia sociales, así como el respeto de la dignidad humana y la materialización de los derechos del trabajador. Es abundante la jurisprudencia de esta Corporación en relación con el contenido y alcance del referido derecho, así como su especial protección dentro del ordenamiento constitucional, incluyendo los instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Al respecto, resulta ilustrativa la sentencia C-432/96, en la que la Corte sintetizó esquemáticamente los distintos criterios jurisprudenciales sobre este tema, así: “- El derecho a la huelga no es un derecho fundamental, puesto que para su ejercicio requiere de reglamentación legal. “- Sólo puede ejercerse legítimamente el derecho a la huelga cuando se respetan los cauces señalados por el legislador. “- El derecho a la huelga puede ser objeto de tutela cuando se encuentra en conexión íntima con los derechos al trabajo y a la libre asociación sindical, derechos que sí ostentan el carácter de fundamentales.”- El derecho a la huelga solamente puede excluirse en el caso de los servicios públicos esenciales, cuya determinación corresponde de manera exclusiva al legislador, o los señalados como tales por el Constituyente, de acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes. “- El derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés general y los derechos de los demás. “- El derecho a la huelga también puede ser restringido por el legislador cuando de su ejercicio se deriva la alteración del orden público. “De acuerdo con estos parámetros, puede afirmarse que, según la Constitución, el derecho de huelga está restringido de dos formas:”a. Está prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales que determine el legislador y, obviamente en los señalados como tales por el Constituyente, de acuerdo con la interpretación realizada acerca del contenido de las normas constitucionales vigentes. “b. En los demás casos, su ejercicio debe ceñirse a la reglamentación que de él haga el legislador. En el mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el núcleo esencial del derecho de huelga consiste en “la facultad que tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo, para lograr que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo. Esta facultad, claro está, no es absoluta. El punto es que la huelga constituye un mecanismo cuya garantía implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en el marco del conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía (v.gr. los derechos fundamentales) o el interés general (bajo la forma del orden público, por ejemplo), el poder que la Constitución pretende reconocer a los trabajadores no puede quedar desfigurado.”

    1. Conforme a lo anterior queda claro para mi que el derecho de huelga, es un derecho no fundamental pero si prioritario para los trabajadores y permite contrarrestar los efectos autoritarios del gobierno y que el trabajador alcance los derechos que el empleador niega.

    2. La huelga a permitido alcanzar logros, lo digo por propia experiencia hace unos 4 años cerramos la sede principal del Sena en Medellín y establecimos una carpa durante 42 días, y logramos ampliar la planta de personal de nuestros compañeros instructores

    Jose Luis Molina

    Instructor Sena Medellin

  • Leily Xiomara Rojas Sánchez

    Miembro
    07/04/2021 at 4:11 pm

    La sola participación en una huelga ilegal no es causa suficiente para despedir a un trabajador

    La Corte Suprema de Justicia estableció una nueva interpretación sobre el numeral segundo del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual una vez una huelga es declarada ilegal, el empleador queda en la libertad de despedir por esa causa a quienes participaron en ella.

    La Sala de Casación Laboral determinó que esta norma debe ser interpretada bajo el entendido de que “el solo hecho de haber organizado y/o participado en una huelga ilegal no es causa suficiente de despido”, por lo cual se debe hacer una valoración individual sobre la conducta de cada trabajador para constatar si durante este paro laboral incurrió en algún acto indebido que justifique su desvinculación.

    En la sentencia la Sala señaló que esas extralimitaciones podrían ser los actos delictivos, la violencia física, el sabotaje, la destrucción de archivos y documentos, la develación de información confidencial, acciones prohibidas que ponen en riesgo la vida o seguridad de las personas, entre otras conductas que deben sopesarse según su gravedad.

    La Corte hizo esta interpretación de esta norma recordando que cada año ha sido criticada por la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por encontrarla contraria al Convenio 87 de la OIT, que reconoce el derecho a la huelga, y al Convenio 98 de esa misma organización, que prohíbe la discriminación por actividades sindicales, preceptos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y prevalecen en el orden interno.

    La Sala además señaló que esta norma también va en contra de la misma Constitución colombiana que garantiza el derecho fundamental de huelga, lo que obliga a los jueces a dejar a un lado el precepto incompatible con la Carta Política, o a seleccionar la regla legal que “mejor desarrolle los contenidos constitucionales”.

    La Sala de Casación Laboral tomó esta decisión al evaluar una demanda de seis trabajadores despedidos de una empresa en Medellín, después de que se declaró que la huelga en la que participaron fue ilegal.

    La Corte les dio la razón en que la empresa no demostró individualmente cuál fue la conducta indebida que cada uno realizó y, por lo tanto, -a la luz de lo establecido por la Constitución, por el derecho internacional, así como los convenios fundamentales de la OIT-, no era válido despedirlos únicamente porque la huelga en la que participaron fue declarada ilegal.

    Además, en la convención colectiva de trabajo la empresa y los empleados habían pactado que no serían despedidos sin justa causa por haber participado en el paro, lo que también obligaba al empleador a demostrar que más allá de la huelga, incurrieron en una conducta indebida que justificaba su desvinculación.

    Por lo tanto, la Sala Laboral le ordenó a la empresa reintegrarlos a sus cargos, pagarles los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación, así como los aportes a salud y pensión mientras estuvieron cesantes.

    Consulte aquí el contenido completo de la sentencia SL1947-2021

  • Andrés Mauricio Arana Esquivel

    Miembro
    07/05/2021 at 2:58 pm

    Buenas tardes, compañeros y compañeras de acuerdo con lo planteado en el presente foro, me permito realizar un breve análisis de la Sentencia proferida por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia del 29 de noviembre de 2017 y del 07 de febrero de 2018, identificada con radicación 79047 de 2017. Magistrado Ponente Rigoberto Echeverry Bueno, en donde se discutió el cese ilegal de las actividades cuando se presenta incumplimiento de las reglas de convocatoria y mayorías.

    El Problema Jurídico que se planteó en la providencia fue el siguiente: Determinar si la cesación de actividades promovida y adelantada por la ACDAC en la sociedad Avianca S.A., entre los meses de septiembre y noviembre de 2017, era legal o ilegal, puesto que siendo la ACDAC un sindicato minoritario solo convocó para votación a los trabajadores afiliados a la precitada organización sindical y no logró la mayoría de los votos favorables de todos los trabajadores de la Compañía. Adicionalmente se discutió si Avianca S.A. desarrollaba o no un servicio público esencial que limitaba la posibilidad de adelantar huelgas en esa Compañía.

    Al respecto es importante precisar que la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el cese de actividades adelantado por la ACDAC, por las siguientes razones: La ACDAC cometió una irregularidad en la convocatoria para la votación de una posible huelga, puesto que de acuerdo con lo establecido en el artículo 444 del C.S.T., la votación debía incluir a todos los trabajadores de la Compañía por ser ACDAC un sindicato minoritario. Sin embargo, la precitada organización sindical transgrediendo la ley, únicamente convocó a la votación de una posible huelga a los afiliados a ACDAC.

    Adicionalmente no se cumplieron con las mayorías necesarias en la votación para la declaratoria de una huelga, puesto que no se obtuvo el voto favorable de la mitad más uno (50% + 1) de todos los trabajadores de la Compañía. Incluso no se cumplió con el requisito de que la votación fuere personal e indelegable.

    La organización sindical ACDAC, decidió desarrollar en Avianca S.A., entre el día 20 de septiembre de 2017 y el día 12 de noviembre de 2017, un cese ilegal de actividades contrario a los postulados establecidos en el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con la Ley 336 de 1996 en su artículo 68. Igualmente, dicha determinación fue contraria al criterio constitucional contenido en reiterada jurisprudencia como por ejemplo las Sentencias C-450 de 1995, T-987 de 2012, C-122 de 2012, C-796 de 2014 y retirada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que señalan que el transporte aéreo es un servicio público esencial y por ende no se pueden desarrollar huelgas.

  • Nurys Remedios Rondano de Corwin

    Miembro
    07/05/2021 at 3:55 pm

    Sentencia C330/12

    -Obligatoriedad del Arbitramiento para resolver conflictos Colectivos de Trabajo:

    Cumple con finalidades legitimas desde la perspectiva Constitucional.

    -Amigable composición y Arbitramiento Técnico.

    Modalidades de solución de conflictos que corresponden a la potestad de configuración legislativa.

    – Arbitramiento obligatorio en los contratos de Concesión.

    Inconstitucionalidad que requiere de la estipulación libre de las parte.

    El arbitraje es el mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, difieren en su solución a un tribunal arbitral al cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.

  • Edna Damaris Realpe Imbachi

    Miembro
    07/05/2021 at 6:50 pm

    Compañeros, le expongo el caso donde la Corte Suprema, debe analizar si existe ilegalidad con respecto a la huelga promovida por los trabajadores del Hospital San José de Maicao.

    <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>Corte Suprema de Justicia SL1680-2020 Radicación N.º 81296, Sentencia que la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha profirió el 2 de mayo de 2018, en el proceso especial de calificación de huelga que la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MAICAO.

    Los trabajadores entraron en huelga los días 7 y 8 de marzo de 2018, actividad que solo afectó el servicio de consulta externa; que dicha medida obedeció a que la entidad se encontraba en mora de 8 meses de salario, retraso en el pago de la prima de antigüedad, recargos nocturnos, dominicales y festivos, bono navideño, aportes a la seguridad social y al sindicato, y que la jornada de protesta finalizó el 8 de marzo de 2018 a las 3:00 p.m. en razón a que se logró un acuerdo.

    Entonces, conforme se adoctrinó a espacio, en aras de pretender que se declare la ilegalidad de la huelga no basta con demostrar que esta gravitó sobre una sección, dependencia o servicio de una institución prestadora de servicios de salud. Es indispensable acreditar que puso en riesgo un servicio esencial cuya interrupción constituye una grave amenaza a la salud, vida o seguridad de la población.

    En este caso, solo está demostrado y no se discute, que se suspendió el servicio de consulta externa, pero no existen elementos de convicción que evidencien que ello puso en vilo la salud de los pacientes.

    Tampoco existen medios probatorios que den cuenta que se dejaron de atender consultas prioritarias, urgencias, pacientes oncológicos o usuarios con patologías cuya demora en su revisión podría afectar su integridad.

    Desde luego que el cese generó reprogramación de consultas, perturbación en el servicio e incomodidad en los usuarios que esperaban su cita; sin embargo, tales alteraciones, disgustos o molestias no son suficientes para concluir que se puso en riesgo de manera «evidente e Radicación N.º 81296 SCLAJPT-08 V.00 23 inminente la vida, la seguridad o la salud» de los usuarios, tal como lo tiene sentado la OIT.

    Para la Corte es claro que el impago prolongado de las remuneraciones de los trabajadores de la salud es una cuestión grave que afecta el mínimo vital del trabajador y de su familia, pues los priva de bienes básicos como la alimentación, vestuario, vivienda, educación y otras necesidades elementales de la vida corriente. Paralelamente, es un problema que también afecta en forma directa e inmediata la prestación hospitalaria, pues ocasiona pérdida de la calidad del servicio, insatisfacción, ausentismos, alta rotación, estrés y ansiedad, de suerte que por mucho que se quiera contener el conflicto, estas situaciones llevan a los trabajadores en estado de angustia y desespero a tomar medidas extremas como el paro.

    Por consiguiente, estos trabajadores antes que ser promotores de un estado de cosas ilegal, son víctimas que, sistemáticamente, han sufrido violación a sus derechos laborales de carácter fundamental, incumplimientos que, además, afectan el sistema de salud, pues una cartera laboral saneada es un componente necesario para el correcto funcionamiento del servicio.

    Se CONCLUYE: que la huelga de los trabajadores de la ESE Hospital San José de Maicao estaba motivada en una justa razón -defensa del trabajo, del sistema de salud y mínimo vital- y, no existe prueba de que la Radicación N.º 81296 SCLAJPT-08 V.00 25 suspensión colectiva de actividades hubiese afectado un servicio cuya interrupción puso en riesgo evidente e inminente la salud, vida y seguridad de las persona.

    Gracias.

  • Cristian Jose Gómez Rojas

    Miembro
    07/05/2021 at 9:01 pm

    Sentencia C-858/08

    Demanda

    Considera el actor que las normas parcialmente demandadas del Código Sustantivo del Trabajo desconocen los artículos 2, 13, 38, 39 y 56 de la Constitución Política, así como “el artículo 8° del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ‘Protocolo de San Salvador’, junto con los artículos 12 y 16 de la mencionada Convención; el artículo 22 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; el artículo 3° del Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y protección del derecho de sindicación”.

    En su criterio, la limitación que consagran las normas acusadas, para hacer huelga solamente frente a casos en que existe conflicto económico o profesional, vulnera el artículo 13 superior, por cuanto en forma discriminatoria e irrazonable impiden efectuarla a trabajadores pertenecientes a sindicatos, federaciones y confederaciones que no realicen un reclamo de tal naturaleza, olvidando que la Constitución no establece distinción al respecto que pueda ser relevante para tomar esa determinación, “siendo más grave esta diferenciación, en la medida en que se limita su ejercicio en razón de las posiciones políticas e ideológicas de sus miembros”.

    Tal restricción no persigue, según el demandante, un fin constitucionalmente legítimo, ya que niega el carácter “eminentemente político” de los sindicatos, afecta la participación de los mismos y “cercena” los derechos políticos y democráticos de sus integrantes, atentando contra el derecho a la libertad de conciencia, sin que a su juicio pueda aceptarse como justificación válida la continua prestación de los servicios públicos esenciales, porque para el constituyente este objetivo no se consigue restringiendo la participación política de los sindicatos sino prohibiendo la huelga en dichos servicios, “asegurando la preponderancia del interés general”. Concluye que lejos de garantizar ese objetivo, las normas acusadas pretenden “desterrar cualquier contenido político de las organizaciones sindicales”.

    Sostiene que la medida en cuestión no es requerida, pues “carece de lógica necesitar algo que propende por un fin no deseado”, ni es proporcional, ya que ocasiona un gran daño al impedir otras hipótesis, como la huelga de solidaridad o de tipo político, menoscabando también los derechos de libre asociación, expresión y conciencia, “que en este caso son ejercidos inspirándose en los principios de solidaridad, dignidad y plena vigencia del Estado Social de Derecho, pilares indiscutibles del ejercicio de la actividad sindical”, siendo además evidente que la limitación acusada fue establecida sin representar un beneficio que merezca sacrificar esos bienes jurídicos.

    En cuanto al presunto desconocimiento de los artículos 38 y 39 de la Constitución, el actor considera que estas normas contienen una concepción garantista y actualizada en materia de derecho de asociación sindical, la cual no es ajena a la relación cercana e interdependiente entre su ejercicio y el de los derechos y libertades políticas.

    También alude a la jurisprudencia de esta Corte para concluir que “limitar el derecho de huelga y por tanto de ciertas actividades sindicales, reduciéndolas a los fines meramente gremialistas, lo que hace es cercenar el derecho de asociación sindical, negando su naturaleza y núcleo esencial del derecho fundamental, pues no se ejerce de forma plena si se impide su ejercicio para uno de los fines principales para el cual es reconocido, el de tipo político, como lo es el de propugnar por una sociedad más equitativa y justa”, lo cual condenaría a tales organizaciones a ser “solamente sindicatos pedigüeños.

    En relación con la presunta infracción al artículo 56 superior, el demandante afirma que de su lectura se desprende que la Constitución no restringe el ejercicio de la huelga al reclamo de salarios y prestaciones, limitándolo a lo meramente económico, como sí lo hacen las normas acusadas, sobre lo cual advierte que en el régimen constitucional vigente la huelga no es solamente un medio de presión para lograr “prebendas y dádivas” sino que, por el contrario, es un mecanismo para alcanzar condiciones laborales más favorables, no sólo para los huelguistas sino para la clase obrera en general, a fin de conseguir cierto equilibrio y justicia social.

    Resuelve

    Declarar EXEQUIBLES las expresiones con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos” contenida en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo y “cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos”, contenida en el literal b) del artículo 450 de la misma codificación, en el entendido de que tales fines no excluyen la huelga atinente a la expresión de posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión.

    Una vez leída esta sentencia quise extraer estos fragmentos de la demanda y el resuelve, así mismo me permití leer los artículos impugnados por el demandando para poder entender el origen de dicha motivación y concluyo que el sindicato debe tener un soporte político que sea quien oriente al sindicato sobre la posición que este debe tomar frente a los temas álgidos del país y de la entidad en la cual los afiliados se encuentren laborando pues como lo dice el documento los sindicatos no deben convertirse en elemento pedigüeños que solo buscan prebendas o dadivas para su colectividad.

    Los artículos del bloque de constitucionalidad indican claramente el derecho de asociación, así como el derecho a la huelga y la negociación colectiva derechos de todas las organizaciones sindicales.

    Atte.

    Cristian Jose Gomez Rojas

    Sindesena Santander.

  • Wilson Quintero Cordoba

    Miembro
    07/05/2021 at 9:32 pm

    Cordial Saludo a todos,

    A continuación doy mi punto de vista en el Foro N. 5

    <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>1. Lea cualquier sentencia que se refiera a la “Huelga” proferida por una alta Corte, a saber: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

    R: La huelga preferida en mi caso está basada en la Sentencia C-691/08, porque nos habla sobre “Los rasgos principales del derecho de huelga y pueden definirse de la siguiente forma: 1) Es un derecho constitucionalmente protegido y de gran importancia al interior del ordenamiento jurídico colombiano, pero no tiene la calidad de derecho fundamental, puesto que precisa una reglamentación legal para ser ejercido; 2) la legitimidad de su ejercicio depende del seguimiento de los procedimientos establecidos por el legislador; 3) la protección del derecho de huelga sólo procede por acción de tutela si se encuentra en conexidad con derechos fundamentales como el derecho al trabajo y a la libre asociación sindical; 4) no tiene carácter absoluto, debido a que está prohibido en los servicios públicos esenciales y debe ser ejercido de acuerdo con las normas legales que lo regulan; 5) existen dos requisitos para poder excluir el derecho de huelga de una determinada actividad, a saber: que sea materialmente un servicio público esencial y que formalmente el legislador la haya calificado de tal; y 6) un servicio público es esencial cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales”. Por otro lado, una huelga puede afectar los interés de la economía nacional, donde podrán ser sometidos a fallos arbitrales los que hayan provocado este tipo de huelga y solo podrán ser juzgados por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, donde se deroga el ordinal i) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo tal como fue sustituido por el artículo 1o. del Decreto legislativo 753 de 1956.

    2. Comparta en el foro dos ideas principales de dicha sentencia. Si lo desea, adicione un comentario personal o un breve análisis crítico sobre la misma.

    R1: La huelga es un mecanismo legal que se ha establecido en la legislación nacional con el fin de presionar la concertación de las mejoras en las condiciones laborales y económicas a través de la suspensión de labores en los trabajadores.

    R2: Según la Sent. C-201/2002, nos habla sobre la “Facultad que tienen los empleados sindicalizados de participar en la huelga promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento que están inmersos en un conflicto laboral con su empleador.”

    3. Recuerde dejar los datos precisos de la sentencia para que sus compañeros puedan también revisarla.

    R: Los compañeros puede revisar la siguiente sentencia basada en las respuestas del foro. Sent. C-201/2002 – Sentencia C-691/08 – Sentencia C-330/12

  • Harrison García Agudelo

    Miembro
    07/05/2021 at 10:50 pm

    Sentencia de referencia

    Sentencia C-271/99

    Asuntos demandados

    El ciudadano presenta una demanda contra el procedimiento de declaratoria de huelga por parte de un sindicato, al respecto manifiesta que es discriminatorio el hecho de que solo los trabajadores afiliados al sindicato y participantes de la asamblea del mismo puedan votar la declaratoria de huelga y que el mismo hecho resulta anti democrático dado que la suma de los trabajadores que votan contra la huelga y los no sindicalizados podría llegar a ser mayoritaria versus quienes votaron de manera positiva.

    Por lo anterior el ciudadano demandante solicita declaras inexequibles el “Artículo 376.- Atribuciones exclusivas de la asamblea. Modificado por la ley 11 de 1984, artículo 16.” Y su expresión “la votación de la huelga en los casos de la ley”.

    Argumentos del magistrado

    Lo primero a lo que hace referencia es a que el derecho a huelga es un derecho que hace parte del sistema constitucional del derecho colectivo y que esta sujeto a los procedimientos que establece la ley para materializarse como tal y que de esta manera se constituye en un medio de acción legitimo sobre los empleadores.

    Segundo que esta limitado en los casos que establece la ley.

    Tercero, que la decisión de la declaratoria de huelga debe entenderse como una actuación colectiva y no como la suma de opiniones individuales y es por eso que la decisión se entiende como una decisión de la colectividad sindical en representación de todos sus miembros y no de solo una parte de ellos.

    Cuarto, también resalta que los trabajadores tienen plena libertad de sindicalizarse o no, pero cuando el sindicato resulta ser mayoritario se entiende que la decisión de la mayoría esta representada en la decisión de su órgano de representación, en este caso la decisión del sindicato. Así pues, que se entiende la decisión de la mayoría como la adoptada por el sindicato y la minoría deberá someterse a ella.

    Opinión.

    La ley establece claramente unos procedimientos para garantizar que la declaratoria de huelga sea tomada por la mayoría de los trabajadores y en ese sentido se entiende la decisión del sindicato como la de todos sus afiliados independientemente de cómo votaran con respecto a la huelga, esto dada la naturaleza del derecho a huelga entendido como un derecho meramente colectivo. Incluso establece el procedimiento en el caso que el sindicato no fuera considerado mayoritario. Es por eso que el magistrado no concede la solicitud del demandante.

  • Yovany Cano Rodríguez

    Miembro
    07/06/2021 at 12:34 pm

    Cordial saludo; en mi caso particular me pareció oportuno analizar la Sentencia C-858/08 emitida por la corte constitucional respecto al <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>DERECHO DE HUELGA y sus connotaciones básicas de su consagración como garantía constitucional; en ella resalto los siguientes aspectos:

    En el artículo 429 y 450 se restringe la huelga solo para fines profesionales y económicos, desconociendo en términos del demandante:

    “El carácter “eminentemente político” de los sindicatos, afecta la participación de los mismos y “cercena” los derechos políticos y democráticos de sus integrantes, atentando contra el derecho a la libertad de conciencia.

    En mi opinión personal las organizaciones sindicales van más allá de buscar solo un beneficio económico y profesional exclusivo de los trabajadores de una empresa; pues su condición de organización social demanda de ellos una conciencia nacional y por qué no mundial colectiva, que propenda por la conservación de los derechos fundamentales muchas veces violentados por políticas macroeconómicas orientadas al beneficio de países y/o corporaciones que desconocen las necesidades de los más pobres y vulnerables, normalmente en países emergentes y que tienen un efecto global.

    Este es el caso que actualmente se vive en nuestro país donde las políticas públicas se han orientado al beneficio de los más ricos y poderosos en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de los colombianos que viven en condiciones de pobreza; negándoles sistemáticamente el acceso a la salud, la educación y el empleo.

    En la sentencia de la corte constitucional la demanda se resuelve de la siguiente manera:

    “Declarar EXEQUIBLES las expresiones “con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos” contenida en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo y “cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos”, contenida en el literal b) del artículo 450 de la misma codificación, en el entendido de que tales fines no excluyen la huelga atinente a la expresión de posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión”.

    En mi interpretación de dicha sentencia la corte reconoce que, aunque no esté explicito el carácter político de las organizaciones sindicales; el derecho a la huelga no se limita a condiciones particulares de la empresa, sino que por el contrario reconoce el derecho a la huelga cuando factores externos a la misma como políticas sociales, económicas o judiciales afecten la estabilidad futura de dicha empresa y por ende de sus trabajadores y sus familias.

    Esta sentencia resulta fundamental en el momento histórico que actualmente vive nuestro país donde los jóvenes reclaman su derecho a un futuro con oportunidades y las organizaciones sindicales no pueden ser indiferentes ante su lucha que afecta a todos los sectores económicos y sociales del país.

  • Leidy Vanessa Gallego Martínez

    Miembro
    07/06/2021 at 1:57 pm

    Cordial saludo.

    La sentencia SL 1680 del 2020 resuelve varios temas:

    El reconocimiento de la huelga como derecho humano y fundamental y no como una sanción que implicaba el respeto por el debido proceso en favor de los empresarios. La posibilidad de huelgas en servicios públicos esenciales. La eliminación de requisitos en las huelgas diferentes a la contractual. La ampliación de las tipologías de las huelgas permitidas en Colombia. La incorporación de recomendaciones de la OCDE.

    Esta sentencia SL 1680 de 2020 revive el agonizante derecho de huelga. La pone de nuevo en el centro del debate. Será fuerte el cuestionamiento del empresariado que seguramente la llevará a la Corte Constitucional donde paradójicamente hoy poco se reflexiona sobre temas sociales, laborales y mucho menos, colectivos.(Evadieron dos debates sobre la huelga en las sentencias: C-391 de 2019 y C-024 de 2020. Sin mencionar la sentencia C-171 de 2020 que avaló las medidas laborales del gobierno de Duque en la primera emergencia.) Pedirán que se modifique la ley para imponerle requisitos a las huelgas diferentes a la de negociación colectiva y seguirán posando de víctimas del ejercicio del derecho legítimo de presión con el que cuentan los trabajadores no solo para crear derechos, sino para defender sus intereses, que en la actualidad van más allá de los meramente laborales[4].

    Fuente:

    https://ail.ens.org.co/opinion/la-corte-suprema-de-justicia-revive-el-derecho-de-huelga-analisis-de-la-sentencia-sl-1680-de-2020/

  • Alejandro Elías Brugés Lafaurie

    Miembro
    07/06/2021 at 2:36 pm

    FORO 5

    Muy buenas noches, apreciados y apreciadas estudiantes. Me alegra su entusiasmo en el chat de Whatsapp solicitando abrir el Foro.

    Les recuerdo, en todo caso, que cada módulo se abre -o inicia- los días martes.

    La actividad que deben realizar en el Foro, desde mañana y con plazo hasta el próximo lunes festivo, es la siguiente:

    1. Lea cualquier sentencia que se refiera a la “Huelga” proferida por una alta Corte, a saber: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

    2. Comparta en el foro dos ideas principales de dicha sentencia. Si lo desea, adicione un comentario personal o un breve análisis crítico sobre la misma.

    3. Recuerde dejar los datos precisos de la sentencia para que sus compañerxs puedan también revisarla.

    ¡Saludos y excelente semana!

    La sentencia que seleccioné para comentar es la C- 122 de 2012 de la Corte Constitucional. En este fallo las dos ideas principales que consideré compartir por lo relevante del tema corresponde a las limitaciones del derecho a huelga y las características y para considerar un servicio público esencial.

    De acuerdo con la lectura efectuada a la providencia en mención, se infiere que en Colombia, la huelga al igual que las demás prerrogativas y derechos fundamentales del ser humano no es un derecho absoluto, sino relativo<sup><sup>[1]</sup></sup>, y en tal sentido admite restricciones en su goce por el interés general, los derechos de los demás y cuando de su ejercicio se derive alteración del orden público.<sup><sup>[2]</sup></sup> Este derecho debe ejercerse en el marco jurídico invocado por el Preámbulo de la Carta Política, atendiendo a la prevalencia del interés general, y al entendimiento de que todo derecho tiene deberes correlativos. Si bien puede admite restricciones, estas solo deben ser impuestas por el legislador, y no pueden ser arbitrarias, ni desconocer su magnitud jurídica pues harían complemente inoperante el derecho.

    En ese orden, la Corte considera que son dos las condiciones que imponen limitaciones al derecho a la huelga, a saber: “El derecho de huelga está restringido de dos formas: está prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales que determine el legislador y, obviamente en los señalados como tales por el Constituyente. En los demás casos, su ejercicio debe ceñirse a la reglamentación que de él haga el legislador. Estas facultades limitadoras que se delegan de manera exclusiva en el órgano legislativo, sin embargo, no pueden ser desarrolladas de manera arbitraria; de lo contrario, el derecho de huelga dejaría de ser un verdadero derecho.”<sup><sup>[3]</sup></sup>

    Así las cosas, la Corte Constitucional ha establecido dos condiciones para que se pueda restringir el derecho de huelga al considerar “En primer término es necesario que ésta sea materialmente un servicio público esencial. Y, en segundo término, desde el punto de vista formal, es necesario que el Legislador haya expresamente definido la actividad como servicio público esencial y restringido el derecho de huelga en ella.<sup><sup>[4]</sup></sup> Es decir, que desde la perspectiva sustantiva, el derecho debe corresponder a un servicio público esencial. Y desde la óptica formal, además de considerar lo vital del servicio, la restricción debe ser impuesta solo por el legislador.

    Otro aspecto que abordó en el fallo fue los criterios para identificar los casos en que se cumple la connotación de servicio público esencial. En ese orden consideró que para la determinación de si un servicio público es esencial debe tener en cuenta los siguientes factores: si contribuye de modo directo y concreto al respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales; si su interrupción puede ocasionar grave perjuicio a una parte de la población; si prevalecen los derechos garantizados mediante la prestación del servicio sobre el ejercicio del derecho de huelga en el caso concreto; y la situación política económica y social del Estado.

    Frente a lo anterior considero que la Corte incurre en un yerro interpretativo al darle pasaporte al legislador para restringir el derecho a la huelga y al incluir como elemento caracterizador la situación política, económica y social, por las siguientes razones.

    1.) El derecho de huelga (art. 56 C.P.) constituye un derecho fundamental, aunque no se encuentre enlistado en el catálogo correspondiente, en razón a que en virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Constitución no deja de serlo por estar ubicado en la sección de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que constituye una garantía fundamental para ejercer el derecho de sindicación (art. 39 C.P.), considerando que constituye una de las tres dimensiones que lo caracterizan, a saber: a) el derecho de crear sindicatos en sus distintos grados y de afiliarse y retirarse voluntariamente de ellos; b) El derecho a negociación colectiva; y c.) el derecho a la huelga.

    2.) En razón de lo anterior, el factor que esboza la Corte sobre “la situación política económica y social del Estado”, no puede menoscabar el goce y ejercicio del derecho a la huelga, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política, ninguna autoridad administrativa, legislativa o judicial, puede invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.

    3.) Aunado a lo anterior, difiero con que se considere a la interrupción del servicio público que pueda ocasionar grave perjuicio a una parte de la población, factor calificador de la esencialidad dada la temporalidad en la que puede desarrollarse este derecho, en consideración a que por Colombia haber ratificado los convenios 87, 198, 151 y 154 de la OIT, los derechos y deberes consagrados en la Constitución deben interpretarse de conformidad con lo consagrado en dichos tratados y los documentos emitidos por las autoridades internacionales que en materia laboral definen su alcance. En tal sentido, para definir cuando un servicio público es esencial, se debe recurrir a los criterios que ha establecido la OIT al respecto en sus diversos actos en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 93 de la Carta Política.

    De esta forma, se debe acoger la interpretación que en este asunto otorga la OIT en el documento denominado “La libertad Sindical” el cual a pesar a pesar de que no se ha considerado expresamente como parte del Bloque de Constitucionalidad sí brinda criterios interpretativos fundamentales para el análisis del derecho a la huelga. En este documento se señala que el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse en la función pública y en los servicios esenciales en el sentido estricto del término:

    El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse: 1) en la función pública sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población)”<sup><sup>[5]</sup></sup>.

    Sobre este particular, la Oficina de Internacional del Trabajo ha sostenido que para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población:

    “Lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población<sup><sup>[6]</sup></sup>.

    En orden de ideas, según el documento “Libertad Sindical”, pueden ser considerados como servicios esenciales:

    “– el sector hospitalario (…);

    – los servicios de electricidad (…);

    – los servicios de abastecimiento de agua (…);

    – los servicios telefónicos (…);

    – la policía y las fuerzas armadas (…);

    – los servicios de bomberos (…);

    – los servicios penitenciarios públicos o privados (…);

    – el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares (…);

    – el control del tráfico aéreo (…)”<sup><sup>[7]</sup></sup>.

    Por otro lado, según el mismo documento, no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término:

    “– la radio-televisión (…);

    – los sectores del petróleo (…);

    – los puertos (…);

    – los bancos (…);

    – los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos(…);

    – los grandes almacenes y los parques de atracciones (…);

    – la metalurgia y el conjunto del sector minero (…);

    – los transportes, en general (…);

    – los pilotos de líneas aéreas (…)

    – la generación, transporte y distribución de combustibles (…)

    – los servicios ferroviarios (…)

    – los transportes metropolitanos (…);

    – los servicios de correos (…).

    – el servicio de recolección de basuras (…);

    – las empresas frigoríficas (…);

    – los servicios de hotelería (…);

    – la construcción (…);

    – la fabricación de automóviles (…);

    – las actividades agrícolas, el abastecimiento y la distribución de productos alimentarios (…);

    – la Casa de la Moneda (…);

    – la Agencia Gráfica del Estado y los monopolios estatales del alcohol, de la sal y del tabaco (…);

    – el sector de la educación (…);

    – empresas de embotellamiento de agua mineral (…)”<sup><sup>[8]</sup></sup>.

    De lo cual se desprende que el criterio más importante para la definición de la esencialidad de un servicio es que la interrupción del mismo pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, a lo cual se agregan una serie de criterios auxiliares que determinan actividades que pueden ser o no constitutivas de servicios públicos esenciales.

    En Colombia el criterio de la interrupción de labores que deviene de la huelga, no puede adoptarse como factor determinante del carácter esencial del servicio público, pues su ejercicio se encuentra predeterminado por un tiempo muy corto.

    En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º 1210 de 2008, la huelga no se puede extender más allá del siguiente plazo: Dos meses (60 días calendarios), más 3 días hábiles para conciliación directa, más 5 días hábiles para que la subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales ejerza sus buenos oficios, más tres días hábiles siguientes a la convocatoria elevada ante el Ministerio del Trabajo y de la Protección Social para enviar el pliego a un Tribunal de Arbitramento.

    Por lo tanto, al legislador le está vedado escoger como parámetro de evaluación el desborde de la temporalidad de la huelga para fijar la esencialidad de un servicio público, pues su ejercicio se encuentra delimitado por un tiempo máximo de dos meses y medio aproximadamente en virtud de lo contemplado en el artículo 448 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º 1210 de 2008, por lo cual carece de la facultad de convertir un servicio no esencial en servicio esencial, como lo hizo con el transporte aéreo en la huelga de los pilotos de AVIANCA, dado que este servicio además de encontrarse excluido de los esenciales por la OIT, su ejercicio no conlleva un riesgo para la vida, la seguridad o la salud de la persona o la población, porque se itera, el ejercicio de este derecho está predeterminado.

    <hr align=”left” size=”1″ width=”33%”>

    <sup><sup>[1]</sup></sup> Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-858 de <st1:metricconverter productid=”2008. M” w:st=”on”>2008. M</st1:metricconverter>.P. Nilson Pinilla Pinilla; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-075 de <st1:metricconverter productid=”1997, M” w:st=”on”>1997, M</st1:metricconverter>.P. Hernando Herrera Vergara; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-858 de <st1:metricconverter productid=”2008. M” w:st=”on”>2008. M</st1:metricconverter>.P. Nilson Pinilla Pinilla; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-663 del <st1:metricconverter productid=”2000, M” w:st=”on”>2000, M</st1:metricconverter>.P. Antonio Barrera Carbonell; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-696 de <st1:metricconverter productid=”2008. M” w:st=”on”>2008. M</st1:metricconverter>.P. Rodrigo Escobar Gil.

    <sup><sup>[2]</sup></sup> Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-432 de <st1:metricconverter productid=”1996. M” w:st=”on”>1996. M</st1:metricconverter>.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: T-443 de <st1:metricconverter productid=”1992 M” w:st=”on”>1992 M</st1:metricconverter>.P. José Gregorio Hernández Galindo; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-075 de <st1:metricconverter productid=”1997, M” w:st=”on”>1997, M</st1:metricconverter>.P. Hernando Herrera Vergara; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-858 de <st1:metricconverter productid=”2008. M” w:st=”on”>2008. M</st1:metricconverter>.P. Nilson Pinilla Pinilla; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: T-568 de <st1:metricconverter productid=”1999. M” w:st=”on”>1999. M</st1:metricconverter>.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: T-443 de <st1:metricconverter productid=”1992 M” w:st=”on”>1992 M</st1:metricconverter>.P. José Gregorio Hernández Galindo; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-432 de <st1:metricconverter productid=”1996. M” w:st=”on”>1996. M</st1:metricconverter>.P. Carlos Gaviria Díaz.

    <sup><sup>[3]</sup></sup> Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-432 de <st1:metricconverter productid=”1996. M” w:st=”on”>1996. M</st1:metricconverter>.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-858 de <st1:metricconverter productid=”2008. M” w:st=”on”>2008. M</st1:metricconverter>.P. Nilson Pinilla Pinilla.

    <sup><sup>[4]</sup></sup> Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-473 de <st1:metricconverter productid=”1994, M” w:st=”on”>1994, M</st1:metricconverter>.P. Alejandro Martínez Caballero; Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-663 del <st1:metricconverter productid=”2000, M” w:st=”on”>2000, M</st1:metricconverter>.P. Antonio Barrera Carbonell; En el mismo sentido, Sentencia de <st1:personname productid=”la Corte Constitucional” w:st=”on”>la Corte Constitucional</st1:personname>: C-466 de <st1:metricconverter productid=”2008. M” w:st=”on”>2008. M</st1:metricconverter>.P. Jaime Araujo Rentería.

    <sup><sup>[5]</sup></sup> La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de <st1:personname productid=”la OIT” w:st=”on”>la OIT</st1:personname>, Oficina Internacional del Trabajo, Quinta edición (revisada), 2006, párrafo 576.

    <sup><sup>[6]</sup></sup> La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de <st1:personname productid=”la OIT” w:st=”on”>la OIT</st1:personname>, Oficina Internacional del Trabajo, Quinta edición (revisada), 2006, párrafo 581.

    <sup><sup>[7]</sup></sup> La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de <st1:personname productid=”la OIT” w:st=”on”>la OIT</st1:personname>, Oficina Internacional del Trabajo, Quinta edición (revisada), 2006, párrafo 585.

    <sup><sup>[8]</sup></sup> La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de <st1:personname productid=”la OIT” w:st=”on”>la OIT</st1:personname>, Oficina Internacional del Trabajo, Quinta edición (revisada), 2006, párrafo 587.

  • Hiriam De Jesús Álvarez Tordecilla

    Miembro
    07/07/2021 at 8:33 pm

    Sentencia C-330/12

    El arbitramiento para solucionar los conflictos colectivos de trabajo que se presenten entre los servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo; deben ser de carácter obligatorio, porque si se deja de manera voluntaria se podría dilatar por más tiempo el asunto.

    Si empleador y trabajadores no logran solucionar el conflicto a través de la conciliación, obvio que es deber de cada una de las partes solicitar al Ministerio de la Protección Social la convocatoria del tribunal de arbitramento, porque de ambos debe ser el interés de llegar a un acuerdo.

    La huelga o la solicitud de arbitramento serán
    decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de
    la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable,
    por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea
    general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad
    de aquellos trabajadores
    , simplemente porque
    estamos en un país democrático, así mismo, si la mayoría absoluta de los trabajadores opta
    por el tribunal de arbitramiento.

  • Elkin Eugenio Molina Camacho

    Miembro
    07/09/2021 at 7:10 pm

    Cordial saludo,

    En mi caso con respecto a la lectura de la Sentencia C-858/08, donde el demandante pretendió la inexequibilidad parcial contra los artículos 429 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo, a tener en cuenta el texto subrayado los apartes impugnados de las normas acusadas:

    Artículo 429. Definición de huelga. Se entiende por huelga la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos y previos los trámites establecidos en el presente título.

    … … …

    Artículo 450. Subrogado. L. 50/90, art. 65. Casos de ilegalidad y sanciones. 1. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos:

    … … …

    b) Cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos;

    … … …”

    Argumentado su posición en que “limita la huelga a fines económico y profesionales, y que niega el carácter eminentemente político de los sindicatos, afectando la participación de los mismos y cercenando los derechos políticos y democráticos de sus integrantes, atentando contra el derecho a la libertad de conciencia..”.

    Ante lo cual la Corte Constitucional resolvió: declarar EXEQUIBLES las expresiones con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos” contenida en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo y “cuando persiga fines distintos de los profesionales o económicos”, contenida en el literal b) del artículo 450 de la misma codificación, en el entendido de que tales fines no excluyen la huelga atinente a la expresión de posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión.

    Considero que bajos los diversos argumentos esbozados en la misma por las partes, fue un logro el hecho de ampliar el ejercicio derecho a la huelga a finalidades que no son meramente económicas y profesionales, ya que se logró contemplar las expresiones de posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que incidan directamente en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación, oficio o profesión, permitiendo fortalecer el accionar de las organizaciones sindicales bajo la legalidad que dicha sentencia reconoce y la que pueden dar origen a la huelga.

    ELKIN E MOLINA C

  • José Luis Molina Arismendy

    Miembro
    07/09/2021 at 8:23 pm

    Estoy a la espera de revision

  • Diego Felipe Saenz Villada

    Miembro
    07/13/2021 at 5:11 pm

    Hola buenas tardes, la sentencia C-201_02.

    Donde se expresa de manera textual lo siguiente como idea principal “Señala el actor que el artículo 359 y el literal d) del artículo 401 del
    Código Sustantivo del Trabajo vulneran los artículos 16 y 39 de la Carta
    Política puesto que limitan el derecho de asociación sindical y vulneran el
    libre desarrollo de la personalidad de los trabajadores. Después de relatar
    cómo las distintas entidades del Estado se han venido reduciendo de tamaño a
    raíz del ajuste fiscal decretado en la Ley 617/00, y de las continuas
    reestructuraciones, supresiones y fusión de cargos y dependencias oficiales
    producidas desde tiempo atrás, el demandante concluye que con tales hechos se
    impide la constitución de sindicatos en muchas entidades oficiales, debido al
    bajo número de trabajadores que laboran en ellas”

    2. Artículos 359 parcial y 401-d parcial del Código Sustantivo del Trabajo

    “Artículo 359. Número mínimo de afiliados. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a veinticinco (25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5) patronos [hoy empleadores] independientes entre sí.”

    Artículo 401. Casos de disolución. Un sindicato o una federación o confederación de sindicatos solamente se disuelve:

    (…)

    d. Por reducción de los afiliados a un número inferior a veinticinco (25), cuando se trate de sindicatos de trabajadores.


    En la demanda se esta pidiendo la protección d la libertad sindical y en su justificación encontramos como la reducción de planta de personal afecta directamente la existencia y la participación de los sindicatos, por ende y aunque al final declaren exequibles los artículos demandados, es importante la lucha que se dieron para la defensa de un derecho fundamental y la para la existencias de los sindicatos.

  • Harold Ricardo Jiménez Rodríguez

    Miembro
    07/14/2021 at 1:40 am

    buenas tardes

    Sentencia C-201/02

    DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL-Convenios de la OIT

    PRINCIPIO DE AUTONOMIA SINDICAL-Alcance/DERECHOS DE ASOCIACION Y LIBERTAD SINDICAL-No son absolutos/DERECHOS DE ASOCIACION Y LIBERTAD SINDICAL-Restricciones por el legislador.

    Respecto a la sentencia y el tema de derecho de asociacion sindical me llama l atencion diferentes aspectos que son materia de estudio y de concepto en esta sentencia, el cual retoma derechos y libertades sindicales .

    1. “<i style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>“156. La libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la realización común de un fin lícito si presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad.

    157. El Preámbulo de la Constitución de la OIT incluye el “reconocimiento del principio de libertad sindical” como requisito indispensable para “la paz y armonía universales”.

    158. Esta Corte considera que la libertad de asociación, en materia sindical, reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus juris de los derechos humanos”.

    2.En síntesis, la Carta Política protege el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado, peroPrcialmente acusados, no violan la Constitución, pues corresponde a este último determinar el número mínimo de afiliados exigido para la constitución y subsistencia del sindicato de trabajadores.

    Puntos que son relevantes e importantes en nuestra Constitucion Nacional y en nuestra sociedad para el progreso de la misma.

  • Luis Alberto Miranda Riascos

    Miembro
    07/14/2021 at 1:19 pm

    Sentencia C-1369 de 2000. Por medio de la cuál la Corte Constitucional establece los límites de la huelga y reafirma la constitucionalidad del articulo 449 de CST: “… la huelga sólo suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dure.”

    Entre las ideas principales de esta sentencia tenemos:

    1. El no pago de salarios a los huelguistas es admisible en virtud de la suspensión del contrato de trabajo, por medio del cual los trabajadores no prestan el servicio y los empleadores tampoco se benefician pues están impedidos a contratar.

    2. El derecho de huelga no es un derecho fundamental, aunque sí conexo a otros como el de la libertad sindical o la negociación colectiva, y en ese sentido, aunque el derecho de huelga presupone una suspensión del contrato y el no pago del salario mientras dure la huelga, otros derechos fundamentales como la afiliación a la seguridad social sí debe protegerse y el empleador está obligado a consignar los respectivos porcentajes.

    La TRASCENDENCIA de esta sentencia a mi juicio, radica en la búsqueda del principio de equidad entre las partes al momento de la huelga, y evitar los abusos. Era urgente y necesario que la Corte Constitucional dictara los límites de la huelga, y así mismo que explicara la excepción en la que el salario sí debe pagarse a los huelguista, esto es, cuando la huelga es Imputable al Empleador, siendo una clara violación a los derechos constitucionales y fundamentales.

    LUIS ALBERTO MIRANDA RIASCOS.

    Instructor Derechos Fundamentales en el Trabajo.

  • Fredy Gabriel Martínez Loza

    Miembro
    07/17/2021 at 5:52 pm

    1. Lea cualquier sentencia que se refiera a la “Huelga” proferida por una alta Corte, a saber: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

    Corte Suprema de Justicia

    Sentencia: SL1680-2020

    Radicación n.° 81296

    Acta 22

    Magistrada ponente: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

    Fecha: Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veinte (2020).

    2. Comparta en el foro dos ideas principales de dicha sentencia. Si lo desea, adicione un comentario personal o un breve análisis crítico sobre la misma.

    Esta Sentencia diferencia entre actividad y servicio

    Actividad viene a ser un concepto más amplio que el de servicio, de suerte que dentro de una actividad pueden concurrir varios servicios de distinta naturaleza

    «solo podrían ser considerados esenciales los servicios que, dentro de una actividad, resultan potencialmente necesarios para su correcto funcionamiento»

    «solo será pasible de limitación la huelga que afecte servicios esenciales, no así aquella que lleven a cabo trabajadores asignados a servicios marginales que, dentro de la misma actividad, no resultan indispensables para el mantenimiento del derecho fundamental, cuya tutela se procura»

    Se puede hacer una Huelga de la actividad sin que afecte servicios esenciales, ejemplo la huelga de la rama judicial, que terminan trabajando a puerta cerrada

    Para la sentencia en mención se declaro la Huelga Legal ya que no afectaba un servicio esencial sin embargo es una huelga contractual donde se reclaman derechos de trabajadores sin la afectación al servicio

    3. Recuerde dejar los datos precisos de la sentencia para que sus compañerxs puedan también revisarla.

    https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2020/07/SL1680-2020-81296.pdf

  • José Luis Molina Arismendy

    Miembro
    07/23/2021 at 1:57 pm

    NO me han calificado el foro

  • José Luis Molina Arismendy

    Miembro
    07/26/2021 at 1:20 pm

    No han revisado mis aportes

  • Enith Mendoza Ballesteros

    Miembro
    07/27/2021 at 10:34 pm

    SL11763-2014, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).

    El asunto sometido a consideración de la Sala por «R.R. ASOCIADOS S.A.», gira en torno a establecer si el cese colectivo de actividades promovido por «SINTRAINCAPLA», a partir del 27 de septiembre de 2012, deviene en ilegal en tanto la citada organización sindical no cumplió con las exigencias legales previas a su declaratoria.

    “Soporte de las peticiones: que el 24 de julio de 2012, una vez el sindicato radicó el pliego de peticiones, la sociedad pidió acompañamiento del Ministerio de Trabajo, «para atender las dudas»; que el 27 de septiembre siguiente, en audiencia ante el referido Ministerio, la empresa reiteró a los trabajadores que la situación económica por la que atravesaba la tenía al borde de «la liquidación obligatoria», pese a lo cual, ha pagado salarios; que si bien está en mora de cubrir obligaciones con el sistema de seguridad social, asumió directamente la atención médica requerida.

    Expresó también que el 28 de septiembre el sindicato, «haciendo uso de las vías de hecho, por cuenta propia y de cada uno de sus miembros decidieron forzosamente tomarse las instalaciones de R y R ASOCIADOS S.A., impidiendo el acceso al personal administrativo y operativo de la empresa, aduciendo una supuesta “huelga”, la cual no fue adoptada conforme al procedimiento señalado en la ley», impidió el recaudo de algunas sumas de dinero para cumplir sus obligaciones; que «los clientes han optado por cancelar ordenes de trabajo»; que el 1° de octubre de 2012, el Sindicato comunicó al Ministerio que «desde las 12:00 m del día 27 de septiembre de 2012, nos vimos en la necesidad de no permitir sacar ningún activo de la empresa…», lo que traduce «… ilegalidad del cese de actividades mal denominado huelga»; que la toma del establecimiento le ha causado inmensos perjuicios y el incumplimiento a los proveedores y a los clientes, y «al parecer están saqueando las instalaciones»; la información equivocada de la realidad de la empresa, está «causando pánico entre los clientes»; la conducta de los afiliados al Sindicato «no constituye actos propios de una huelga, sino de sabotaje»; el Ministerio en el acta constató que «no se permite la entrada a las instalaciones de ninguna persona ajena a los trabajadores por parte de los mismos trabajadores, los cuales permanecen en las instalaciones». (fls. 1 a 5). “

    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 21 de noviembre de 2012, negó la solicitud impetrada por la demandante, en el sentido de «declarar la ilegalidad del cese colectivo de actividades ocurrido el 27 de septiembre de 2012» .

    De otra parte, esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL5857-2014, que a su vez reiteró lo enseñado en sentencia CSJ SL, 10 jul. 2013, rad. 59420, recordó que la legitimidad de la huelga estará sujeta tanto al cumplimiento de los requisitos formales señalados por la ley,

    DECISION:

    PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de dos mil doce (2012), por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso especial y preferente de calificación de paro o suspensión colectiva de trabajo, promovido por la sociedad R y R ASOCIADOS S.A. contra el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA DE CAUCHO PLÁSTICO, POLIETILENO, POLIURETANO, SINTÉTICOS, PARTES Y DERIVADOS «SINTRAINCAPLA» Seccional Itagüí.

    SEGUNDO: DECLARAR ILEGAL el cese de actividades que el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES

    ANALISIS:

    «la huelga es un derecho regulado y nunca un hecho librado a la arbitrariedad de quienes lo ejercen , por lo que antes de declarar el cese de actividades se deben surtir todos y cada uno de los pasos establecidos por la ley, para que esta no sea declarada ilegal, como sucedió en el caso expuesto.

  • Irina Rosario Diaz Daza

    Miembro
    08/09/2021 at 10:23 pm

    Cordial saludo a continuación comparto;

    Sentencia C-1369/00

    El alcance de los derechos de los derechos que se tienen como sindicalistas deben ser conocidos por los miembros de la organización para no incurrir en errores que puedan llevar a sanciones no deseadas o incluso en el peor de los casos a despidos justificados por la práctica indebida de lo que se considera un derecho amparado por lo constitucional.

    De otra parte es importante conocer y tener la certeza de que se está obrando con amparo jurídico y que es procedente ejercer este derecho ya que se encuentra dentro de los lineamiento de la legalidad de la misma, y por tanto, tener muy claro y estar atento a las conductas desobligantes de empleadores que a raíz de la participación de los empleados en la huelga pretenda tomar acciones sistemáticas en perjuicio de quienes han participado en la actividad, coaccionando a los trabajadores desde sus distintas condiciones.

    Hasta pronto;

    Atentamente,

    Irina Diaz

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