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Inicio Forums DERECHO LABORAL COLECTIVO (Foro sindesena) Foro de participación Módulo 11

  • Foro de participación Módulo 11

  • Soporte Redal

    Administrator
    05/12/2021 at 10:45 am
  • Óscar Alarcón Cuéllar

    Miembro
    08/10/2021 at 8:05 am

    Cordial saludo, estudiantes.

    Para este módulo les propongo que investiguen sobre casos colombianos que hayan llegado a instancias internacionales por violaciones a la libertad sindical y, luego de ello, compartan un resumen sobre el caso estudiado.

    Saludos!!

    • Daniel Adriano Abadia Herrera

      Miembro
      08/10/2021 at 9:46 pm

      ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
      Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la CIDH con impulso de su REDESCA sobre garantías
      de la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género.
      OPINIÓN ESCRITA QUE PRESENTA LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES –
      ACDAC- REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE JAIME HERNÁNDEZ SIERRA y por el
      SECRETARIO DE SEGURIDAD AÉREA JULIÁN PINZON SAAVEDRA
      Ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva sobre
      Libertad sindical
      Honorables Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Respetuosamente, la
      ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES – ACDAC-, representada en este acto por su
      presidente Capitán JAIME HERNÁNDEZ SIERRA y por el capitán JULIÁN PINZON SAAVEDRA en
      calidad de Director de Seguridad Aérea de la ACDAC, domiciliada en Bogotá y con correo electrónico
      , por este medio, presenta algunas
      consideraciones en cuanto a la petición de Opinión Consultiva presentada por la CIDH con impulso de
      su REDESCA sobre garantías de la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde
      una perspectiva de género.
      La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES “ACDAC” es una Organización Sindical
      de primer grado, que agrupa a aviadores de diferentes empresas de aviación colombianas, dentro de
      los que se encuentran pilotos de las Empresas AVIANCA, HELICOL, VERTICAL DE AVIACIÓN,
      TAMPA, LATAM, COPA, SATENA, EASY FLY, SARPA, VIVA COLOMBIA y algunas empresas que
      se dedican a actividades de fumigación aérea.
      La organización sindical está afiliada a la CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA
      – CUT- y a la ITF, FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE,
      a la CONFEDERACION SINDICAL DE LAS AMERICAS – CSA- a la CONFEDERACION SINDICAL
      INTERNACIONAL- CSI- y a la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PILOTOS – IFALPA-.
      Somos una organización sindical de más de 70 años de historia que ha dedicado su existencia a
      reivindicar derechos humanos y laborales para nuestros afiliados, así como la profundización y
      materialización de los derechos de libertad de expresión, libertad sindical, negociación colectiva y la
      huelga cuyo origen legal está consagrado en los convenios 87 y 98 de la OIT, así como la
      jurisprudencia de los Órganos de Control de la OIT, la CIDH y la propia Corte Interamericana de
      Derechos Humanos. Igualmente buscamos el respeto por las normas que garanticen la seguridad
      2
      aérea y, con ello, la vida de los tripulantes y pasajeros. Hemos suscrito más de 13 convenciones
      colectivas, con diferentes empresas de Aviación, que recogen un importante grupo de beneficios para
      aviadores activos y pensionados.
      Nuestras observaciones están sustentadas en un hecho real, ya que somos víctimas de la persecución
      del Estado Colombiano y la multinacional AVIANCA; por ello, los mismos van acompañados de
      pruebas anexas al presente documento, que le dan mayor fuerza argumentativa a nuestra opinión.
      En nuestra calidad de Presidente y Secretario de Seguridad de dicha organización sindical, así como,
      actuando en nombre propio y tomando la vocería de más de 1000 pilotos, 1300 auxiliares de vuelo,
      más de 1500 trabajadores de personal de tierra, administrativos y de mantenimiento que laboramos
      en las empresas de aviación de Colombia – tales como las multinacionales AVIANCA S.A., COPA
      AIRLINES S.A., LATAM S.A. AMERICAN AIRLINES, VIVA AIR -, en atención a la convocatoria abierta
      para presentar observaciones a la solicitud de Opinión Consultiva sobre Libertad Sindical a la CORTE
      IDH, nos permitimos con toda atención expresar los siguientes:
      El presente documento argumentativo tiene por objeto recoger los principales fundamentos de hecho
      y de derecho bajo los cuales se estima necesaria la intervención de la Jurisdicción Interamericana de
      Derechos Humanos, toda vez que, como víctimas de violaciones de derechos humanos, se advierte
      la violación de instrumentos de derecho internacional adoptados por la Asamblea General de la
      Organización de Estados Americanos – de la cual Colombia es Estado miembro -, los cuales han sido
      debidamente aprobados y ratificados dentro del bloque de constitucionalidad y legislación interna. En
      el caso en concreto, se advierte han sido vulnerados los derechos de libertad sindical, asociación
      sindical, negociación colectiva, la huelga y la libertad de expresión, contenidos especialmente en la
      Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Protocolo
      adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales
      (Protocolo de San Salvador).
      I. SOBRE EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL
      En el caso presente, se observa la vulneración del derecho de libertad sindical que subyace en una
      doble dimensión: 1. Por una parte, aquel que de manera general se predica en cabeza de la
      organización sindical ACDAC y 2. Por otra parte, aquel que de manera individual se predica sobre los
      miembros afiliados a la organización sindical ACDAC. Tal derecho de libertad sindical ha de ser
      definido en el marco de: 1. La legislación Internacional del Trabajo, 2. La legislación interamericana
      en materia de Derechos económicos, sociales y culturales y 3. La legislación interna del derecho
      colectivo del trabajo en Colombia. Será entonces objeto del presente apartado, en un primer momento,
      desarrollar el fundamento jurídico que sustenta dicho derecho para, en un segundo momento, pasar
      a exponer las vulneraciones al mismo que se evidencian en el caso en concreto.
      3
      a. Fundamento jurídico del derecho internacional del trabajo frente al principio de libertad
      sindical:
      1. Respecto del Marco normativo internacional del trabajo, el derecho de libertad sindical nace en un
      primer momento bajo los primeros intentos de las legislaciones internas de regular la asociación
      sindical como fenómeno social cuyo auge surge al finalizar el siglo XIX y principios del siglo XX, como
      fueron claro ejemplo de ello las constituciones de Weimar y Querétaro. Tal auge en los países
      principalmente del continente europeo y en México, conllevó a la creación en 1919 de la Organización
      Internacional del Trabajo con la adopción del Tratado de Versalles, en cuyo preámbulo de su artículo
      387 se establece el principio de la libertad sindical como pilar para el mantenimiento de la justicia
      social y, por ende, de la paz universal. Posteriormente, tras la finalización de la Segunda Guerra
      Mundial, a través de la declaración de Filadelfia del 10 de mayo de 1944 se consolidaría la OIT como
      el organismo tripartito internacional por excelencia en materia del derecho del trabajo, reafirmando la
      libertad sindical como pilar básico para alcanzar el objetivo de justicia social para una paz universal
      bajo el cual se creó dicho organismo. Sin embargo, más allá de las declaraciones sobre el principio de
      libertad sindical efectuadas en el tratado de Versalles y la declaración de Filadelfia, no fue sino hasta
      el año de 1948 con la adopción del Convenio 87 de la OIT hasta cuando se desarrolló lo que dicho
      principio significaba y las obligaciones para los Estados miembros, empleadores y trabajadores que
      en razón de este principio subyacen. Se extrae entonces del contenido del convenio 87 como
      elementos fundamentales del derecho de libertad sindical: 1. Consiste en el derecho de todo trabajador
      a constituir, estructurar y afiliarse libremente a las organizaciones que estime pertinentes; 2. Dicho
      ejercicio de la libertad sindical se hará sin distinción y sin requerimiento de autorización previa; 3.
      Regularán en primera instancia el ejercicio de la libertad sindical los estatutos propios de la
      organización proferidos en ejercicio de dicho derecho; 4. Las organizaciones son quienes tienen el
      derecho de redactar sus estatutos, reglamentos, su administración, programa de acción y demás
      actividades sin injerencia del Estado, los empleadores u otras organizaciones; 5. Solo una autoridad
      judicial, bajo los marcos legítimamente fijados por la legislación interna, podrá ordenar la disolución o
      suspensión de la inscripción sindical; 6. La organizaciones sindicales podrán organizarse a su vez en
      federaciones, confederaciones y organizaciones internacionales de trabajadores o empleadores; 7.
      Los sindicatos tendrán derecho a la personalidad jurídica y 8. El término “Organización” hará alusión
      a toda colectividad de trabajadores o empleadores que tenga por objeto fomentar y defender intereses
      de trabajadores o empleadores que la integren. De tal forma, el convenio 87 de la OIT establece con
      mayor precisión las categorías que integran el principio de libertad sindical, siendo oxímoron de dichas
      categorías las vulneraciones que se pueden constituir en:
      1. No permitir a los trabajadores o empleadores constituir, estructurar y afiliarse libremente a las
      organizaciones que estimen pertinentes. Prohibición que lleva consigo diversas implicaciones: La
      primera de ellas es la clara prohibición a de manera expresa impedir a un trabajador o empleador
      constituir y/o afiliarse a una organización. La segunda de ellas es la prohibición de actos implícitos que
      impidan la libre constitución y/o afiliación a organizaciones, actos que pueden materializarse en actos
      como la injerencia de otras organizaciones o el estado en el sindicato o en los afiliados, la inducción
      a error o actos disuasivos que desincentiven la afiliación sindical, la utilización de mecanismos que
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      incentiven la desafiliación sindical (como los pactos colectivos del trabajo), la creación de sindicatos
      de trabajadores paralelos controlados por el mismo empleador, entre otras actuaciones. Tales
      acciones han sido objeto de revisión por parte de los órganos de la OIT como lo han sido el Comité de
      Libertad Sindical y las posteriores comisiones de encuesta (como ocurriría en el caso de Grecia en el
      año de 1968, en donde se observó un acto explícito por parte del Estado Griego para disolver a través
      de las fuerzas militares las organizaciones sindicales, lo cual conllevó al nombramiento de una
      comisión de encuesta cuyas recomendaciones serían posteriormente acogidas por el Estado Griego).
      También se han observado casos en los que el Estado de Colombia ha sido objeto de observación
      por parte del Comité de Libertad Sindical por actos implícitos que menoscaban el derecho de constituir
      o afiliarse libremente a un sindicato, como ocurriría en el caso 3092 de 2014, en donde se estableció
      el despido de una exdirigente sindical afiliada al sindicato de Trabajadores del Sector Bancario
      (ADEBAN) como un acto para disuadir y desincentivar la afiliación. Así pues, es claro que la protección
      que la normatividad internacional que cobija al Estado colombiano ha proscrito la realización de actos
      expresos e implícitos que tengan por objeto menoscabar el derecho a constituir y organizar libremente
      la actividad sindical.
      2. Como segundo elemento evidenciado desde la óptica de la normatividad internacional del trabajo,
      podremos observar que la constitución de los sindicatos de trabajadores no podrá estar sometida a
      condicionamientos que impliquen su aceptación bien sea por parte del gobierno o de los empleadores.
      Lo anterior implica que a la luz de la normatividad internacional del trabajo las organizaciones
      sindicales tendrán el derecho de constituirse libremente, si bien ha aceptado el Comité de Libertad
      Sindical que existan formalidades como la inscripción en el registro sindical, ha sido enfático dicho
      organismo en establecer que no podrán convertirse dichas formalidades en un control sobre la forma
      en que debe estructurar un sindicato sus estatutos. Ejemplo de ello lo fue el caso 2676 de 2008, en
      donde se allegó al comité queja por parte de la Asociación Sindical de Trabajadores del Transporte
      Terrestre de Colombia (ASCOTRACOL), a la cual, como consecuencia de una exhaustiva intromisión
      de las autoridades administrativas colombianas en lo que al pago de cuotas sindicales y orden
      jerárquico interno refería, le fue rechazada su solicitud de inclusión en el registro sindical y por ende
      su personería jurídica. Acto seguido, el empleador procedió en el término de un (1) día de denegada
      la inscripción, al despido de 40 trabajadores que habrían gestado la conformación de la organización.
      Entendiendo dicho acto de inscripción en el registro sindical como constitutivo de los derechos que de
      él subyacen (en especial el derecho al fuero sindical), los jueces en Colombia decidieron que el
      despido se ajustaba a derecho al no vulnerar fuero alguno. Ante tal situación, el Comité de Libertad
      Sindical fue enfático en establecer que tal intromisión y el entendimiento de requisitos formales de
      inscripción en registros sindicales no podían entenderse como constitutivos de los derechos
      subyacentes a la condición de afiliado a una organización sindical, por cuanto el resultado del caso ha
      sido la expedición de recomendaciones al Estado Colombiano. Al respecto adujo el Comité en su
      informe que “En lo que respecta al alegato según el cual tan pronto como la autoridad administrativa
      denegó la inscripción de la organización sindical (el 30 de mayo de 2006), la empresa procedió al
      despido con fecha 1.º de junio de 2006 de los miembros de la junta directiva y de 40 trabajadores que
      participaron en la fundación del sindicato o se adhirieron al mismo, el Comité toma nota de que según
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      la información suministrada por el Gobierno y la empresa, las tutelas y las acciones judiciales incoadas
      fueron rechazadas. El Comité observa que, de las sentencias, cuyas copias se acompañan, surge que
      efectivamente los despidos se produjeron al día siguiente en que la autoridad administrativa denegara
      la inscripción en el registro de la organización sindical. El Comité observa sin embargo que la autoridad
      judicial consideró que los trabajadores despedidos no estaban amparados por el fuero sindical de
      fundadores debido a la denegación misma de la inscripción de la organización sindical. A este
      respecto, observando con preocupación el elevado número de dirigentes sindicales y trabajadores
      despedidos poco tiempo después de que éstos intentaran la constitución del sindicato y al día siguiente
      en que quedaran en firme las decisiones administrativas que denegaron la inscripción del mismo, el
      Comité recuerda que nadie debe ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a
      causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas, y es importante
      que en la práctica se prohíban y sancionen todos los actos de discriminación en relación con el empleo
      [véase Recopilación, op. cit., párrafo 771]. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome
      las medidas necesarias para que se proceda al reintegro de los trabajadores despedidos en sus
      puestos de trabajo si es que efectivamente los trabajadores fueron despedidos por haber constituido
      la organización sindical y en caso de que la reincorporación de los mismos resulte imposible por
      razones objetivas e imperiosas, el Comité pide al Gobierno que se asegure de que dichos trabajadores
      reciban una indemnización apropiada, de manera que constituya una sanción suficientemente
      disuasoria y eficaz contra los despidos antisindicales. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
      informado al respecto.”. Así mismo, agrega el Comité, respecto del derecho de crear organizaciones
      sin autorización previa que “Surgen situaciones parecidas cuando un procedimiento de inscripción en
      el registro es complicado y largo o la latitud con que las autoridades administrativas competentes
      pueden ejercer a veces sus facultades, en la práctica pueden representar un obstáculo serio a la
      creación de un sindicato y, en definitiva, la privación del derecho a crear una organización sin
      autorización previa”. Así pues, si bien en el último informe de 2013 respecto del caso se observó que
      el Estado colombiano no ha acatado íntegramente las recomendaciones expedidas por el Comité,
      cierto es que dicho organismo ha mantenido como postura el establecer que no pueden mecanismos
      como la inscripción en registros sindicales menoscabar el derecho a constituir libremente asociaciones
      sindicales, por cuanto se mantiene solicitando al Estado colombiano el reconocimiento de la
      personería jurídica del sindicato. Así pues, queda claro que en la normatividad internacional del trabajo
      la constitución de sindicatos y sus efectos jurídicos no pueden ser restringidos hasta tal punto que
      deban surtirse un trámite de análisis y autorización por parte de una autoridad administrativa para dar
      vía libre a la creación del sindicato, si bien se ha admitido que normas de orden público pueden limitar
      dicha labor, tal limitación deberá tener un criterio de razonabilidad y primacía del derecho sustancial
      de libertad sindical sobre las formalidades.
      3. Frente al derecho de autonomía en la regulación interna de las organizaciones sindicales de
      trabajadores, expresa la normatividad internacional que serán los estatutos de la organización el
      mecanismo mediante el cual dicha acción deba llevarse a cabo. Se resalta también, que la potestad
      de proferir y aplicar dichos estatutos se encuentra en cabeza de la organización sin que el Estado ni
      los empleadores puedan injerir en ello. Así pues, se prohíben formas directas e indirectas que
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      conlleven a cambios en el estatuto de una organización sindical sin que medie para ello autorización
      de la organización. Tal derecho de autonomía frente a los estatutos fue objeto de observación por
      parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT, el cual en el caso 2954 en el Estado Colombiano,
      observó que con la expedición de un proyecto de ley de reforma al Instituto Nacional Penitenciario
      INPEC, mediante el cual se pretendía regular el traspaso de cuotas sindicales establecido en los
      estatutos de la organización sindical UTP, resultaba un claro acto de injerencia del Estado en los
      estatutos, por cuanto resulta esta conducta en atentatoria contra el derecho de libertad sindical, pues
      es bien diferente las responsabilidades ante los malos manejos de las cuotas que se hagan que se
      causen en por medio de otros mecanismos (jurisdicción fiscal y penal), de la imposición de una norma
      de carácter legal que sustituye a los estatutos de la organización frente al manejo de sus recursos.
      Así, expresa el comité: “El Comité recuerda de manera general que el reparto de las cuotas sindicales
      entre las diversas estructuras sindicales es competencia exclusiva de los sindicatos interesados
      [véase Recopilación, op. cit., párrafo 474] y que el respeto de los principios de libertad sindical exige
      que las autoridades públicas actúen con gran moderación en todo lo que atañe a la intervención en
      los asuntos internos de los sindicatos. Es mucho más importante todavía que los empleadores
      procedan con cuidado a ese respecto” (INFORME 372 de 2014 Comité de Libertad Sindical OIT).
      4. No solo la estructuración y aplicación de los estatutos son objeto de la prohibición de la injerencia
      del Estado y los empleadores en la actividad de los sindicatos de trabajadores, también son objeto de
      dicha prohibición otros actos tales como la negociación colectiva (a la cual se dedicará un aparte) y la
      elección de los miembros directivos de la organización, entre otras. Así lo establecería el comité de
      Libertad Sindical de la OIT en el caso 3034 de 2013, en donde se observó injustificada a la luz del
      derecho internacional de Trabajo y del ordenamiento jurídico interno colombiano en la materia, que se
      exigiera a un miembro afiliado a una organización que trabajen en el lugar de la seccional que
      representa. Al respecto se adujo que “Con respecto de la supuesta violación del derecho de la
      organización sindical de elegir libremente a sus representantes, el Comité observa que la calificación
      de invalidez del nombramiento del Sr. Londoño como miembro de la junta directiva de la seccional de
      Medellín de SINTRAINCAPLA se basó en el hecho de que el trabajador no desempeñaba sus labores
      en la ciudad donde la seccional tenía su sede sino en una ciudad contigua (Itagüí) y que,
      recíprocamente, el sindicato no estaba implantado en la ciudad en la cual estaba radicada la empresa
      que empleaba al Sr. Londoño. Al tiempo que observa que tanto la legislación colombiana como los
      estatutos de SINTRAINCALPA no contienen disposiciones que prescriban que los directivos de una
      seccional sindical tengan que trabajar en el municipio donde la misma tenga su sede y que,
      adicionalmente, SINTRAINCALPA es un sindicato de industria cuyo ámbito de acción no se limita a
      una empresa en particular, el Comité recuerda que la libertad sindical implica el derecho de los
      trabajadores y de los empleadores a elegir libremente a sus representantes y que la determinación de
      las condiciones para la afiliación o la elegibilidad para cargos directivos sindicales es una cuestión que
      debería dejarse a la discreción de los estatutos de los sindicatos y que las autoridades públicas
      deberían abstenerse de toda intervención que podría obstaculizar el ejercicio de este derecho por las
      organizaciones sindicales [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
      Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 388 y 405]. De la misma manera que el Comité ha afirmado
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      constantemente que los requisitos relativos a la pertenencia a la profesión o a la empresa para poder
      ser dirigente sindical son contrarios al derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus
      representantes [véase Recopilación, op. cit., párrafo 407], el Comité considera que la exigencia de
      que los dirigentes sindicales de una seccional sindical trabajen en el mismo municipio donde la
      seccional tenga su sede es contraria al mencionado derecho, especialmente cuando se trate de un
      sindicato de industria. El Comité pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias para
      que este principio sea plenamente respetado.”. Así pues, queda sentada en la jurisprudencia del
      Comité de Libertad Sindical, la prohibición de injerencia del Estado y de la imposición de cargas
      injustificadas que limiten el derecho a la libertad sindical, en ámbitos distintos a los estatutos, lo cual
      se puede observar en la injerencia frente a la conformación y autorregulación de las seccionales y
      subdirectivas de las organizaciones sindicales de trabajadores.
      5. Frente a la disolución de sindicatos, como quiera que dicha actuación se configura como una
      excepción del principio de libertad sindical, a la luz de la normatividad internacional de trabajo tal acto
      deberá soportarse bajo la rigurosa observación de un debido proceso ajustado a los principios
      fundamentales de la OIT (suscritos por Colombia), el cual deberá ser presidido por una autoridad
      judicial y no administrativa. Pero a su vez, la jurisprudencia de la OIT ha resaltado que la disolución
      de un sindicato ha de sujetarse a la observancia teleológica del principio de libertad sindical,
      proscribiendo disoluciones y liquidaciones de sindicatos producto de actos de injerencia del Estado o
      los empleadores que induzcan a que la organización entren en causal de disolución y liquidación, así
      como autodisoluciones decididas por la organización viciadas por la injerencia directa o indirecta del
      estado o los empleadores. Ejemplo de ello resulta el caso 3090 de 2014 del Estado Colombiano, en
      donde se estableció que, si bien el Estado Colombiano ha establecido un número mínimo de
      integrantes (25) para la conformación de una organización sindical, y que el no cumplimiento de ello
      constituye una causal de disolución, ha de hacerse un examen si dicha disminución de afiliados es
      atribuible a la injerencia del empleador o al Estado para inducir la desafiliación o renuncia de los
      miembros del sindicato, los cuales, al tenor de lo explicado en el numeral 1, se constituyen como actos
      antisindicales. Al respecto adujo el comité “Recordando que en varias ocasiones, el Comité ha
      solicitado al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se agilice el tratamiento de las
      denuncias de discriminación antisindical [véanse 374.º informe, marzo de 2015, caso núm. 2946,
      párrafo 251 y caso núm. 2960, párrafo 267, así como el caso núm. 3061], y tomando especialmente
      en cuenta de que la supuesta autodisolución del SINTRAIMTCOL tuvo lugar poco después de que la
      empresa fuera condenada por una serie de actos antisindicales, el Comité pide al Gobierno que tome
      las medidas necesarias para asegurar que todas las denuncias y querellas pendientes presentadas
      por el SINTRAIMTCOL ante el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General
      de la Nación se resuelvan a la mayor brevedad posible. Pide asimismo al Gobierno que informe acerca
      del estado del proceso de cancelación de la personería jurídica y registro sindical del SINTRAIMTCOL”
      (Informe 387 de octubre de 2018, Comité de Libertad Sindical OIT). Así pues, la disolución sindical,
      además de tener que ser declarada por una autoridad judicial bajo las reglas del debido proceso (lo
      cual avala la legislación interna), también debe ser producto de actos ajenos a la injerencia de los
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      empleadores y del Estado, en especial de aquellos tendientes a reducir la cantidad de afiliados de un
      sindicato de trabajadores.
      6. Como sexto elemento constitutivo del derecho de libertad sindical, se esgrime la libertad de
      asociación no solo entre personas naturales (trabajadores o empleadores), sino también entre
      organizaciones para la conformación de federaciones y confederaciones acorde a intereses comunes
      de sus afiliados. Así, observa la jurisdicción internacional del trabajo que por regla general no resulta
      justificado restringir el acceso de una organización a afiliarse a uno o varias federaciones y
      confederaciones, a su vez que a organizaciones sindicales internacional. Tal principio fue objeto de
      recomendaciones en el caso 2467 de 2006 frente al Estado de Canadá, en donde se infirió como
      injustificada la prohibición a una organización sindical adscrita a una entidad estatal, la posibilidad de
      afiliarse a su escogencia a una confederación. Al respecto adujo el comité “A pesar de que el Gobierno
      no ha realizado comentarios sobre estas cuestiones, el Comité estima que, según la ley, los
      representantes pertenecientes a la ASPGQ no tienen derecho a afiliarse a la organización que estimen
      conveniente. Teniendo en cuenta que esto no está de conformidad con los artículos 2 y 5 del Convenio
      núm. 87, el Comité recuerda que el principio enunciado en el artículo 2 del Convenio núm. 87, en virtud
      del cual los trabajadores y empleadores deben tener derecho a constituir las organizaciones que
      estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas, implica para las organizaciones mismas el
      derecho de constituir las federaciones y las confederaciones que estimen convenientes, así como el
      de afiliarse a ellas [véase Recopilación, op. cit., párrafo 710]. El Comité pide al Gobierno que garantice
      que los representantes y la ASPGQ tienen el derecho de afiliarse a la organización que estimen
      conveniente y que se le mantenga informado sobre todas las medidas que se tomen a este respecto.”
      (Informe 344 de marzo de 2007, Comité de Libertad Sindical OIT). Pero tal principio no solo ha de
      limitarse frente a la afiliación, pues incluso resulta atentatorio al derecho de libertad sindical el negar
      a las federaciones y confederaciones la participación en defensa de los intereses de una organización
      afiliada, como ocurre en el caso presente de ACDAC frente a AVIANCA S.A. y el Estado Colombiano,
      pues se ha negado el reconocimiento como parte del litisconsorcio en el proceso judicial disolución y
      liquidación adelantado en su contra, de confederaciones a las cuales la organización se encuentra
      afiliada tales como IFALPA e ITF.
      7. Como séptimo elemento del principio de libertad sindical se encuentra el derecho a la personería
      jurídica de los sindicatos, el cual implica una ficción jurídica que permita a la organización un
      tratamiento como ente autónomo respecto de sus acciones y los derechos que le sean atribuibles, al
      margen de la personalidad como sujeto de derechos reconocida a sus afiliados. Ello implica que la
      jurisdicción internacional del trabajo ponga especial cuidado en el reconocimiento y constitución de la
      personalidad jurídica de los sindicatos, con especial énfasis en mecanismos que la limitan como los
      procesos de inscripción y cancelación de la personería que han adoptado diversas legislaciones, entre
      ellas, la del Estado colombiano. Es así como en el caso 2565 de 2007, el Comité recomendó al Estado
      Colombiano la inscripción provisoria del sindicato SINTRAOMNITEMPUS en el registro sindical a
      efectos de brindar una protección global a sus afiliados contra actos de despido antisindical. Lo anterior
      en tanto se evidenció la expedición de una resolución expedida por el entonces Ministerio de la
      Protección Social, el cual dejaría sin validez la inscripción de la organización en el registro sindical.

    • Cristian Jose Gómez Rojas

      Miembro
      08/11/2021 at 9:57 pm

      Buenas noches este es uno de tantos casos de violación a la libertad sindical y protesta social, tal cual se esta viendo en la actualidad personas capturadas y posteriormente desaparecidas.

      CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

      CASO ISAZA URIBE Y OTROS VS. COLOMBIA

      1. El caso sometido a la Corte. – El 3 de abril de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, el caso Víctor Manuel Isaza Uribe respecto de la República de Colombia (en adelante “el Estado”, o “Colombia”). Según la Comisión, el caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Víctor Manuel lsaza Uribe desde el 19 de noviembre de 1987, mientras se encontraba en detención preventiva en la cárcel del municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia, cuando un grupo de hombres no identificados lo sustrajeron de allí. La Comisión señaló que él era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) y simpatizante del partido político Unión Patriótica (UP). La Comisión determinó que, en relación con las versiones sobre cómo ocurrieron los hechos, existen suficientes elementos para calificarlos como una desaparición forzada llevada a cabo por grupos paramilitares con aquiescencia de agentes estatales, en un contexto en que estaban vigentes marcos normativos que propiciaron el paramilitarismo y la identificación de sindicalistas dentro de la noción de “enemigo interno”. Además, señaló que la investigación de los hechos ha estado sujeta a demoras injustificadas, permanece en etapa preliminar y no ha seguido importantes líneas de investigación, además de que el Estado no ha informado sobre acciones específicas para dar con el paradero de la persona desaparecida. Las presuntas víctimas del caso son el señor Víctor Manuel Isaza Uribe, su esposa la señora Carmenza Vélez y sus hijos los señores Jhony Alexander Isaza Vélez y Haner Alexis Isaza Vélez.

      2. La región del Magdalena Medio reviste una gran importancia estratégica y económica, principalmente por su posición geográfica. A pesar de ello, se ha mantenido como una región periférica “por la carencia de instituciones estatales”, por lo cual gran parte de ese espacio ha sido llenado por todos los actores armados, convirtiéndose en una zona de alta conflictividad. En ese sentido, no fue “casual que en la zona emergieran, a mediados de la década de 1960, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a finales de la década de 1970, las denominadas “Autodefensas”. A inicios de la década de 1980 “incursionaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y seis batallones del Ejército Nacional”. Con respecto a la aparición de los grupos paramilitares en esa región, la Fiscalía General de la Nación (FGN) ha indicado que durante la década de los años 1970, “las fuerzas militares, particularmente de la región del Magdalena Medio y [d]el departamento del Huila, comenzaron a establecer lo que para la época se denominó ‘grupos de autodefensa’, con la misma filosofía de los grupos contra-guerrilleros

      3. El municipio de Puerto Nare se encuentra ubicado en la región del Magdalena Medio, en el Departamento de Antioquia, a orillas del río Magdalena a escasos kilómetros del municipio de Puerto Boyacá y limita con los municipios de San Luis, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Caracolí y San Carlos. En relación con la riqueza natural y proyección industrial y minera del municipio, en las primeras décadas del siglo XX se asentaron en el municipio las empresas “Cementos del Nare S.A.” y, posteriormente, “Colcarburos S.A.”, en el corregimiento de La Sierra Las organizaciones sindicales creadas por los trabajadores de Cementos del Nare y de Colcarburos en Puerto Nare se afiliaron al “Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción” (SUTIMAC), creado en 1971, dando así nacimiento a la “Seccional Nare de Sutimac”. Para 1986, SUTIMAC contaba con cuatro seccionales: Nare, Medellín, Itagüí y Caracolí. Entre 1981 y 1985 SUTIMAC organizó paros o huelgas, particularmente en las empresas cementeras en Puerto Nare o junto con otros sindicatos de la industria cementera, afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y del Cemento (FENALTRACONCEM)

    • Yeny Vanessa Alonso Díaz

      Miembro
      08/13/2021 at 11:21 am

      Buenos días para todos y todas,

      Consulté en la página de la OIT, diferentes tipos de quejas interpuestas ante este órgano internacional, y una de las que más me llamó la atención fue la del caso. de la organización sindical SINTRAUNIOBRAS. La cual alegó que se pronunciaron de manera irregular sanciones disciplinarias en contra de dos miembros de su organización sindical.

      La queja figura en una comunicación de fecha 29 de julio de 2015 presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (SINTRAUNIOBRAS).

      Frente a esa queja el Gobierno envió sus observaciones por medio de comunicaciones de fechas 13 de julio de 2017, 5 de enero de 2018, 30 de octubre de 2018 y 10 de agosto de 2020.

      La razón de la denuncia del sindicato es que uno de sus dirigentes fue despedido e inhabilitado por diez años en 2014 sin que, se haya tomado debidamente en cuenta el fuero sindical del cual gozaba y sin que se hayan respetado las reglas del debido proceso y del derecho de defensa establecidas por la legislación y la convención colectiva de la entidad pública.

      De igual manera, denuncian que otro de los miembros del sindicato fue también objeto de un proceso disciplinario en 2011 que condujo a la cancelación de su contrato laboral y a una inhabilitación de diez años, produciéndose en esta ocasión irregularidades procesales.

      El gobierno por su parte, primero alega que el trabajador no era dirigente sindical, que no gozaba por lo tanto del fuero sindical y que, la sanción disciplinaria que le fue impuesta por haber cometido una infracción no violó de ninguna manera los principios de la libertad sindical.

      Luego, que se ordenó el reintegro inmediato del trabajador a su puesto de trabajo. Al mismo tiempo, se inició el proceso de solicitud de levantamiento judicial de su fuero sindical.

      Finalmente, el comité de la OIT recuerda que el principio según el cual un trabajador o un dirigente sindical no debe sufrir perjuicio por sus actividades sindicales, no implica necesariamente que el hecho de tener un mandato sindical confiera a su titular una inmunidad contra un eventual despido cualquiera que sea la causa. El Comité recuerda también que no le corresponde pronunciarse sobre la cuestión de la ruptura de los contratos de trabajo por despido, sino en el caso en que el régimen de despido implique una medida de discriminación antisindical. El Comité observa que, en el presente caso, los tribunales consideraron, en primera y segunda instancia, que el despido del trabajador era justificado por la comisión de una falta grave y que, más allá del denunciado incumplimiento de las reglas aplicables al fuero sindical, las organizaciones querellantes no alegaron ante las instancias nacionales que la sanción impuesta al Sr. Fonseca Rodríguez tuviera una motivación antisindical, elemento corroborado por las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección del Trabajo. En estas condiciones, el Comité no continuará con el examen de este alegato.

    • Fanny Calderón Rojas

      Miembro
      08/17/2021 at 1:00 pm

      Cordial saludo, respetado doctor Alarcón, compañeras y compañeros.

      D

    • Fanny Calderón Rojas

      Miembro
      08/17/2021 at 1:06 pm

      Cordial saludo, respetado doctor Alarcón, compañeras y compañeros.

      Al consultar los casos de mayor resonancia sobresale en de la asodciación de pilotos, al cual ya se ha hecho mención.

      Me permito traer un caso consultado en Artículo de investigación: Instrumentos internacionales de protección del derecho humano de asociación sindical * Bertolt Delfín Rivera Colmenares Abogado y Magíster en Derechos Humanos. Unidad Administrativa Especial, Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales – Colombia, el cual transcribo:

      “En el ámbito internacional se observa que el índice global de la Confederación Sindical

      Internacional CSI1 2016, clasifica a Colombia dentro de los 10 peores países del mundo

      para los trabajadores, ubicándose al lado de países como Qatar, los Emiratos Árabes

      Unidos, Turquía, China, ndia, ambo a, elar s, Irán y Guatemala, pues según el

      informe, en olombia “los sindicalistas han venido siendo asesinados con total impunidad

      desde hace décadas”, y a que “en 2015, se registraron 20 asesinatos de sindicalistas en

      Colombia –el mayor número que en ningún otro país” (Confederación Sindical

      Internacional [CSI], 2016, p. 24).

      Esta problemática también ha sido reportada por los medios de comunicación, que

      constantemente se refieren a violaciones a derechos humanos de sindicalistas. Por ejemplo,

      el periódico El Espectador publica desde el 5 de junio de 2012 los siguientes titulares:

      Colombia, el país con más sindicalistas muertos en 2011”, “Denuncian asesinato de 13

      sindicalistas en Colombia este año” (17 de agosto del 2012) “ONG denuncia en EE.UU.

      el asesinato de 105 sindicalistas en Colombia” (17 de abril del 2015); igualmente, el

      periódico El Tiempo, el 24 de junio y el 3 de julio de 2017, respectivamente, presenta las

      siguientes noticias: “Asesinato de líder sindical estaría relacionado con su actividad”

      “Alerta por crímenes de sindicalistas en el suroccidente”.

      Aunado a lo anterior, se encuentra el reconocimiento tácito por parte del Estado

      colombiano de serias deficiencias en la protección de derechos humanos de los trabajadores

      sindicalizados2, pues el 6 de abril del año 2011, en el marco de las negociaciones del

      Tratado de Libre Comercio con el Gobierno de Estados Unidos, suscribió un Plan de

      Acción Laboral en donde se comprometió (entre otras medidas) a: 1. La creación del

      Ministerio del Trabajo; 2. Reformar el Código Penal, para fortalecer la protección penal del

      derecho de asociación sindical; 3. Efectuar control a las cooperativas de trabajo asociado; 4.

      Control a las empresas de servicios temporales; 5. Castigar el uso ilegal de los pactos

      colectivos; 6. Delimitación de los servicios esenciales; 7. Cooperación, asesoramiento y

      asistencia técnica de la OIT; 8. Cobertura del programa de protección para sindicalistas en

      riesgo; 9. Reformas a la justicia penal con miras a la implementación de medidas que

      contribuyan a la eliminación de la impunidad respecto de delitos cometidos contra

      sindicalistas (Ministerio del Trabajo, 2016).”

      Mi conclusión sobre los casos mencionados ocurridos en Colombia, al relacionarlos con la violación a la libertad sindical y con la solicitud de intervención de las instancias internacionales, la centro en que existen situaciones que han llegado hasta allí, pero el rigor de las evidencias sobre las violaciones a libertad de asociación, no se encuentran debidamente documentadas por lo tanto estos procesos se extienden en el tiempo y se convierten en un desgaste sin resultados inmediatos.

    • Claudia Patricia Pérez Rolón

      Miembro
      08/22/2021 at 5:23 pm

      Muy buenas tardes, sobre violaciones a la libertar sindical encontré el siguiente caso radicado ante la OIT.

      Caso núm. 3131 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja:: 09-ABR-15 Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y Sindicato de Trabajadores de Columbia Coal Company (SINTRACOAL)

      Las organizaciones querellantes alegan la existencia de conductas antisindicales de parte de una empresa minera del sector del carbón y la ausencia de protección adecuada de parte de la Inspección del Trabajo

      Las organizaciones querellantes indican que SINTRACOAL es una organización sindical de primer grado que fue fundada el 24 de junio de 2013 y que cuenta con 135 trabajadores afiliados de los 450 trabajadores con los que cuenta la empresa Colombia Coal Company (en adelante la empresa minera), la cual se dedica a la extracción de carbón

      Las organizaciones querellantes denuncian que, desde la fundación del sindicato, el empleador ha mostrado sistemáticamente conductas antisindicales, las cuales fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes por medio de dos querellas administrativas laborales y una solicitud de intervención urgente, sin que dichas autoridades hubieran cumplido su obligación legal de investigar y de sancionar la empresa minera. A este respecto, las organizaciones querellantes manifiestan que SINTRACOAL: i) dirigió al Viceministro de Relaciones Laborales una solicitud de intervención urgente el 10 de marzo de 2014 denunciando discriminación antisindical hacia afiliados y líderes sindicales a través del desmejoramiento de las condiciones de trabajo, sanciones disciplinarias, negativa de retención de cuotas, incumplimiento de la convención colectiva y la negativa del empleador de pagar el salario por haber participado en asambleas informativas del sindicato. Según las organizaciones querellantes, esta solicitud nunca habría sido examinada; ii) presentó el 13 de marzo de 2014 una primera querella administrativa laboral denunciando despidos, actos sindicales, sistemáticas persecuciones, acosos y desmejoras a líderes sindicales y la negativa de la empresa minera de descontar las cuotas sindicales a todos los trabajadores por beneficio convencional, y iii) presentó el 25 de marzo de 2015 una segunda querella administrativa laboral denunciando incumplimiento de convenio colectivo, el no respeto de las normas inherentes a la seguridad industrial y sanciones disciplinarias contra directivos y afiliados. A este respecto, el sindicato resalta particularmente las situaciones de las siguientes personas que fueron cada una sancionadas con una suspensión de ocho días: 1) el Sr. Julio César Cortés Guegue, directivo sindical de SINTRACOAL, sancionado por haber faltado el respeto a un superior jerárquico, cuya sanción fue revocada el 25 de enero de 2014 por el Juzgado Cuarentainueve Municipal por violaciones al debido proceso, condenando a la empresa minera a pagar los salarios que este había dejado de percibir durante la sanción; 2) el Sr. Serafín Balguera Santos, vicepresidente de SINTRACOAL, sancionado el 17 de octubre de 2014 por haberse presentado a sus labores con un nivel de alcoholemia de 0,026 por ciento y que se encuentra en la espera de la decisión del tribunal de tutela, y 3) el Sr. Miguel Ángel Pinilla Gómez sancionado el 11 de septiembre de 2014 por haberse expresado ante un medio de comunicación en referencia a las irregularidades de la empresa minera.

      El Comité observa que la presente queja se refiere, por una parte, a la denuncia de una serie de actos antisindicales en contra de la organización SINTRACOAL, de parte de una empresa minera, respecto de las cuales el Ministerio del Trabajo no habría brindado una protección adecuada y, por otra, a las alegadas represalias tomadas por la empresa en respuesta a una huelga llevada a cabo por el mencionado sindicato.

      En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

      § a) el Comité insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se agilice el tratamiento de las dos querellas administrativas laborales interpuestas por SINTRACOAL y pide que le mantenga informado del resultado de las mismas;

      § b) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los resultados del procedimiento judicial relativo a la sanción disciplinaria impuesta al Sr. Serafín Balguera Santos;

      § c) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la decisión final relativa a la solicitud, por parte de la empresa minera, de suspensión temporal de varias minas;

      § d) el Comité pide al Gobierno y a la organización querellante que le mantengan informado del resultado del examen de las denuncias penales presentadas en contra de los dirigentes del sindicato, y

      § e) el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas a su alcance a fin de alentar a la empresa minera y a la organización querellante a mejorar el clima de diálogo y respeto mutuo e invita a las mismas a sacar el mayor provecho de las oportunidades de diálogo existentes a nivel nacional.

    • Gloria Azucena Ruíz Herrera

      Miembro
      08/23/2021 at 6:20 pm

      Buen día para todo,

      Caso: Baena Ricardo y otros Vs. Panamá.

      270 empleados públicos.

      Estado demandado: Panamá.

      El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el despido arbitrario a 270 empleados públicos, así como a la falta de un debido proceso que ampare sus reclamos.

      Hechos: Los hechos del presente caso se refieren al despido de 270 empleados públicos y dirigentes sindicales, que habían participado en distintas protestas contra la política gubernamental en reclamo de sus derechos laborales. El despido se produjo en base a la ley No. 25 de fecha 14 de diciembre de 1990, luego de que el Gobierno acusara a estas personas de haber participado en manifestaciones de protesta y de resultar cómplices de una asonada militar. – Se interpusieron una serie de recursos administrativos. Sin embargo, no se tuvo ningún resultado positivo.

      La Corte declara,

      – Que el Estado violó los principios de legalidad y de irretroactividad consagrados en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores.

      – Que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores.

      – Que el Estado no violó el derecho de reunión consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores.

      – Que el Estado violó el derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores.

      – Que el Estado incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados.

    • Eliana Marcela Tunarrosa Echeverría

      Miembro
      08/23/2021 at 8:18 pm

      Buena noche,

      Caso núm. 3216 (Colombia).

      Las organizaciones querellantes alegan que se pronunciaron de manera irregular sanciones disciplinarias en contra de dos miembros de la organización sindical SINTRAUNIOBRAS.

      En una comunicación de 29 de julio de 2015, las organizaciones querellantes alegan que la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá (en adelante la entidad pública) pronunció de manera irregular sanciones disciplinarias en contra de dos miembros de la organización sindical SINTRAUNIOBRAS. Las organizaciones querellantes se refieren en primer lugar a la situación del Sr. José Manuel Fonseca Rodríguez, miembro de la junta directiva de SINTRAUNIOBRAS quien, a raíz de un proceso disciplinario iniciado en 2011, fue despedido e inhabilitado por diez años en 2014 sin que, según las organizaciones querellantes, se haya tomado debidamente en cuenta el fuero sindical del cual gozaba y sin que se hayan respetado las reglas del debido proceso y del derecho de defensa establecidas por la legislación y la convención colectiva de la entidad pública. Las organizaciones querellantes alegan específicamente a este respecto que: i) el Sr. Fonseca Rodríguez fue objeto en 2011 de un proceso disciplinario, siendo acusado de peculado por uso por haber supuestamente permitido el uso indebido de materiales y maquinarias públicos para llevar a cabo la pavimentación de parqueaderos privados; ii) no se respetó la condición de aforado sindical del trabajador, la cual requería que el empleador solicitara la autorización del juez antes de poder despedirlo; iii) sin haber obtenido la mencionada autorización judicial, el Sr. Fonseca Rodríguez fue despedido e inhabilitado por diez años por medio de una decisión administrativa de la entidad pública de 8 de julio de 2014; iv) durante el mencionado procedimiento administrativo, no se respetó el plazo máximo de dos meses establecido por el Código de Procedimiento Laboral dentro del cual el empleador que ha tomado conocimiento de una falta cometida por un representante sindical debe solicitar judicialmente el levantamiento de su fuero; v) se violaron también las cláusulas de la convención colectiva de la entidad pública que prevén que la persona afiliada a una organización sindical objeto de un proceso disciplinario será acompañada durante su comparecencia por un representante sindical. Las organizaciones querellantes añaden que se encuentra en curso una demanda judicial ante los tribunales de lo contencioso administrativo.

      Las organizaciones querellantes alegan por otra parte que el Sr. Alberto Varela Herrera, afiliado activo de SINTRAUNIOBRAS, fue también objeto de un proceso disciplinario en 2011 que condujo a la cancelación de su contrato laboral y a una inhabilitación de diez años, produciéndose en esta ocasión irregularidades procesales.

      El Comité observa que los alegatos del presente caso se refieren a supuestas irregularidades cometidas en ocasión del despido disciplinario de dos trabajadores de una entidad pública afiliados a la organización sindical SINTRAUNIOBRAS.

      En relación con el Sr. José Fonseca Rodríguez, el Comité observa que las organizaciones querellantes alegan que: i) el trabajador fue objeto de un proceso disciplinario iniciado en 2011 por haber supuestamente permitido el uso indebido de materiales y maquinarias públicos para un uso privado (peculado por uso); ii) a pesar de gozar del fuero sindical por ser miembro de la junta directiva de SINTRAUNIOBRAS, el trabajador fue despedido en 2014 sin que la entidad pública solicitara previamente el levantamiento judicial de su fuero, tal como lo exige la legislación nacional, y iii) adicionalmente, el despido del trabajador no respetó los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Laboral en materia de levantamiento del fuero sindical ni las cláusulas de la convención colectiva aplicable que prevén el acompañamiento del afiliado sindical por un representante sindical a lo largo del proceso disciplinario.

      El Comité observa que, por otra parte, tanto el Gobierno como la entidad pública manifiestan que: i) el proceso disciplinario del cual fue objeto el Sr. Fonseca Rodríguez permitió concluir que el trabajador había cometido una falta grave; ii) tanto en primera como en segunda instancia, los tribunales consideraron que el levantamiento del fuero sindical del Sr. Fonseca Rodríguez era justificado y que se había cumplido con todas las normas aplicables al proceso disciplinario en cuestión, y iii) la Inspección del Trabajo no constató, en el seno de la entidad pública, violaciones a la libertad sindical.

      El Comité observa que se desprende de lo anterior, así como del texto de las sentencias judiciales proporcionadas por las partes que: i) a raíz de un proceso disciplinario iniciado en 2011, la entidad pública ordenó en noviembre de 2014 el despido del Sr. Fonseca Rodríguez así como su inhabilitación por diez años por la comisión de una falta grave; ii) la orden de despido fue anulada por la propia entidad pública en enero de 2015, por no haberse solicitado previamente el levantamiento judicial del fuero sindical del trabajador que era miembro suplente de la junta directiva de SINTRAUNIOBRAS; iii) la solicitud de levantamiento del fuero sindical cursada por la entidad pública en 2015 fue otorgada por los tribunales, tanto en primera como en segunda instancia, conduciendo al despido definitivo del trabajador.

      508. El Comité recuerda que el principio según el cual un trabajador o un dirigente sindical no debe sufrir perjuicio por sus actividades sindicales no implica necesariamente que el hecho de tener un mandato sindical confiera a su titular una inmunidad contra un eventual despido cualquiera que sea la causa [véase Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, sexta edición, 2018, párrafo 1119]. El Comité recuerda también que no le corresponde pronunciarse sobre la cuestión de la ruptura de los contratos de trabajo por despido, sino en el caso en que el régimen de despido implique una medida de discriminación antisindical [véase Recopilación, párrafo 1085]. El Comité observa que, en el presente caso, los tribunales consideraron, en primera y segunda instancia, que el despido del trabajador era justificado por la comisión de una falta grave y que, más allá del denunciado incumplimiento de las reglas aplicables al fuero sindical, las organizaciones querellantes no alegaron ante las instancias nacionales que la sanción impuesta al Sr. Fonseca Rodríguez tuviera una motivación antisindical, elemento corroborado por las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección del Trabajo. En estas condiciones, el Comité no continuará con el examen de este alegato.

      En relación con el Sr. Alberto Varela Herrera, afiliado de SINTRAUNIOBRAS, el Comité toma nota de la alegación de las organizaciones querellantes según la cual fue objeto de un proceso disciplinario en 2011 que condujo a la cancelación de su contrato laboral y a una inhabilitación de diez años, produciéndose en esta ocasión irregularidades procesales. El Comité toma también nota de que la entidad pública manifiesta que el Sr. Varela Herrera fue despedido por la comisión de una infracción, que no era dirigente sindical, por lo cual no gozaba del fuero sindical y que su despido no mantiene relaciones con su afiliación sindical.

      Observando que las organizaciones querellantes no proporcionan detalles específicos sobre la supuesta irregularidad del despido del Sr. Varela Herrera ni sobre el carácter antisindical del mismo, el Comité no continuará con el examen de este alegato.

  • Sandra María Barca Arellano

    Miembro
    08/11/2021 at 12:53 pm

    Buena tarde.

    Complementando el caso de ACDAC es importante señalar que al respecto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) profirió un concepto técnico según el cual el transporte aéreo no se considera como un servicio público esencial, sino como “un servicio público de importancia trascendental”; por lo cual la huelga de los pilotos era legítima.

    En consecuencia, las sanciones y despidos impuestas a los pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) son injustificados.

    La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia avaló el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, en el que se declaraba ilegal la huelga de los pilotos de Avianca.

    La principal razón de dicha decisión es que, dado que según la Corte Constitucional el transporte aéreo en Colombia se considera como un servicio público esencial, la huelga era improcedente porque con ese servicio se garantiza el suministro de bienes y servicios que aseguran derechos fundamentales, y esa huelga pone en riesgo “la salud, la seguridad y la vida de la población”.

    La Organización Internacional del Trabajo, también menciona en su concepto –en respuesta a otro de los argumentos de la Corte Suprema de Justicia–, que el procedimiento de votación de la huelga se ajustó a los parámetros de su organización, pues se votó por 699 pilotos de ACDAC, de los 702 que estaban afiliados al sindicato.

    Beethoven Herrera dela universidad Nacional, señala que “La diferencia radica en el hecho de que la Corte Suprema había conceptuado que se había violado el Artículo 444, del Código Sustantivo del Trabajo, al considerar que la decisión de ir a la huelga se votó en una asamblea que reunió solamente a los trabajadores sindicalizados, pues en ese momento habían 8.540 pilotos activos y la decisión debería haberse tomado por la mayoría de ese número; es decir, la mayoría absoluta”.

    “La magistrada Dueñas argumentó que, además de la vulneración de la libertad y autonomía sindical, también se violó el debido proceso, pues “… la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han avalado el derecho de las confederaciones sindicales de representar a sus afiliados. La Corte pasó por encima y decidió aplicar una norma de tipo civil, no laboral, violando el debido proceso”.

    La abogada también añadió que “…el fallo no reconoce fuerza vinculante a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de Organización Internacional del Trabajo respecto de la huelga de los pilotos, pues no estuvo en riesgo la salud, la vida y la seguridad, razón por la cual frente al argumento de la Corte, que se mencionó de que el transporte aéreo es un servicio público esencial, no es procedente”.

  • Oscar Martínez Cabrera

    Miembro
    08/11/2021 at 5:06 pm

    Oscar Martinez Cabrera – Regional Meta.

    Se analiza el caso No 3112 de fecha de la queja el 9 de diciembre de 2014 y según informe definitivo No 393 de marzo de 2021

    SINTRAIME denuncian una serie de violaciones a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva en el seno de una empresa del sector minero Drummond Company Inc. La queja fue presentada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, Metal-Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras, Transportadoras, Afines y Similares del Sector (SINTRAIME).

    SINTRAIME (organismo sindical) presentó un pliego de peticiones a la empresa contratista y denuncian que la misma se negó en un principio a negociar con ellos, de manera que tuvieron que presentar una querella ante el Ministerio del Trabajo para solicitar su intervención. Los querellantes agotaron la etapa de arreglo directo; SINTRAIME ejerció su derecho de huelga en las distintas regiones de Colombia, y tras la declaratoria de huelga, la empresa contratista tomó represarias tales como no permitir que los directivos sindicales y los trabajadores entraran a sus instalaciones.

    Del 4 al 9 de agosto de 2014, los directivos de la empresa presionaron ilegítimamente a los trabajadores para que votaran a favor del levantamiento de la huelga y la convocatoria de un tribunal de arbitramiento. La empresa principal incurrió en actos de intermediación laboral ilegal a fin de reducir el costo de mano de obra y anular los derechos sindicales de los trabajadores frente a la empresa principal, siendo multadas las empresas por la tercerización. Se presentó despido colectivo de trabajadores de la empresa contratista, en fin se narra una serie de situaciones en contra de los trabajadores y del derecho a la afiliación sindical.

    Se presenta la denuncia ante la OIT, donde tanto el Gobierno nacional como las empresas demandadas emite sus observaciones,

    El comité concluye que: El Comité toma nota de las versiones contradictorias de las partes con respecto a la supuesta comisión de actos de injerencia y de violencia durante las votaciones tendientes a declarar y levantar la huelga, así como durante el cese de actividades. Asimismo, el Comité observa que, a solicitud de la empresa contratista B y por sentencia de 16 de noviembre de 2016, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró la ilegalidad de la huelga, al estimar que, según lo establecido en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo, la organización sindical, al ser minoritaria, debía, previo al bloqueo de operaciones, contar con un voto mayoritario de los trabajadores de la empresa antes mencionada. En estas condiciones, el Comité no proseguirá con el examen de este alegato.

    Con relación a la denuncia de amenazas de muerte por parte de una organización criminal denominada «Los Rastrojos»; el Comité recuerda que el ejercicio de los derechos sindicales es incompatible con cualquier tipo de violencia o amenaza y que corresponde a las autoridades investigar sin demora y en su caso sancionar todo acto de esta índole

    En lo que atañe a los alegatos de intermediación laboral ilegal, el Comité recuerda que su competencia se refiere a casos de violaciones de la libertad sindical y no a casos de abusos en materia de intermediación laboral o de utilización abusiva de contratos temporales,

    Con relación
    a que SINTRAIME alega que el Ministerio del Trabajo no atendió su denuncia del
    16 de diciembre de 2015, por despidos y persecución antisindical en el
    marco de la cancelación del contrato comercial suscrito entre las empresas
    contratistas B y C, el Comité recuerda que cuando haya denuncias de actos de
    discriminación antisindical, las autoridades competentes deben realizar de
    manera inmediata una investigación y tomar las medidas oportunas para remediar
    las consecuencias de los actos de discriminación antisindical que se constaten

  • Harold Ricardo Jiménez Rodríguez

    Miembro
    08/13/2021 at 10:06 pm

    buenas noches

    La queja figura en una comunicación de fecha 27 de mayo de 2016 de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Transportes Velotax (SINTRAVELOTAX).513. El Gobierno envió sus observaciones por medio de comunicaciones recibidas el 23 de octubre de 2017 y el 2 de septiembre de 2020.514. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

    Por medio de una comunicación de 27 de mayo de 2016, las organizaciones querellantes denuncian que, tras la rotación de miembros de la mesa directiva de la organización sindical SINTRAVELOTAX, sus afiliados y sus directivos, incluyendo el nuevo presidente electo del sindicato, el Sr. Carlos Julio Rodríguez Rojas, han sido objeto de actos de persecución sindical por parte del consejo de administración y directivos de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. (en adelante la cooperativa de transportes), así como por parte del anterior presidente del SINTRAVELOTAX, el Sr. Luis Alfonso Peñuela. A este respecto, señalan las organizaciones querellantes que dirigentes y afiliados han renunciado al sindicato en cuestión dado las amenazas o falsas promesas de mayor remuneración y estabilidad laboral por parte de los directivos de la cooperativa de transportes, que ciertos afiliados han sido despedidos mientras que otros fueron invitados por el presidente anterior del SINTRAVELOTAX a afiliarse a otro sindicato de la cooperativa de transportes.

    Por medio de comunicaciones recibidas el 23 de octubre de 2017 y el 2 de septiembre de 2020, el Gobierno señala que tras las averiguaciones preliminares por presunta persecución sindical realizadas por el Ministerio de Trabajo, el 30 de junio de 2016, el Sr. Carlos Julio Rodríguez Rojas, en representación de la organización sindical SINTRAVELOTAX, presentó ante la inspección de trabajo un desistimiento expreso e irrevocable de todas y cada una de las querellas administrativas laborales interpuestas en contra de la cooperativa de transportes en el cual manifiesta taxativamente que no existe ni existió persecución laboral y que todos los salarios y prestaciones habían sido cancelados de conformidad con la ley. El Gobierno informa que mediante la resolución núm. 00236, de 29 de julio de 2016, el coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia, control y resolución de conflictos del Ministerio de Trabajo resolvió decretar el desistimiento expreso del directivo sindical antes referido y que el 6 de octubre de 2017, de conformidad con el artículo 18 de la ley núm. 1437 de 2011, se procedió al archivo definitivo de las querellas presentadas por el presidente del SINTRAVELOTAX.

    Es descalificante ver como se aprovechan de las diferentes circunstancias de las organizaciones sindicales y como mediante promesas y dadivas engañan a los directivos sindicales lo cual es un delito, el Ministerio de Trabajo no investiga ni compulsa copias a otras entidades de control para estos caso por lo cual los casos quedan en la inpunidad, asi recurrir a estas instancias internacionales.

  • Wilson Quintero Cordoba

    Miembro
    08/15/2021 at 1:18 pm

    Buenas tardes a todos,

    comparto caso de del señor Izasa Vs Colombia

    El caso sometido a la Corte. El 3 de abril de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, el caso Víctor Manuel Isaza Uribe respecto de la República de Colombia (en adelante “el Estado”, o “Colombia”). Según la Comisión, el caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Víctor Manuel lsaza Uribe desde el 19 de noviembre de 1987, mientras se encontraba en detención preventiva en la cárcel del municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia, cuando un grupo de hombres no identificados lo sustrajeron de allí. La Comisión señaló que él era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) y simpatizante del partido político Unión Patriótica (UP). La Comisión determinó que, en relación con las versiones sobre cómo ocurrieron los hechos, existen suficientes elementos para calificarlos como una desaparición forzada llevada a cabo por grupos paramilitares con aquiescencia de agentes estatales, en un contexto en que estaban vigentes marcos normativos que propiciaron el paramilitarismo y la identificación de sindicalistas dentro de la noción de “enemigo interno”. Además, señaló que la investigación de los hechos ha estado sujeta a demoras injustificadas, permanece en etapa preliminar y no ha seguido importantes líneas de investigación, además de que el Estado no ha informado sobre acciones específicas para dar con el paradero de la persona desaparecida. Las presuntas víctimas del caso son el señor Víctor Manuel Isaza Uribe, su esposa la señora Carmenza Vélez y sus hijos los señores Jhony Alexander Isaza Vélez y Haner Alexis Isaza Vélez.

    Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de asociación y a la protección judicial consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 16 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Víctor Manuel Isaza Uribe. Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Víctor Manuel Isaza Uribe. Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de las obligaciones establecidas en los artículos I a) y I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

    Los peticionarios señalaron que Víctor Manuel Isaza Uribe laboraba en la compañía Cementos Nare y era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) en Puerto Nare, departamento de Antioquia. Alegaron que el 19 de noviembre de 1987 el señor Víctor Manuel Isaza Uribe fue desaparecido forzadamente por paramilitares que ingresaron, sin dificultad alguna, a la cárcel de Puerto Nare, donde se encontraba privado de libertad desde el 28 de octubre de ese mismo año.

    Asimismo, afirmaron que el Estado desconoció el hecho de que la mayoría de los dirigentes y miembros del sindicato que fueron víctimas de ejecuciones sumarias y desapariciones entre 1986 y 1989, eran militantes del Partido Comunista y la Unión Patriótica, incluido el señor Isaza Uribe, contra las cuales se lideró toda una campaña de exterminio públicamente conocida a nivel nacional e internacional, que involucró a miembros de la fuerza pública y estructuras paramilitares.

  • Fredy Gabriel Martínez Loza

    Miembro
    08/16/2021 at 6:36 am

    OIT

    CASO NÚM. 2356

    INFORME PROVISIONAL

    Queja contra el Gobierno de Colombia

    presentada por — el Sindicato Nacional de Empleados Públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (SINDESENA)

    Alegatos: el Sindicato Nacional de Empleados Públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (SINDESENA), el Sindicato y la Central Unitaria de Trabajadores alegan despidos colectivos de afiliados y dirigentes sindicales en el marco de un proceso de reestructuración y la negativa del SENA a negociar con las organizaciones sindicales; la Asociación Académico Sindical de Profesores de la U.P.T.C. (ASOPROFE-U.P.T.C.) alega el despido de dos dirigentes sindicales que gozaban de fuero sindical y el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI)

    alega que la autoridad administrativa declaró ilegal una asamblea permanente realizada en el seno de EMCALI y que dicha decisión dio origen al despido de 49 afiliados y dirigentes

    Recomendaciones del Comité

    372. En vista de las conclusiones provisionales que anteceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

    a) en lo que se refiere al despido de los ocho dirigentes sindicales de SINDESENA, respecto de lo cual el Comité había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para conservar los puestos de trabajo de los mismos a fin de que éstos pudieran cumplir con sus funciones durante el proceso de reestructuración y de no ser posible conservar los puestos, que se los ubicara en otros puestos similares, el Comité tomando nota de que a uno de ellos ya se le ha levantado el fuero sindical, y fue despedido, pide al Gobierno que lo mantenga informado de la evolución de la situación respecto de los restantes siete dirigentes sindicales;

    b) en cuanto a la negativa del SENA a negociar colectivamente, recordando que la negociación colectiva en la administración pública admite que se fijen modalidades particulares de aplicación, pero teniendo en cuenta que la mera presentación de peticiones respetuosas no es suficiente para considerar que existe la negociación colectiva, el Comité pide una vez más al Gobierno que sin demora tome las medidas necesarias para que en consulta con las organizaciones sindicales concernidas se modifique la legislación a fin de ponerla en conformidad con los convenios ratificados por Colombia. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda evolución al respecto;

    c) en cuanto a la negativa por parte del SENA a otorgar permisos sindicales, recordando que el párrafo 10, apartado 1), de la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 143), prevé que en la empresa esos representantes deberían disfrutar, sin pérdida de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo necesario para desempeñar las tareas de representación y que, si bien podría exigirse al representante de los trabajadores la obtención de un permiso de sus superiores antes de tomar tiempo libre, dicho permiso no debería ser negado sin justo motivo, el Comité espera firmemente que el Gobierno continuará acordando los permisos necesarios para el ejercicio de las actividades sindicales, en consulta con las organizaciones concernidas;

    d) en lo que respecta a los nuevos alegatos presentados por la organización querellante relativos a la persecución y amenazas a los dirigentes sindicales de SINDESENA y la apertura del proceso disciplinario en contra de toda la Subdirectiva de la Regional Magdalena, por cumplir sus tareas sindicales y la sanción de tres meses impuesta al Sr. Ricardo Correa Bernal, vicepresidente de la Subdirectiva Medellín y secretario de la organización en la Junta Nacional, el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sin demora;

    e) en cuanto a los alegatos presentados por SINTRAEMCALI relativos a la declaración de la ilegalidad por la autoridad administrativa de una asamblea permanente realizada por SINTRAEMCALI en el seno de EMCALI, la cual dio origen al despido de 43 afiliados y seis dirigentes, el Comité pide al Gobierno:

    i) que sin demora tome las medidas necesarias para que el artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo sea modificado a fin de que la declaratoria de ilegalidad de las huelgas y ceses de actividades sean declarados por una autoridad independiente que goce de la confianza de las partes. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de toda evolución al respecto;

    ii) en cuanto a la constatación de la existencia de un cese de actividades y la declaratoria de ilegalidad del mismo por parte del Ministerio de la Protección, el Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado final de la acción iniciada ante el Consejo de Estado contra la resolución núm. 1696 de 2 de junio de 2004 a fin de que se determine si los hechos ocurridos conllevaron efectivamente un cese de actividades y confía en que el Consejo de Estado tendrá en cuenta los principios enunciados en los párrafos anteriores en cuanto al requisito de que las investigaciones y las declaratorias de ilegalidad de las huelgas sean efectuadas por una autoridad independiente;

    iii) en cuanto al despido de los 43 afiliados y los seis dirigentes sindicales, teniendo en cuenta que el mismo se debió a su presunta participación en un cese de actividades declarado ilegal por el Ministerio de la Protección Social, lo cual está siendo examinado por el Consejo de Estado, el Comité pide al Gobierno que reexamine la situación de los despidos a la luz de la decisión del Consejo de Estado una vez la misma sea dictada, y que lo mantenga informado de toda evolución al respecto;

    iv) en cuanto a la investigación iniciada por la Fiscalía General sobre los hechos de violencia, el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado del resultado de la misma;

    v) en lo que respecta a los últimos alegatos presentados por SINTRAEMCALI relativos al inicio de 462 procesos disciplinarios y la presión ejercida sobre los trabajadores para que no hablen del sindicato bajo la amenaza de ser despedidos, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores de EMCALI puedan ejercer libremente y sin temor de represalias sus derechos sindicales, que realice una investigación independiente que goce de la confianza de las partes sobre las presiones, amenazas y procesos disciplinarios sobre los trabajadores y que lo mantenga informado al respecto;

    f) en cuanto a la no contratación de la profesora Nilce Ariza en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación independiente a fin de determinar si la negativa a renovar el contrato de la Sra. Ariza tuvo motivos antisindicales y que le informe sobre el resultado de la misma, y

    g) en cuanto a las acciones iniciadas contra el presidente del sindicato, Sr. Luis Bernardo Díaz Gamboa a raíz de haber representado a la Sra. Ariza, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que se dejen sin efecto las acciones iniciadas y que se garantice plenamente el derecho del Sr. Gamboa a ejercer sus actividades sindicales.

    SINDESENA

    Caso núm. 2853 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja:: 09-DIC-10

    La organización querellante alega que con el objetivo de debilitar a su organización, la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estimula el paralelismo sindical, perjudicando al SINDESENA y a sus dirigentes; asimismo, alega que sus dirigentes sindicales han sido amenazados de muerte

    SINTRAVELOTAX vs. cooperativa de transportes VELOTAX

    La queja figura en una comunicación de fecha 27 de mayo de 2016 de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Transportes Velotax (SINTRAVELOTAX).

    ALEGATOS

    Por medio de una comunicación de 27 de mayo de 2016, las organizaciones querellantes denuncian que, tras la rotación de miembros de la mesa directiva de la organización sindical SINTRAVELOTAX, sus afiliados y sus directivos, incluyendo el nuevo presidente electo del sindicato, el Sr. Carlos Julio Rodríguez Rojas, han sido objeto de actos de persecución sindical por parte del consejo de administración y directivos de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. (en adelante la cooperativa de transportes), así como por parte del anterior presidente del SINTRAVELOTAX, el Sr. Luis Alfonso Peñuela. A este respecto, señalan las organizaciones querellantes que dirigentes y afiliados han renunciado al sindicato en cuestión dado las amenazas o falsas promesas de mayor remuneración y estabilidad laboral por parte de los directivos de la cooperativa de transportes, que ciertos afiliados han sido despedidos mientras que otros fueron invitados por el presidente anterior del SINTRAVELOTAX a afiliarse a otro sindicato de la cooperativa de transportes.

    Otros casos

    https://www.ens.org.co/wp-content/uploads/2016/12/Cuaderno-de-Derechos-Humanos-17-Casos-emblem%C3%A1ticos-de-violaci%C3%B3n-a-la-libertad-sindical-de-trabajadores-sindicalizados-en-Colombia-2006.pdf

  • Carlos Arturo García Calero

    Miembro
    08/16/2021 at 12:29 pm

    Caso núm. 3112
    Informe definitivo
    Queja contra el Gobierno de Colombia
    presentada por
    – la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y
    – el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, Metal-Mecánica,
    Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria,
    Comercializadoras, Transportadoras, Afines y Similares del Sector
    (SINTRAIME).

    Alegatos: las organizaciones querellantes
    denuncian una serie de violaciones a la libertad
    sindical y al derecho de negociación colectiva
    en el seno de una empresa del sector minero
    y de varias de sus empresas contratistas.

    Alegatos de las organizaciones querellantes

    127. En su primera comunicación del 9 de diciembre de 2014, las organizaciones querellantes
    alegan la existencia de una serie de violaciones al ejercicio de la libertad sindical en el
    seno de la empresa Drummond Company Inc., empresa multinacional del sector minero
    (en adelante «empresa principal») y varias de sus empresas contratistas. Las
    organizaciones querellantes indican que: i) la empresa principal explota carbón en las
    minas de Pribbenow y el Descanso, ubicadas en el Departamento del Cesar; ii) la
    empresa General de Equipos de Colombia S.A. GECOLSA (en adelante «empresa
    contratista A») realiza actividades de mantenimiento de equipos y apoyo a las
    operaciones mineras en las minas de la empresa principal, y iii) la empresa DIMANTEC
    LTDA (en adelante «empresa contratista B») realiza actividades de mantenimiento de
    equipos y apoyo a las operaciones en la empresa principal, pero a través de un contrato
    comercial con la empresa contratista A. Las organizaciones querellantes explican que el
    SINTRAIME cuenta con un gran número de afiliados en la empresa contratista B y que,
    en el momento de los hechos, había una convención colectiva suscrita por el SINTRAIME
    y la empresa contratista B con vigencia del 1.º de enero de 2012 al 31 de diciembre del
    2013 (en adelante «convención colectiva de 2012»).

    128. Las organizaciones querellantes señalan que el 13 de diciembre de 2013 el SINTRAIME
    presentó un pliego de peticiones a la empresa contratista B y denuncian que la misma
    se negó en un principio a negociar con el sindicato, de manera que tuvieron que
    presentar una querella ante el Ministerio del Trabajo para solicitar su intervención.
    Según los querellantes, a partir del 9 de julio de 2014, tras el agotamiento de la etapa de
    arreglo directo, el SINTRAIME ejerció su derecho de huelga en las distintas regiones de
    Colombia donde tiene presencia. Denuncian que, tras la declaratoria de huelga, la
    empresa contratista B: i) no permitió que los directivos sindicales ingresaran a
    inspeccionar los sellos colocados por los inspectores del trabajo en las máquinas y
    herramientas utilizadas por los trabajadores huelguistas; ii) ingresó trabajadores de
    otras empresas contratistas para reemplazar a los trabajadores huelguistas; iii) impidió
    que los trabajadores huelguistas que trabajaban en la ciudad de Soledad se ubicaran
    frente a sus instalaciones, asediándolos permanentemente para que se retiraran de allí;
    iv) la empresa, a través de algunos supervisores no sindicalizados, difundió falsas
    informaciones sobre el estado de las negociaciones entre la empresa y el sindicato, y
    recolectó firmas para solicitar el levantamiento de la huelga, y v) durante la semana del
    4 al 9 de agosto de 2014, las directivos de la empresa presionaron ilegítimamente a los
    trabajadores para que votaran a favor del levantamiento de la huelga y la convocatoria
    de un tribunal de arbitramiento.

    129. Añaden los querellantes que entre los días 31 de julio y 5 de agosto de 2014, durante el
    paro de labores, circularon panfletos por parte de una organización criminal
    denominada «Los Rastrojos» en los que se exigía a los directivos sindicales que
    levantaran la huelga y se retirasen de la empresa a cambio de no atentar contra su vida.
    Señalan que, pese a que denunciaron dichos actos ante el Ministerio del Trabajo, la
    Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, la Vicepresidencia
    y la Presidencia de la República, las personas concernidas no recibieron la protección del
    Estado.

    B. Respuesta del Gobierno

    147. El Gobierno manifiesta a continuación que no se han producido en el marco del presente
    caso violaciones a los convenios y principios de la OIT en materia de libertad sindical,
    que las varias empresas referidas cuentan con convenciones colectivas vigentes y que,
    con respecto de los hechos alegados, el Ministerio de Trabajo actuó de manera diligente
    para garantizar el respeto de la legislación laboral.

    C. Conclusiones del Comité

    157. En vista de las conclusiones que preceden, las cuales no requieren de un examen
    más detenido, el Comité invita al Consejo de Administración a que adopte la
    siguiente recomendación:
    El Comité confía en que el Gobierno se asegurará de que, cuando haya denuncias
    de actos de discriminación antisindical y amenazas, las autoridades competentes
    realicen de manera inmediata una investigación y tomen las medidas oportunas
    para remediar las consecuencias de dichos actos.

    Para más información consultar las páginas 49 a la 63: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_776043.pdf

  • Naviris del Carmen Vega Algarin

    Miembro
    08/16/2021 at 4:39 pm

    Cordial saludo.

    CIDH

    INFORME No. 15/15

    PETICIÓN 374-05

    TRABAJADORES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

    I. RESUMEN

    1. El 31 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Alberto León Gómez Zuluaga (en adelante “el peticionario”), conjuntamente con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros (en adelante “SINTRAFEC”) y con un grupo de personas presuntamente afectadas. En la misma, se alega la responsabilidad de la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “el Estado colombiano”) por violaciones a los artículos 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 8 (garantías judiciales), 16 (libertad de asociación) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y 8 (derechos sindicales) del Protocolo de San Salvador (en adelante “el Protocolo”), en perjuicio de los afiliados adscritos al Comité Regional de Bucaramanga de SINTRAFEC y los miembros que fueron elegidos para conformar su Junta Directiva, cuya inscripción fue anulada mediante una sentencia del Consejo de Estado.

    2. El peticionario sostiene que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad sindical, a la libertad de asociación, al debido proceso y a las garantías judiciales en perjuicio de Pablo Enrique Reyes Socha, Solangel Celis Serrano, José Antonio Martínez Chía, Jaime Moreno Fletcher, Pedro Leonardo Rosas y María de Jesús Pineda, elegidos para conformar la Directiva del Comité Regional de Bucaramanga de SINTRAFEC, así como también por la violación del derecho a la libertad sindical en perjuicio de Pablo Emilio Chía Bueno, Alicia Cotes de Pedraza, Omaira Díaz de Moreno, Bárbara Gómez de Gamboa, Isidro Gómez León, Humberto Rendón Ardila, Aquileo Téllez Castillo y José de Jesús Villar Araque, afiliados adscritos al Comité Regional de Bucaramanga de SINTRAFEC que eligieron a las personas antes mencionadas para integrar la Directiva del Comité Regional, a quienes se les habría desconocido el derecho a participar en la vida sindical, a reunirse en Asamblea General Regional y a elegir a sus representantes. En adelante, la Comisión se referirá a ambos grupos como “las presuntas víctimas”.

    3. Por su parte, el Estado alega que los hechos materia de la petición fueron resueltos mediante sentencia de única instancia emitida por el Consejo de Estado, que en el procedimiento ante el Consejo de Estado se respetaron el debido proceso y las garantías judiciales y que la decisión no constituye una vulneración del derecho a la libertad sindical o a la libertad de asociación. Añade que la legislación con base en la cual se declaró la nulidad de la inscripción de la Directiva del Comité Regional de Bucaramanga de SINTRAFEC fue objeto de una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró su exequibilidad, así como de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, tribunal que a su vez resolvió atenerse a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. El Estado manifiesta también que los hechos objeto de la petición no subsisten puesto que, si bien inicialmente se habría rechazado la inscripción de la Junta en cuestión, ante una nueva solicitud presentada en el año 2003 por SINTRAFEC se autorizó la inscripción de una nueva Directiva del Comité de Bucaramanga. Adicionalmente, el Estado alega que la sentencia fue debidamente notificada a SINTRAFEC con fecha 1 de octubre 2004, y que por tanto esta petición fue presentada fuera de plazo.

    4. Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión decidió declarar el caso admisible a efectos del examen sobre la presunta violación de los artículos 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 8 (garantías judiciales), 16 (libertad de asociación) y 25 (protección judicial) en concordancia con el artículo 1.1 de dicho Tratado, así como del artículo 8 (derechos sindicales) del Protocolo de San Salvador. Asimismo decidió notificar el informe a las partes, y ordenar su publicación en el Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

  • Elkin Eugenio Molina Camacho

    Miembro
    08/16/2021 at 7:14 pm

    El caso consultado es el Núm. 2853 Fecha presentación de la queja ante el Comité de libertad sindical de la OIT 09-Dic-2010.

    Se resalta en el caso que Colombia a dicha fecha ya tenía ratificado el Convenio sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 1949 (núm. 97), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

    Alegatos: La organización querellante alega que, con el objetivo de debilitar a su organización, la Dirección General del Servicio Nacional de aprendizaje SENA estimula el paralelismo sindical, perjudicando a SINDESENA y a sus dirigentes, asimismo, alega que sus dirigentes sindicales han sido amenazados de muerte.

    Entre los argumento esboza que dirigentes sindicales de otras organizaciones de la entidad han recibido un trato preferencial, configurando entre otros, con la aprobación de traslados temporales o comisiones de servicio a algunas regionales del país (con celeridad y motivadas en la situación de inseguridad por amenazas), medidas de protección no se reconocen a SINDESENA con la misma celeridad a sus dirigentes, adicionalmente le solicitan un sinfín de requisitos que no le exigen a otros dirigentes de otros sindicatos de la entidad; también hace mención que aunque sus estatutos contempla la afiliación de personal vinculados a la entidad por contratos de PS y en nombramiento provisional, ello resulta muy difícil, por cuanto se sienten intimidados ante la posibilidad de no contar con la renovación de sus contratos de PS o por cualquier otra represalia y otros aspectos esbozados por SINDESENA.

    El gobierno envió sus observaciones por comunicación el noviembre 2011; aludiendo que siempre se le ha brindado las garantías sindicales mediante la aprobación de permisos sindicales, los descuentos de las cuotas sindicales de manera oportuna, la provisión de pasajes aéreos, sedes sindicales, entro otros aspectos.

    El comité luego de leer los alegatos y sus respectivos argumentos, así como los argumentos de la contraparte (el estado) y saca sus propias conclusiones genera dos recomendaciones:

    a) el Comité espera que la cuestión de los alegados procesos disciplinarios que se habían iniciado a miembros de la junta directiva del SINDESENA podrán ser objeto de análisis en el marco del diálogo mensual que se viene desarrollando entre el SINDESENA y el SENA, y

    b) el Comité alienta al Gobierno a que continúe tomando todas las medidas a su alcance para garantizar la seguridad de los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados en el SENA.

  • Alejandro Elías Brugés Lafaurie

    Miembro
    08/16/2021 at 7:21 pm

    Informe definitivo 368, Junio 2013

    Caso núm. 2935 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja:: 31-MAR-12 – Cerrado OIT.

    El Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia (SINTRAEMSDES) presentó una queja ante la OT en la alega el despido de 19 trabajadores sindicalizados con posterioridad a la presentación del pliego de peticiones entre el 5 de febrero de 2003 y el 12 de mayo de 2004. Así mismo, refiere que la negociación colectiva culminó con la firma de la convención colectiva de trabajo el día 12 de octubre de 2006. Por último, el SINTRAEMSDES informa que los trabajadores despedidos iniciaron acciones ordinarias ante la jurisdicción nacional con fundamento en que el despido se produjo en vigencia de un conflicto colectivo, pero que los fallos fueron adversos a los trabajadores

    De igual manera informa que el 19 de noviembre de 2011 más de 25 funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud se reunieron en la ciudad de Zipaquirá con el fin de organizarse sindicalmente y crearon la primera subdirectiva sindical de la superintendencia, lo cual se puso en conocimiento a dicha entidad el 29 de diciembre de 2011. Así mismo, comenta que desde el momento de la creación de la subdirectiva la administración comenzó una campaña de desprestigio, intimidación y acoso laboral en contra de los dirigentes sindicales y que en ese contexto fueron despedidos tres trabajadores y forzaron a renuncia a tres trabajadores más.

    Frente a lo anterior, el Comité de Libertad Sindical decidió no continuar con el examen de estos alegatos en la demanda, por las siguientes razones 1) gracias a la búsqueda de consensos y diálogo, las partes en este caso lograron llegar a un importante acuerdo en el marco de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT), y 2) del acta del acuerdo que se firmó surge que se ha decidido: 1) crear una instancia de diálogo directo y permanente de las directivas del sindicato con los representantes de la Superintendencia Nacional de Salud; 2) que las reclamaciones individuales de carácter judicial sean resueltas por los jueces y bajo el estricto respeto del derecho al debido proceso de las partes involucradas; 3) que la CETCOIT permanezca como instancia a disposición de las partes con el fin de buscar fórmulas de entendimiento y de superación de las diferencias que puedan llegar a presentarse, y 4) que la queja elevada ante la OIT quedó superada y desistida.

  • Andrés Mauricio Arana Esquivel

    Miembro
    08/16/2021 at 9:34 pm

    Buenas noches, compañeros y compañeras,

    Un caso colombiano que llegó a instancias internacionales fue la queja presentada ante la OIT por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, Metal-Mecánica, Metálica, Metalúrgica, Siderúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras, Transportadoras, Afines y Similares del Sector (SINTRAIME) de fechas 9 de diciembre de 2014 y 2 de junio de 2016.

    En dicha acción, las organizaciones alegaban la existencia de una serie de violaciones al ejercicio de la libertad sindical en el seno de la empresa Drummond Company Inc., empresa multinacional del sector minero (en adelante «empresa principal») y varias de sus empresas contratistas. Indicando además que el SINTRAIME cuenta con un gran número de afiliados en la empresa contratista B y que, en el momento de los hechos, había una convención colectiva suscrita por el SINTRAIME y la empresa contratista B con vigencia del 1.º de enero de 2012 al 31 de diciembre del 2013.

    El la queja estudiada por el Comité, se argumenta que SINTRAIME presentó un pliego de peticiones a la empresa contratista B y denuncian que la misma se negó en un principio a negociar con el sindicato, de manera que tuvieron que presentar una querella ante el Ministerio del Trabajo para solicitar su intervención. Según los querellantes, a partir del 9 de julio de 2014, tras el agotamiento de la etapa de arreglo directo, el SINTRAIME ejerció su derecho de huelga en las distintas regiones de Colombia donde tiene presencia. Denuncian que, tras la declaratoria de huelga, la empresa contratista B no permitió que los directivos sindicales ingresaran a inspeccionar los sellos colocados por los inspectores del trabajo en las máquinas y herramientas utilizadas por los trabajadores huelguistas; ingresó trabajadores de otras empresas contratistas para reemplazar a los trabajadores huelguistas; impidió que los trabajadores huelguistas que trabajaban en la ciudad de Soledad se ubicaran frente a sus instalaciones, asediándolos permanentemente para que se retiraran de allí; la empresa, a través de algunos supervisores no sindicalizados, difundió falsas informaciones sobre el estado de las negociaciones entre la empresa y el sindicato, y recolectó firmas para solicitar el levantamiento de la huelga, y durante la semana del 4 al 9 de agosto de 2014, las directivos de la empresa presionaron ilegítimamente a los trabajadores para que votaran a favor del levantamiento de la huelga y la convocatoria de un tribunal de arbitramiento. Adicionalmente, las organizaciones querellantes señalan que el voto a favor del levantamiento de la huelga se caracterizó por la ausencia de controles en la votación, la participación de personal ajeno a la empresa contratista B y el otorgamiento de vehículos por parte del empleador para transportar a los votantes; además, tras la orden de reanudación del trabajo, en agosto de 2014, el empleador prohibió el acceso al sitio de trabajo El Cerrejón a los trabajadores huelguistas y los directivos del SINTRAIME.

    De igual manera denunciaron además el despido colectivo de trabajadores de la empresa contratista B. Explican que el 20 de octubre de 2015, la empresa contratista B informó mediante comunicación pública que, a partir del 31 de diciembre de 2015, la empresa contratista C daría por terminado los contratos para las actividades de mantenimiento de maquinaria, dado que la empresa principal no la había favorecido en las licitaciones para la prestación de servicios y que, por consiguiente, se rescindirían los contratos de los trabajadores de la empresa contratista B, incluyendo aquellos de los afiliados al SINTRAIME. Asimismo, informó que a partir de ese momento se daría un proceso de transición entre la empresa contratista A y la empresa ganadora de la licitación, la empresa CHM Minería (en adelante «empresa contratista D»). Indican que en una reunión convocada el 14 de diciembre de 2015 por el Ministerio del Trabajo con motivo del despido colectivo, a la cual asistieron los directivos del SINTRAIME, la empresa contratista B señaló que la no renovación de contratos se debió a las actividades sindicales en la empresa e invitó a los líderes de SINTRAIME a promover la renuncia de los trabajadores a la empresa, mientras que la empresa contratista C manifestó que dicha problemática también era ajena a su empresa y que era un asunto meramente comercial. Las organizaciones querellantes denuncian que, pese a que todo lo anterior fue escuchado por el Ministerio del Trabajo, no fue depositado en la ayuda de memoria que se envió al nivel central en Bogotá, ante lo cual, el 16 de diciembre de 2015, el SINTRAIME presentó un escrito al ministro del Trabajo denunciando los despidos y la persecución antisindical en la empresa contratista B.

    Por su parte el Comité observó violaciones a la libertad sindical en el seno de una empresa principal y varias de sus empresas contratistas operando en el sector minero: la empresa contratista A (dedicada principalmente según el Gobierno a la comercialización y representación de marcas de maquinaria pesada para diferentes sectores y encargada de actividades de mantenimiento de equipos y apoyo a las operaciones mineras en las minas de la empresa principal), la empresa contratista B (encargada de actividades de mantenimiento, reparación y construcción en la empresa principal, a través de un contrato comercial con la empresa contratista A y posteriormente con la empresa contratista C) y la empresa contratista C (que surge como resultado del proceso de escisión en la empresa A en diciembre de 2014). El Comité observa que, en este contexto, las organizaciones querellantes alegan la existencia de las siguientes violaciones: i) la negativa de la empresa contratista B de negociar con el SINTRAIME una nueva convención colectiva; ii) en el marco de una acción de huelga, diversos actos de injerencia por parte de la empresa contratista B, incluyendo la contratación de trabajadores en reemplazamiento de los trabajadores huelguistas y actos de coacción; iii) amenazas de muerte por parte de una organización criminal a miembros y dirigentes del SINTRAIME dirigidas a poner fin a la huelga y pasividad de las autoridades públicas frente a este hecho; iv) intermediación laboral ilegal destinada a reducir el costo de la mano de obra e impedir el pleno ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores de las empresas contratistas frente a la empresa principal; v) en el marco de una restructuración y la cancelación del contrato comercial entre las empresas contratistas B y C, el despido masivo antisindical de los trabajadores de la empresa contratista B, y vi) el carácter antisindical del despido por la empresa B de sindicalistas que habían participado en una huelga en el seno de una empresa luego fusionada con la empresa B y la violación al debido proceso disciplinario establecido en la convención colectiva de la empresa.

    Situaciones que desencadenaron que la OIT emitiera unas conclusiones, relacionadas con la determinación de que el caso no requería de un examen más detenido, empero invita al Consejo de Administración a que adopte una recomendación encaminada a que “el Comité confía en que el Gobierno se asegurará de que, cuando haya denuncias de actos de discriminación antisindical y amenazas, las autoridades competentes realicen de manera inmediata una investigación y tomen las medidas oportunas para remediar las consecuencias de dichos actos”

  • Edna Damaris Realpe Imbachi

    Miembro
    08/16/2021 at 9:43 pm

    Atento saludo compañeros:

    Ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva sobre Libertad sindical Honorables Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Respetuosamente, la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES – ACDAC-

    La Corte Constitucional en sentencia T- 568 de 1999, realiza un análisis sobre la obligación del Gobierno de aplicar las disposiciones adoptadas mediante tratados o convenios internacional y las consecuencias que implica el incumplimiento de las mismas, en los siguientes términos:

    · Los artículos 430 y 450 del CST de 1961 y 65 de la ley 50 de 1990 son un flaco ejemplo de este intento: allí se prohíben los ceses de actividades en los servicios públicos, con una descripción bastante genérica de éstos, y se faculta al empleador para que, con el aval de una autoridad administrativa que declare ilegal la actuación, se arrogue la facultad de despedir a los huelguistas. En contravía del artículo 27 de la Convención de Viena, el Gobierno colombiano aplicó en este caso normas internas opuestas a sus compromisos internacionales adquiridos, con dos consecuencias graves : la primera, es que cualquier Estado podría exigir, mediante una queja, que Colombia tomara una posición seria respecto a los compromisos adquiridos ; la segunda, es que los trabajadores, directos beneficiarios de los tratados de derechos humanos en general, y de los Convenios sobre condiciones de trabajo en especial, pueden – como en este caso lo hicieron – reclamar ante estamentos internacionales la efectividad de los derechos que están “en el papel”.

    · Colombia es miembro de un gran número de organizaciones internacionales que buscan la protección y garantía de los derechos humanos – entre ellas, la OIT-; las obligaciones que ha contraído en ese ámbito son exigibles por partida triple: pueden reclamarlas Organizaciones como tales (en virtud del tratado constitutivo), los Estados y, lo más importante, los individuos, como se explicó anteriormente. En cualquiera de los casos es el Estado el llamado a corregir lo que, en su orden interno, contradiga el propósito y fin de los acuerdos internacionales, y él es responsable por el cumplimiento del tratado en todo el territorio.

    CONCLUSIONES:

    1. La libertad sindical, el derecho de asociación, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos fundamentales que materializan los convenios 87 y 98 de la OIT, así como los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

    2. La huelga es un derecho fundamental que profundiza la libertad de expresión, y es un mecanismo natural para evitar que la brecha entre los empleadores y trabajadores aun sea 46 mayor, siendo la huelga un medio para lograr acuerdos entre las partes construir la justicia y la paz social.

    3. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos16 , se ha indicado que la libertad sindical y la libertad de asociación son derechos humanos fundamentales que tienen un núcleo básico que se encuentra compuesto por el derecho de negociación colectiva, reunión y huelga.

    4. Los derechos antes mencionados se fundamentan en el Preámbulo de la Convención Americana (de 1969), que es claro en establecer el espíritu integrador y de vigencia de los DESCA: Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia . Adicionalmente a lo establecido en la propia Convención Americana, y reafirmando este objetivo, en el año 2012 los Estados americanos aprobaron, sin votos en contrario, la Carta Social de las Américas con claro objetivo establecido en su preámbulo: “fortalecer el sistema interamericano con un instrumento que oriente la acción y la cooperación solidaria hacia la promoción del desarrollo integral y la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la eliminación de la pobreza y la inequidad”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Julio 31, 2019) SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS, BAJO EL SISTEMA INTERAMERICANO, SOBRE LAS GARANTÍAS A LA LIBERTAD SINDICAL, SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS Y APLICACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. Por lo tanto, no serían razonables tantos esfuerzos sociales y estatales en la dirección de fortalecer la vigencia de los DESCA y mantener a la Corte Interamericana conociendo esos derechos solamente de una forma indirecta, aun y cuando sea la temática principal de la petición de la víctima y de todo el proceso, como resulta en el presente caso.

    5. Es imperioso el respeto por los instrumentos internacionales tales como el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Por su parte, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1967) señala: “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”.

    6. Otros instrumentos que consagran el derecho a la libertad sindical son: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978), los Convenios de la OIT núm. 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949).

    7. La libertad sindical se consagra como uno de los principios centrales de la normatividad internacional del trabajo y de los derechos humanos. Esto significa que los Estados han reconocido el derecho de asociación sindical como parte de las libertades intrínsecas de una sociedad democrática.

    8. El principio de libertad sindical comprende el derecho de todos los trabajadores y empleadores a constituir organizaciones que estimen pertinentes y a afiliarse a ellas sin autorización previa.

    9. La libertad sindical cristaliza el ejercicio de uno de aquellos derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y que el derecho de toda persona que trabaja a asociarse libremente con otras para defender sus intereses sin intromisiones indebidas es un bien jurídico primario: un derecho fundamental y por ende, irrenunciable.

    10. Por virtud del principio de libertad sindical se reconocen, entre otros, el derecho de trabajadores y empleadores sin distinción a constituir organizaciones y afiliarse a ellas, el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de redactar sus Estatutos y reglamentos y elegir libremente sus representantes, constituir federaciones y confederaciones y afiliarse a las mismas. De la misma manera, la libertad sindical conlleva el “ejercicio de la acción sindical” que se traduce en el derecho de las organizaciones a establecer libremente sus actividades y a formular su programa de acción para la defensa de intereses económicos y sociales que les son propios mediante todos los medios lícitos como el derecho de huelga, el cual hace parte del derecho general a la protesta y el derecho de negociación colectiva.

    11. Importa mencionar la interdependencia que existe entre el ejercicio de la libertad sindical y los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores.

    12. A la luz de la libertad sindical, las personas están protegidas contra la discriminación antisindical, lo que significa que nadie puede ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas. Asimismo, es parte de la libertad sindical la protección de las organizaciones contra todo acto de injerencia. Esto permite salvaguardar la independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades respecto de los empleadores.

    13. Existe igualmente un vínculo fundamental entre el derecho de asociación y las libertades públicas. En consecuencia, para funcionar de manera adecuada, los sindicatos deben llevar a cabo sus actividades en un clima general de libertad y seguridad. Así, los promotores e integrantes de sindicatos gozan con el conjunto de la población del derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, la libertad de expresión y opinión, las garantías procesales. Proteger estos derechos implica no tolerar amenazas contra dirigentes sindicales, afiliados de base o promotores de sindicatos en formación o quienes participan en la protesta social o huelga.

    14. Adicionalmente, un Estado que respeta la libertad sindical, evita prácticas como la detención y encarcelamiento arbitrarios de sindicalistas, la confiscación de bienes de organizaciones sindicales sin orden judicial, la restricción de publicaciones, la suspensión o disolución de una organización por resolución administrativa.

    15. La defensa de los derechos humanos que se analizan en la opinión consultiva es una tarea de toda la sociedad sin distingo alguno y demanda de las autoridades su protección y amparo. En los anteriores términos dejamos consignadas nuestras observaciones, no sin antes mencionar de manera respetuosa a los Honorables Jueces de la CORTE IDH que en Colombia somos víctimas de la persecución del Estado y de los empleadores que constantemente desconocen las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y con ello, violan de manera permanente los derechos de reunión, a la libertad de expresión, de asociación sindical, a la negociación colectiva, a la huelga, el debido proceso y las garantías judiciales, en particular, de los trabajadores pilotos afiliados a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES -ACDAC-, y a los trabajadores afiliados al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AÉREO – SINTRATAC-, así como de los demás trabajadores y trabajadoras afiliados a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AUXILIARES DE VUELO – ACAV- . Rogamos a ustedes, Honorables Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tener en cuenta nuestras observaciones que están sustentadas en un caso real de violaciones que ocurre en Colombia. 49 Así mismo, manifestamos a ustedes la intención de participar en todas las audiencias públicas que respecto de este tema se lleguen a desarrollar.

  • Luis Alberto Miranda Riascos

    Miembro
    08/17/2021 at 12:07 pm

    Caso núm. 2877 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja:: 14-JUN-11

    Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Brinks de Colombia S.A. (SINTRABRINKS)

    Las organizaciones querellantes alegan que en el marco de una campaña de persecución antinsindical, la empresa Brinks de Colombia S.A. despidió a trabajadores sindicalizados, provocó la desafiliación de trabajadores y elaboró un pacto colectivo con el objetivo de obtener la desafiliación de los trabajadores y de menoscabar sus derechos

    En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:

    a) en lo que respecta a alegato según el cual en 2010, en el marco de una campaña de persecución antisindical, la empresa Brinks de Colombia S.A. despidió a seis trabajadores sindicalizados (los querellantes comunican los nombres de cuatro personas: Aroldo Miranda, Robert Santiago Cuevas Avellaneda, Alfonso Avella Sáenz y Gilberto Mojica Mahecha), el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de la investigación administrativa que lleva a cabo la Dirección Territorial del Valle. Asimismo, el Comité espera que la investigación en cuestión se ocupe de los alegados despidos de dos trabajadores afiliados al SINTRABRINKS en 2012 para asegurarse de que no se haya cometido ningún acto de discriminación antisindical;

    b) en cuanto al alegato según el cual la campaña de persecución antisindical en la empresa provocó desafiliación al SINTRABRINKS (según los querellantes, en 1999 el sindicato contaba con 473 afiliados a nivel nacional y en 2010 contaba sólo con 97), el Comité, al tiempo que toma nota de que el Gobierno indica que la investigación administrativa que adelanta la Dirección Territorial del Valle se ocupa de estos alegatos, le pide que le mantenga informado de sus resultados;

    c) en cuanto al alegato según el cual la empresa elaboró un pacto colectivo para el período 2009-2011, buscando la desafiliación de los trabajadores sindicalizados (según los querellantes el artículo 3 del pacto impone como condición la desafiliación del sindicato para beneficiarse de lo establecido en el pacto) y menoscabar sus derechos, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de la investigación que realiza la Dirección Territorial del Valle al respecto, y

    d) el Comité saluda que en el marco de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT (CETCOIT) se logró un acuerdo entre las partes en conflicto en relación con este caso el día 5 de septiembre de 2012 y pide al Gobierno que le mantenga informado sobre toda evolución en relación con la aplicación de este acuerdo.

  • Leily Xiomara Rojas Sánchez

    Miembro
    08/17/2021 at 3:30 pm

    Caso núm. 2584 (Burundi) – Fecha de presentación de la queja:: 28-JUN-07

    Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU)

    La organización querellante alega actos de vulneración del derecho de negociación colectiva dado que el Gobierno ha decidido el cese de las actividades del Complejo Textil de Bujumbura y despedido a sus trabajadores sin mantener consultas con los representantes del personal, en violación de los textos reglamentarios y del convenio colectivo interprofesional nacional de trabajo. Por otra parte, la fijación del preaviso y de las indemnizaciones de despido se ha hecho en violación del Convenio núm. 98

  • Diego Felipe Saenz Villada

    Miembro
    08/17/2021 at 3:46 pm

    Dando la respuesta al foro, y después de buscar y analizar varios casos me gusto el siguiente caso 1896 de 1997, y es sobre el grave hecho de asesinatos de sindicalistas o lideres a nivel nacional, tema que aún esta en auge ya que a pesar de que las denuncias se realizaron el 1997, hoy 24 años después se sigue viviendo este fenómeno, para ello pego parte del alegato y conclusiones de este caso.<div>

    En primer lugar, antes de analizar los alegatos y las observaciones comunicadas por el Gobierno en relación con cada caso en particular, el Comité desea expresar su grave preocupación ante los alegatos que se refieren en gran parte a la muerte violenta, desaparición y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos contra sedes de sindicatos y de domicilios de sindicalistas.

    El Comité recuerda que desde hace numerosos años existen casos sobre graves actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas en Colombia y deplora tener que observar que la violencia no parece haber disminuido, sino por el contrario, pareciera que en los últimos años existe un recrudecimiento de la misma, que ha afectado otra vez a sindicalistas.

    El Comité observa que según se desprende del informe de misión, en la compleja y grave situación de violencia que vive Colombia se encuentran una serie de hechos preocupantes reconocidos por la mayoría de los entrevistados por el representante del Director General: i) la violencia golpea a todos los sectores de la sociedad (las cifras mencionadas sobre asesinatos cometidos durante 1995 varían entre 25.000 y 30.000) pero el movimiento sindical ha sido agresivamente atacado y es un fenómeno que se arrastra desde hace 45 años en Colombia y que se ve favorecido por una presencia – en ocasiones – distendida de la autoridad estatal en algunas regiones del país; ii) son actores de la violencia la guerrilla, el narcotráfico, los grupos paramilitares – algunos de ellos actuarían con la aquiescencia o activa participación de las fuerzas de seguridad del Estado – y la delincuencia común; iii) existe un elevadísimo número de casos de actos de violencia sin esclarecer, lo que provoca un incentivo adicional para la reiteración de los crímenes y violaciones de los derechos humanos (existen pocos juzgados, los procedimientos son lentos, los fiscales no pueden o no se atreven a investigar porque sus vidas corren peligro), y iv) es casi imposible brindar protección a los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados. El Comité destaca la total ineficacia del sistema judicial y la intervención de la justicia militar en concurrencia con la justicia civil.

    El Comité toma nota de que según se desprende del informe de misión, el Gobierno manifiesta que ha tomado una serie de medidas positivas para lograr terminar con la impunidad. Concretamente, el Comité toma nota con interés de las siguientes medidas adoptadas: i) el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía Nacional; ii) la creación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, cuya competencia se extiende, entre otros, a delitos en que la víctima es un dirigente sindical y se presume que la causa de su muerte es su actividad sindical; iii) el proyecto de creación en la estructura del Ministerio del Interior de la Unidad Administrativa Especial de Derechos Humanos que contaría con un área especial destinada a la protección de las personas amenazadas; y iv) la creación de un comité ministerial para examinar casos sobre violaciones de los derechos humanos que examina la veracidad de los alegatos y en caso de comprobar la veracidad de los mismos y de responsabilidad del Estado ordena el pago de indemnizaciones. Aunque toma nota de estas medidas, el Comité subraya que en el informe de misión se indica que el número de víctimas de la violencia es extraordinariamente elevado y que el fracaso de los procesos judiciales para esclarecer los hechos da lugar a un elevadísimo índice de impunidad. Además, el Comité deplora profundamente que en ninguno de los numerosos alegatos presentados se haya condenado y sancionado a los culpables. Por último, el Comité toma nota con interés del clima de concertación social que intenta imponer el Gobierno, divulgando la importancia de una ética y de una nueva cultura que, sin desconocer la diferencia o el conflicto, dé prioridad al diálogo y al entendimiento.

    Finalmente, el Comité no puede dejar de observar con extrema preocupación que según el informe de misión llama la atención el desarrollo que tienen actualmente los grupos paramilitares o de autodefensa en muchos sectores del país, cuyos actos de violencia se suman a los del narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia común y, desde el punto de vista institucional, a los de representantes de las fuerzas de seguridad. Asimismo el Comité observa que del informe de misión surge que el accionar de grupos paramilitares afecta en primer lugar a los sindicalistas en numerosas regiones del país, y que muchos de los entrevistados hicieron hincapié en el hecho de que las fuerzas de seguridad permiten el accionar de estos grupos. También, el Comité observa que los entrevistados hicieron referencia a la existencia de casos en que agentes del Estado han cometido actos de violaciones de los derechos humanos.

    En este contexto, y en relación con todos los actos de violencia alegados, el Comité recuerda al Gobierno que “la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y la seguridad de la persona”; “el asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos”; y que “la ausencia de fallos contra los culpables comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales” (véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafos 46, 51 y 55). Además, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para desarticular los grupos paramilitares que impiden el normal desarrollo de las actividades sindicales en distintas zonas del país.

    </div>

  • Julian Eduardo Gómez Benavides

    Miembro
    08/17/2021 at 6:12 pm

    Este caso en particular me llamo mucho la atención, porque se generó en la época de mayor fuerza del narcotráfico y grupos delincuenciales, el mismo en el cual el sindicalismo corría mucho mas riesgo, pues ser sindicalista era sinónimo en muchos casos un acto de valor, puesto que eran épocas de mucha más persecución y ataque a estos grupos.

    Informe provisional – Informe núm. 306, Marzo 1997

    Caso núm. 1787 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja: 28-JUN-94 – En seguimiento

    Alegatos: Asesinatos y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, actos de discriminación antisindical y denegatoria de reconocimiento de la representatividad de una organización sindical

    · 249 El Comité examinó el caso núm. 1787 por última vez en su reunión de junio de 1996 (véase 304.o informe, párrafos 159 a 178). La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió informaciones complementarias por comunicaciones de 20 y 28 de mayo y 18 de julio de 1996. El Gobierno envió observaciones parciales por comunicaciones de septiembre y 16 de diciembre de 1996.

    · 251 En su reunión de diciembre de 1995, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones formuló una observación sobre la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) por Colombia y solicitó al Gobierno que tomara medidas para poner en conformidad su legislación con el Convenio. Durante la discusión del caso relativo a la aplicación de este Convenio por Colombia en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 1996, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Sr. Orlando Obregón Sabogal, invitó a la OIT a que realizara una misión en su país con el fin de promover los derechos sindicales y el diálogo social. Posteriormente, el Gobierno decidió extender el mandato de la misión a los casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración (casos núms. 1761, 1787 y 1896).

    · 253 Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

    B. B. Conclusiones del Comité

    § El Comité recuerda que desde hace numerosos años existen casos sobre graves actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas en Colombia y deplora tener que observar que la violencia no parece haber disminuido, sino por el contrario, pareciera que en los últimos años existe un recrudecimiento de la misma, que ha afectado otra vez a sindicalistas.

    § 275 El Comité observa que según se desprende del informe de misión, en la compleja y grave situación de violencia que vive Colombia se encuentran una serie de hechos preocupantes reconocidos por la mayoría de los entrevistados (las cifras mencionadas sobre asesinatos cometidos durante 1995 varían entre 25.000 y 30.000) pero el movimiento sindical ha sido agresivamente atacado y es un fenómeno que se arrastra desde hace 45 años en Colombia y que se ve favorecido por una presencia –

    § 278 En este contexto, y en relación con todos los actos de violencia alegados, el Comité recuerda al Gobierno que “la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y la seguridad de la persona”; “el asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron.

    Caso núm. 1787

    § 283 En relación con los numerosos asesinatos y actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité toma nota de la información suministrada por el Gobierno a la misión, de la cual se desprende que se han iniciado investigaciones judiciales en relación con los asesinatos y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales o sindicalistas.

  • Jorge Ariel Torres González

    Miembro
    08/17/2021 at 7:16 pm

    Alegatos de la organización querellante Confederación General del Trabajo (CGT)

    En sus comunicaciones de fechas 6 de junio de 2014 y 31 de enero de 2017, la Confederación General del Trabajo (CGT) indica que la empresa municipal EMCALI (en adelante «la empresa») es una empresa industrial y comercial del Estado, encargada de prestar los servicios de agua, energía, alcantarillado y teléfonos en los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada. La organización querellante alega que, entre mayo de 2004 y enero de 2010, en el marco de una supuesta reestructuración, la empresa despidió a 52 afiliados al Sindicato de Servidores Públicos de la empresa (SERVIEMCALI), entre ellos los siete miembros de la junta directiva y 27 jefes de departamento, reduciendo a la mitad a los miembros del sindicato, afiliado a la CGT y fundado el 5 de mayo de 2002 con 105 miembros. La organización querellante indica que los trabajadores despedidos eran empleados públicos y no se beneficiaban de la convención colectiva firmada entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, Colombia (SINTRAEMCALI), sindicato mayoritario de trabajadores oficiales, la cual preveía la estabilidad en el empleo para los trabajadores oficiales.

    Respuesta del Gobierno

    En sus comunicaciones de fechas 19 de junio de 2015 y 13 de febrero de 2018, el Gobierno envía sus observaciones, así como las de la empresa. El Gobierno indica que, en 2002, con el propósito de recuperar la viabilidad operativa y financiera de la empresa municipal, la misma pasó a ser intervenida por el Gobierno nacional y a partir de aquel momento estuvo administrada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros.

    Conclusiones del Comité

    En relación con los despidos realizados a raíz de la reestructuración de la empresa, el Comité observa que, según informan el Gobierno y la empresa, los siete miembros de la junta directiva del SERVIEMCALI que fueron despedidos, fueron reintegrados por vía de tutela. Observa asimismo que, de los 385 trabajadores despedidos, 52 eran afiliados al SERVIEMCALI, con lo cual el sindicato perdió la mitad de sus miembros. Observando que el Comité no dispone de elementos que le permitan concluir que el despido de los trabajadores afiliados al sindicato, hayan sido éstos empleados públicos o trabajadores oficiales, se haya debido a su afiliación sindical o al ejercicio de actividades sindicales legítimas, el Comité subraya que no forma parte de sus competencias pronunciarse sobre alegatos relativos a los programas de reestructuración, incluso si suponen despidos colectivos, excepto si dichos programas han dado lugar a actos de discriminación o injerencia antisindical

  • Vivíana Fajardo Muñeton

    Miembro
    08/18/2021 at 10:12 am

    El caso sometido a la Corte. – El 3 de abril de 2016 la Comisión Interamericana de
    Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la
    jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61
    de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte, el caso Víctor Manuel
    Isaza Uribe respecto de la República de Colombia (en adelante “el Estado”, o “Colombia”). Según
    la Comisión, el caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de Víctor Manuel lsaza
    Uribe desde el 19 de noviembre de 1987, mientras se encontraba en detención preventiva en la
    cárcel del municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia, cuando un grupo de hombres no
    identificados lo sustrajeron de allí. La Comisión señaló que él era miembro del Sindicato Único de
    Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) y simpatizante del
    partido político Unión Patriótica (UP). La Comisión determinó que, en relación con las versiones
    sobre cómo ocurrieron los hechos, existen suficientes elementos para calificarlos como una
    desaparición forzada llevada a cabo por grupos paramilitares con aquiescencia de agentes
    estatales, en un contexto en que estaban vigentes marcos normativos que propiciaron el
    paramilitarismo y la identificación de sindicalistas dentro de la noción de “enemigo interno”.
    Además, señaló que la investigación de los hechos ha estado sujeta a demoras injustificadas,
    permanece en etapa preliminar y no ha seguido importantes líneas de investigación, además de
    que el Estado no ha informado sobre acciones específicas para dar con el paradero de la persona
    desaparecida. Las presuntas víctimas del caso son el señor Víctor Manuel Isaza Uribe, su esposa
    la señora Carmenza Vélez y sus hijos los señores Jhony Alexander Isaza Vélez y Haner Alexis
    Isaza Vélez.
    2. Trámite ante la Comisión. – El trámite ante la Comisión fue el siguiente:
    a.Petición.- En diciembre de 1990 la Comisión recibió una petición presentada por la Asociación
    de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y la Comisión Colombiana de Juristas,
    actuando en representación de las presuntas víctimas.
    b.Informe de admisibilidad. – El 22 de julio de 2011 la Comisión aprobó el Informe de
    Admisibilidad 102/11, en el que declaró que la petición 10.737 era admisible2
    .
    c. Informe de Fondo. – El 21 de julio de 2015 la Comisión emitió el Informe de Fondo No.
    25/15, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana (en adelante “Informe
    de Fondo” o “el Informe”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias
    recomendaciones al Estado3

    d. Notificación al Estado.- La Comisión notificó el Informe de Fondo al Estado el 3 de agosto de
    2015 y le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
    recomendaciones. La Comisión señaló que, tras el otorgamiento de dos prórrogas, el Estado
    no había avanzado en ese sentido, particularmente en lo relativo a la investigación y sanción
    de los responsables y la búsqueda del destino o paradero de la presunta víctima. (f.3)
    3. Sometimiento del caso ante la Corte.- El 3 de abril de 2016, transcurridos más de 31 años
    de sucedidos los hechos del caso y más de 25 años después de presentada la petición ante la
    Comisión, ésta sometió a la Corte la totalidad de los hechos y conclusiones sobre violaciones de
    derechos humanos descritos en el Informe de Fondo 25/15, por la “necesidad de obtención de
    justicia para las [presuntas] víctimas del caso”
    4
    .
    4. Solicitudes de la Comisión Interamericana.- Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a
    este Tribunal que concluya y declare que el Estado es responsable por la violación de los derechos
    declarados en su Informe de Fondo y que le ordene, como medidas de reparación, las
    recomendaciones contenidas en el mismo.

  • Yovany Cano Rodríguez

    Miembro
    08/19/2021 at 6:56 pm

    Cordial saludo;

    El caso que decidí analizar corresponde a una queja radicada 29 de julio de 2015 por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (SINTRAUNIOBRAS); donde se documenta el proceso disciplinario irregular que condujo al despedido e inhabilidad por diez años del líder sindical y miembro de junta directiva José Manuel Fonseca Rodríguez bajo el supuesto cargo de peculado por haber supuestamente permitido el uso indebido de materiales y maquinarias públicos para llevar a cabo la pavimentación de parqueaderos privados; proceso que se dio sin reconocer su condición de aforado e implicaba autorización judicial para su sanción. De igual forma se violo también la convención colectiva de la entidad pública pues contemplaba en su comparecencia el acompañamiento de un representante sindical.

    En su respuesta el gobierno manifiesta la revocatoria de la sanción por ser contraria a la legislación laboral en materia de fuero sindical y ordenó de manera inmediata el reintegro del trabajador a su puesto anterior y al mismo tiempo, se inició el proceso de solicitud de levantamiento judicial que dio como resultado la autorizaron del levantamiento del fuero sindical en primera y segunda instancia al considerar que el despido fue con justa causa e indica que producto de la denuncia ante internacional se realizó una investigación preliminar en la entidad pública por presuntas infracciones al derecho laboral colectivo. De igual forma señalo que el trabajador no se reintegró a sus funciones laborales posterior a la revocatoria de la sanción.

    La comisión en sus conclusiones considera que se ha cumplido el debido proceso cuanto se realizó el reintegro del trabajador y se cumplió con el procedimiento contemplado en la convención colectiva que “ el principio según el cual un trabajador o un dirigente sindical no debe sufrir perjuicio por sus actividades sindicales no implica necesariamente que el hecho de tener un mandato sindical confiera a su titular una inmunidad contra un eventual despido cualquiera que sea la causa”.

    Este caso la corte demuestra su objetividad en los procesos y reitera la necesidad de que como lideres sindicales no realicemos acciones que puedan considerarse como faltas graves.

  • Enith Mendoza Ballesteros

    Miembro
    08/19/2021 at 10:45 pm

    VIOLACION A LIBERTAD SINDICAL DENUNCIADO ANTE LA COMISION DE APLICACIÓN DE NORMAS DE LA OIT

    El pasado 15 de junio de 2021, se llevo a cabo la sesión virtual de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT en la que se analizó la situación de Colombia, que este año fue incluida en la lista de los 19 países llamados a rendir cuentas por el incumplimiento del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

    En representación de los trabajadores colombianos, estuvo el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y vicepresidente 3º de CLATE, Percy Oyola Paloma, quien en su intervención afirmo:

    .

    “Los y las trabajadoras de Colombia agradecemos que luego de 12 años se vuelva a llamar al país por las terribles violaciones a la libertad sindical. No solo la Comisión de Expertos ha constatado graves violaciones a la asociación, negociación y huelga, sino que también el Comité de Libertad Sindical ha señalado que Colombia es el país con más casos de homicidios, discriminación y figuras legales que impiden la libertad sindical”.

    El dirigente recordó que “durante años Colombia ha sido clasificada entre los diez peores países del mundo para los trabajadores y trabajadoras” y que “en los últimos doce años hemos padecido 4.888 violaciones a la vida e integridad de sindicalistas”.

    Afirmo además, que por mucho tiempo el gobierno de Colombia había responsabilizado al conflicto armado de las innumerables violaciones a la libertad sindical y a los delitos y atentados impetrados contra los dirigentes y líderes sindicales colombianos. Y que la situación se agudizo con los hechos ocurridos con el paro nacional, que inició el pasado 28 de abril de este año, donde mas de 800 municipios se fueron a protestas pacificas en capitales y carreteras del país, por lo que el representante de CGT, solicito a la OIT, una comisión tripartita para Colombia, para establecer un plan en el que se obligue al gobierno colombiano a cumplir con las conclusiones de la comisión, tendientes al cese de la violaciones de la libertad sindical y se promueva la legislación que lo garantice en todos sus aspectos.

  • Harrison García Agudelo

    Miembro
    08/23/2021 at 11:23 pm

    En este sentido, para desarrollar la pregunta la pregunta planteada para este módulo de los comités expuestos en el mismo escogeremos el comité de libertad sindical, donde explicaremos la ruta que se debe seguir para acceder al mismo. Este comité es el encargado de vigilar las normas del OIT el cual orienta a los países miembros de esa institución internacional en cuanto a la interpretación, alcance y cumplimiento de las normas sobre la libertad sindical.

    Ahora bien, la ruta para acceder a este comité debe activarse por parte de las organizaciones sindicales que consideren que el estado a incumplido con su deber de proteger la libertad sindical, se acudirá ante una instancia internacional, presentando una queja dirigida al presidente del comité de libertad sindical, donde esta queja debe contener el nombre e identificación de la organización, el domicilio de esta, la descripción de los hechos que son objeto de la denuncia, la relación de las pruebas, los fundamentos de derecho, elevar las peticiones y relacionar la fecha y lugar donde se expide la queja, para que así dicho comité pueda dar el trámite pertinente para darle solución a la queja expuesta.

  • Nurys Remedios Rondano de Corwin

    Miembro
    08/25/2021 at 4:46 pm

    Caso número 2730 ( Colombia ) fecha de presentación de la queja: 06 – julio – 2009 Sindicato de Trabajadores de la empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali ( Sintraemsirva) apoyada por la Central Unitaria de trabajadores (CUT ) y la internacional de los servicios públicos (ISP).

    . En sus
    comunicaciones de fechas 6 de julio y 7 de septiembre de 2009, el
    Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de
    Cali (SINTRAEMSIRVA) alega que la Superintendencia de Servicios Públicos
    Domiciliarios procedió a liquidar la Empresa de Servicios Públicos de Aseo
    de Cali (EMSIRVA ESP) argumentando inviabilidad económica y financiera.
    Sin embargo, según la organización querellante, el motivo verdadero de
    dicha liquidación era la eliminación de la organización sindical, en el
    momento en que se encontraba en la etapa de la negociación colectiva.
    427. La
    organización querellante señala que en diciembre de 1996, SINTRAEMSIRVA y
    la empresa suscribieron un acta extraconvencional que después fue elevada
    a categoría de convención colectiva de trabajo. Dicha convención preveía
    un plan de retiro compensado tendiente a indemnizar a los trabajadores que
    voluntariamente optaron por el retiro con el objetivo de reducir los
    costos laborales de la empresa. Estos retiros se tradujeron en una
    reducción significativa de los ingresos de la organización ya que se
    retiraron 317 trabajadores. Ocho años después, en octubre de 2005, la
    empresa fue intervenida por el Gobierno a través del Superintendente de
    Servicios Públicos Domiciliarios debido a los altos costos laborales y
    pensionales de la entidad.
    428. En
    noviembre de 2006, la Superintendencia adopta un plan de salvamento de la
    empresa basado en la renegociación de los beneficios convencionales y un
    plan de retiro voluntario. Si bien SINTRAEMSIRVA se manifestó dispuesto a
    iniciar nuevas negociaciones, la empresa se negó hasta agosto de 2008. En
    dichas negociaciones se trataron entre otras cuestiones la propuesta
    económica de indemnización por retiro voluntario. SINTRAEMSIRVA manifestó
    su voluntad de que se respetara el acuerdo firmado en 1996. Sin embargo,
    el 10 de marzo de 2009, la Superintendencia de Servicios Públicos
    Domiciliarios dio a conocer su propuesta definitiva a la cual debían
    acogerse la totalidad de los trabajadores oficiales. Dicha propuesta
    garantizaba derechos considerablemente inferiores a los previstos en la
    convención colectiva respecto a la indemnización y la pensión por vejez.
    En definitiva se extinguían todos los beneficios legales y extralegales
    establecidos en la convención colectiva vigente. El 20 de marzo de 2009,
    la asamblea general del sindicato decidió que los trabajadores se
    acogerían al retiro voluntario siempre y cuando la indemnización fuera la
    establecida en la convención colectiva. El 25 de marzo de 2009, la
    Superintendencia decidió liquidar la empresa debido a que no se había
    podido llegar a un acuerdo con la organización sindical en cuanto a la
    renegociación de la convención colectiva vigente. Las tareas de la empresa
    son actualmente desarrolladas por una cooperativa de trabajo.
    429. Según
    SINTRAEMSIRVA, la liquidación de la empresa fue el mecanismo utilizado
    para justificar la terminación de la relación laboral de los trabajadores
    disminuyendo de esta forma el número de miembros activos del sindicato.

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