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Inicio Forums Derecho laboral Colectivo – Sindefonahorro (Foro) Foro de participación módulo 11

  • Foro de participación módulo 11

  • Soporte Redal

    Administrator
    02/03/2021 at 7:17 pm
  • Diana Cecilia Gómez Cely

    Miembro
    04/27/2021 at 9:27 pm

    Durante esta sesión del módulo 11 cada estudiante deberá compartir en el foro

    Consulte en la Web o en su organización sindical que casos conocen que hayan llegado a estas instancias internacionales, por violaciones a la libertad sindical y comparta en el foro un resumen del caso con sus compañer@s.

    • Sandra Castañeda Moreno

      Miembro
      04/29/2021 at 6:46 pm

      Buena noche compañeros, quiero compartir con ustedes un informe de la OIT relacionado con las violaciones a la libertad sindical, no solo en Colombia, sino en varios países del mundo.

      EL INFORME DEL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT PONE DE RELIEVE GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS SINDICALES EN COLOMBIA, NIGERIA Y SUDÁN, ENTRE OTROS PAÍSES.

      GINEBRA (Noticias de la OIT) – Tras denunciar la violencia endémica contra los sindicalistas – asesinatos, desapariciones, intimidación y hostigamiento en Colombia, Nigeria y Sudán – el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo pidió una revisión de la legislación y las prácticas laborales en estos y en otros 17 países.

      El Comité de Libertad Sindical, creado en 1951, supervisa la observancia de los principios fundamentales de la libertad de asociación, lo que garantiza, entre otros, el derecho de los trabajadores a fundar sindicatos y a entablar negociaciones colectivas. El Comité se reúne tres veces por año y está integrado por tres representantes gubernamentales, tres representantes de los empleadores y tres representantes de los trabajadores.

      El Comité reconoció que “la compleja y grave situación de violencia que vive Colombia” afecta a todos los sectores de la sociedad, el Comité observó, en particular, que “el movimiento sindical ha sido agresivamente atacado”. Habida cuenta del elevadísimo número de actos de violencia sin esclarecer, el Comité destacó “la total ineficacia del sistema judicial y la intervención de la justicia militar en concurrencia con la justicia civil.”

      El Comité hizo constar “su grave preocupación” por los alegatos que se refieren “en gran parte a la muerte violenta, desaparición forzosa y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas”, así como a allanamientos contra sedes de sindicatos y de domicilios de sindicalistas, violando de esta manera el derecho de asociación y de la libertad sindical.

      En el informe de la misión de la OIT, efectuada del 7 al 11 de octubre de 1996, se dice que la lucha civil en Colombia es una de las más virulentas y persistentes del mundo y se estima que el número de asesinatos perpetrados en 1995 se sitúa “entre 25.000 y 30.000, sin contar otro tipo de agresiones.”

      En particular, el informe señala que es preciso robustecer la función judicial ya que: “Si la población se muestra desencantada de la misma, puede presumirse que ello sea un incentivo adicional al recurso a medidas de acción violentas para solucionar conflictos incluso de naturaleza individual.” Como ejemplo de la insuficiencia de recursos oficiales, la misión especial indicó que en Bogotá, ciudad de más de 7 millones de habitantes, “existen sólo 16 juzgados laborales de primera instancia.”

      Los miembros del Comité manifestaron su extrema preocupación por el desarrollo que tienen actualmente los grupos paramilitares o de autodefensa en muchos sectores del país “cuyos actos de violencia afectan en primer lugar a los sindicalistas en numerosas regiones del país”. Pidieron al Gobierno que “tome las medidas necesarias para desarticular a los grupos paramilitares que impiden el normal desarrollo de las actividades sindicales”. Además, el Comité instó al Gobierno a incrementar la “concertación social” mediante, entre otras medidas, un acercamiento entre el capital y el trabajo, lo que significaría un aporte importante al establecimiento de una cultura de la paz, sustituyendo a la cultura de la guerra.

      306.o informe del Comité de Libertad Sindical (GB.268/6). Consejo de Administración, 268.a reunión. Oficina Internacional del Trabajo. Ginebra, marzo de 1997.

      https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_008824/lang–es/index.htm- Código del proyecto: OIT/97/

    • Lidia Mercedes Fonseca Morales

      Miembro
      05/13/2021 at 6:28 pm

      Buen día, encontré este caso que deseo compartir,

      Caso núm. 2730 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja:: 06-JUL-09Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali (SINTRAEMSIRVA) apoyada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Internacional de los Servicios Públicos (ISP)

      Alegatos

      El Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali (SINTRAEMSIRVA) alega que en el marco del proceso de liquidación de la empresa que culminó el 25 de marzo de 2009, se procedió al retiro de dirigentes y afiliados sindicales con el objetivo de hacer desaparecer a la organización sindical a pesar de que se estaba llevando a cabo una negociación colectiva. Dichos retiros se efectuaron según la organización sindical sin respetar el fuero sindical circunstancial previsto en la legislación durante el proceso de negociación, ni las indemnizaciones y beneficios pensionales previstos en la convención colectiva vigente.

      Conclusiones del Comité

      439. El Comité observa que en el presente caso, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Aseo de Cali (SINTRAEMSIRVA) alega que en el marco del proceso de liquidación de la empresa que culminó el 25 de marzo de 2009, se procedió al retiro de dirigentes y afiliados sindicales con el objetivo de hacer desaparecer a la organización sindical y a pesar de que se estaba llevando a cabo una negociación colectiva. Dichos retiros se efectuaron según la organización sindical sin respetar el fuero sindical circunstancial previsto en la legislación durante el proceso de negociación, ni las indemnizaciones y beneficios pensionales previstos en la convención colectiva vigente. A este respecto, el Comité toma nota de que según la organización querellante la autoridad judicial autorizó el levantamiento del fuero sindical de los dirigentes para que la empresa procediera al despido, pero que en cuanto a la cuestión del incumplimiento de las disposiciones previstas en la convención colectiva la autoridad judicial decidió a favor de los trabajadores.

      440. A este respecto, el Comité toma nota de que según el Gobierno: 1) mediante resolución núm. SSPD-20051300024305, de 27 de octubre de 2005, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de la empresa con fines liquidatorios; 2) en el marco de dicho proceso, se inició una «renegociación» tendiente a tratar de salvar la empresa con la condición de que si no se lograba un acuerdo, se procedería a la liquidación, 3) dicha condición era conocida por los trabajadores.

      441. El Comité toma nota de que el Gobierno añade que si bien la empresa no llegó a un acuerdo con SINTRAEMSIRVA antes de iniciar el proceso de liquidación, se llevó a cabo un exhaustivo proceso de intercambio de informaciones y consultas con SINTRAEMSIRVA, previo a la adopción de la decisión de liquidación entre diciembre de 2006 y marzo de 2009. Estas consultas fueron llevadas a cabo el 20 de diciembre de 2006, el 11 de junio de 2008, el 15 de agosto de 2008, el 23 de septiembre de 2008, el 10 de octubre de 2008, el 5 de noviembre de 2008, el 21 de noviembre de 2008, el 27 de enero de 2009, y el 24 de marzo de 2009. Finalmente, mediante resolución núm. SSPD-2009130007455, de 25 de marzo 2009, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decretó la liquidación de EMSIRVA ESP motivando dicha resolución en los elevados costos operacionales debido a la existencia de una convención colectiva onerosa, un cuantioso pasivo pensional y altos costos operativos derivados de ineficiencias operativas y obsolescencia del parque automotor. Como consecuencia de dicha resolución se procedió al despido del personal de la empresa.

      442. El Comité toma nota de que según el Gobierno, algunos trabajadores iniciaron acciones de tutela que fueron decididas a favor de los trabajadores ordenándose el reintegro, ante lo cual la empresa inició las acciones de levantamiento de fuero sindical. En cuanto al alegado incumplimiento de las pensiones de jubilación previstas en la convención colectiva, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que existen procesos judiciales al respecto que se encuentran en etapa probatoria.

      443. El Comité observa que según se desprende de los alegatos y de la respuesta del Gobierno el proceso de liquidación de la empresa afectó a todos los trabajadores de la misma, incluidos los dirigentes y afiliados sindicales y observa que en la resolución de liquidación se invocan motivos eminentemente económicos y de eficiencia en la prestación del servicio. Si bien la liquidación de la empresa y el consecuente despido de los trabajadores tuvieron consecuencias sobre SINTRAEMSIRVA que es un sindicato de la empresa que se vio despojada de sus miembros, el Comité estima que no puede deducirse de los alegatos ni de la respuesta del Gobierno que el objetivo final de la liquidación haya sido la desaparición de la organización sindical, en particular si se tiene en cuenta que se llevaron a cabo numerosas negociaciones y consultas entre la empresa y la organización querellante.

      444. En cuanto al despido de los trabajadores a pesar de que, según la organización querellante, se encontraban cubiertos por el fuero circunstancial que protege a los trabajadores durante un proceso de negociación colectiva, el Comité toma nota de que la autoridad judicial autorizó al levantamiento del fuero sindical para que la empresa pueda proceder al despido.

      445. En lo que respecta a los alegatos según los cuales en el marco del proceso de liquidación de la empresa y de los despidos de los trabajadores no se habría respetado la convención colectiva vigente en cuanto a las indemnizaciones y los beneficios pensionales, el Comité toma nota de que el Gobierno confirma que la convención colectiva estaba vigente e informa que los procesos judiciales iniciados se encuentran en etapa probatoria. Al tiempo que recuerda la importancia del respeto de las convenciones colectivas, sobre todo en este caso concreto de las cláusulas sobre indemnización y pensiones ya que se trata de un procedo de liquidación de la empresa con la supresión de la planta del personal, el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre el punto de vista de los alegatos y sobre el resultado final de dichos procesos judiciales. El Comité espera firmemente que los derechos sindicales y de negociación colectiva sean respetados en la cooperativa de trabajo que desarrolla las tareas que realizaba antes la empresa.

  • Martha Cecilia Reyes de Calderón

    Miembro
    04/29/2021 at 6:25 pm

    Buena noche.

    En este caso vamos a poder enterarnos un poco de la situación viven los sindicatos, y como han tenido que luchar para conseguir status y un lugar en la empresa a la cual representan sindicalmente….

    Revisando en la página web, encontré los agravios a la libertad sindical a los empleados Bancarios UNEB, aquí encontramos una muestra a uno de los casos emblemáticos de violación a la libertad sindical de trabajadoras y trabajadores sindicalizados en Colombia.

    Los casos que este informe presenta son tan sólo
    una muestra del irrespeto al derecho de asociación y libertad sindical del que
    son víctimas las organizaciones sindicales en Colombia, donde se vulneran los
    más elementales derechos inherentes a la persona humana, donde los empleadores
    además del gran poder que tienen “por
    ser los dueños del capital y por ser quienes en la mayoría de los casos ponen
    las condiciones de trabajo
    ”, muchas veces se escudan y amenazan con el
    apoyo que les brinda la fuerza pública; donde gobierno y empleadores se pasan
    completamente por alto los principios constitucionales y convenios
    internacionales que contienen derechos laborales, y donde no se proveen
    espacios de trabajo en condiciones de equidad, de igualdad y justicia que
    garanticen la dignidad de la persona que entrega su fuerza de trabajo.

  • Martha Cecilia Reyes de Calderón

    Miembro
    04/29/2021 at 6:42 pm

    La Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, es una organización sindical de primer grado y de industria, cuya sede se ubica en la ciudad de Bogotá, y que está afiliada a la Central Unitaria de Trabajo, CUT. Nace en octubre 16 de 1958, con personería Jurídica Nº 1503 de octubre del mismo año. La UNEB está conformada por varias subdirectivas, que en su mayoría corresponden a las principales ciudades de Colombia.

    Como su nombre lo indica, agrupa a los empleados del sector bancario en el país. Adscritos a la organización se encuentran empleados de los bancos Bogotá, Popular, Bancafé (actualmente en liquidación), Bancolombia, Sudameris, Citibank, Banistmo, BBVA, Santander, Granahorrar y Fondo de Pensiones y Cesantías Santander; en abril de 2003 el número de afiliados ascendía a 9.240, cifra que en noviembre de 2004 se había reducido a 7.711 sindicalizados.

    Es así como el gobierno abusa de sus facultades y no sólo decide arbitrariamente sobre la existencia y manejo de las empresas, sino también sobre las organizaciones sindicales que hay al interior de éstas, desconociendo con ello el derecho de constitución, libre formación y autonomía de los sindicatos. Lo anterior vulnera completamente la legislación nacional11 e internacional, y en especial el Casos emblemáticos de violación a la libertad sindical 13 convenio 87 de la OIT,12 que prohíbe la intervención indebida del gobierno en la creación y el desarrollo de las organizaciones sindicales. Además, la negociación colectiva es un derecho esencial de la libertad sindical y por tanto tiene rango constitucional,13 lo que implica que las condiciones de trabajo contenidas en las convenciones colectivas son de obligatoria observancia y cumplimiento por parte de las personas que las suscriben

  • John Jairo Leal Ospina

    Miembro
    04/29/2021 at 7:04 pm

    Buenas en revisión se encontró el Caso núm. 2046 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja: 17-AGO-99

    El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de las Bebidas de Colombia (SINALTRAINBEC), el Sindicato de Trabajadores Pilsen (SINTRAPILSEN), el Sindicato de Trabajadores de Industrias Metalúrgicas APOLO, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT-Subdirectiva Antioquia), el Sindicato de Trabajadores de Noel (SINTRANOEL), el Sindicato de Trabajadores de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (SINTRAFEC), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria SA (SINALTRABAVARIA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja Agraria (SINTRACREDITARIO)

    Alegatos: despidos y sanciones a dirigentes de SINALTRABAVARIA por participar en un paro, incumplimiento del convenio colectivo, negativa a descontar cuotas sindicales, intimidación a los trabajadores para que firmen un pacto colectivo impidiéndose al sindicato que ingrese en las instalaciones para asesorarlos al respecto, denegación de permisos sindicales y despido de numerosos dirigentes y afiliados de diferentes seccionales y presiones para que se acojan a un plan de retiro voluntario; negativa a inscribir la organización sindical USITAC alegada por SINALTRABAVARIA y SINALTRAINBEC, despidos, sanciones y traslados por tratar de constituir dicha organización; despidos masivos en razón de la transformación de la Caja de Crédito Agrario en el Banco de Crédito Agrario y despido de dirigentes en desconocimiento del fuero sindical e incumplimiento de las sentencias que ordenan el reintegro de algunos de dichos dirigentes por la Caja de Crédito Agrario. Numerosos alegatos presentados por SINALTRABAVARIA entre los que se cuentan: negativas de permisos sindicales, presiones sobre los trabajadores para que se desafilien, sanciones a los trabajadores, solicitudes de revocatorias de inscripciones de sindicatos y cierre intempestivo de empresas, entre otros

  • Mirian Ibeth Peña Gutierrez

    Miembro
    05/01/2021 at 8:06 pm

    Buenas noches, este caso llego a instancias internacionales , en defensa de la libertad sindical

    El sindicato de las Empresas Varias de Medellín E.P.S. (EEVVM) solicitó a través de la tutela, la protección de sus derechos constitucionales al trabajo, a la libertad sindical (asociación, organización y huelga) y al debido proceso, supuestamente vulnerados por las actuaciones y omisiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Municipio de Medellín y las Empresas Varias de Medellín.

    A finales de 1992, el sindicato de las Empresas Varias Municipales de Medellín (EEVVMM) denunció la convención colectiva que regía las relaciones entre los empleados afiliados y la empresa. En enero de 1993 las partes iniciaron la etapa de arreglo directo y no se llegó a un acuerdo; por tanto, los trabajadores resolvieron declararse en asamblea permanente. A partir del día 16 de febrero y hasta el 22 de ese mismo mes dejaron de laborar, y sesionaron ininterrumpidamente.

    El Representante Legal de las EEVVMM solicitó al Ministerio de Trabajo constatar el cese de actividades, desde el primer día. Así lo hizo y, por medio de una actuación administrativa, ese despacho declaró ilegal la asamblea. Para justificar su decisión, invocó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo que prohibe la huelga en los servicios públicos, y el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, que califica como ilegal la suspensión colectiva del trabajo en los servicios públicos.

    Según el sindicato, con esta actuación se vulneró su derecho al debido proceso, pues durante la visita y elaboración de lista de ausentes, por parte del Ministerio, no se les permitió a sus afiliados intervenir, ni se tuvo en cuenta si quienes no se encontraban en su puesto estaban en asamblea, si les correspondía un turno, o si estaban de vacaciones o incapacitados.

    Como consecuencia de la declaración de ilegalidad del paro, 209 trabajadores, todos pertenecientes al sindicato, fueron despedidos. Entonces, la asociación sindical impugnó ante el Consejo de Estado la resolución, y algunos de los trabajadores iniciaron acciones ordinarias; en ninguno de los casos se decidió a su favor pues, sin excepción, los jueces confrontaron el caso con las citadas normas que prohiben la huelga en los servicios públicos, y por tanto, encontraron acertada la decisión del Ministerio.

    Por todo lo anterior, los demandantes en esta tutela interpusieron una queja ante la Oficina Internacional del Trabajo, invocando la protección que a su juicio les asiste, ya que Colombia ratificó varios Convenios de trabajo y sindicalización en donde ella fue consagrada. Pidieron entonces el amparo de su derecho a la libertad sindical, y denunciaron la injerencia indebida del Estado en las actividades de su organización, así como la violación del debido proceso.

    Como resultado de esta actuación, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en su Informe No. 309, lamentó que el Gobierno colombiano hubiera hecho caso omiso de la solicitud que se le había elevado de informar sobre el caso y, habiendo evaluado los hechos, consignó la siguiente recomendación:

    Recomendaciones del Comité

    “En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: el Comité urge al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para que se reintegre en sus puestos de trabajo a los dirigentes sindicales, sindicalistas y trabajadores que fueron despedidos por haber participado en una huelga en la empresa denominada Empresas Varias Municipales de Medellín y si ello no es posible, que se les indemnice de manera completa. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que en el futuro, la calificación de las huelgas sea realizada por un órgano independiente y no por la autoridad administrativa. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las medidas adoptadas en este sentido.

  • Luz Mery Cabrera Pérez

    Miembro
    05/02/2021 at 1:59 pm

    Aguas Capital, de Cúcuta
    Pacto impuesto con amenazas e intimidación

    Cuando en el año 2005 la empresa privada Aguas Capital adquirió el sistema de acueducto y alcantarillado público de Cúcuta, entre los trabajadores se generó la esperanza de que mejorarían sus condiciones laborales. Pero ocurrió lo contrario, el salario se les desmejoró entre 10% y 15%. Y en esa tónica continúo su situación en los años siguientes.

    Después vendrían los líos judiciales de los hermanos Nule, accionistas mayoritarios de Aguas Capital, que a raíz de eso tuvo muchas dificultades, de las cuales logró salir pero precarizando aún más las condiciones de sus trabajadores. Por eso 25 de ellos se organizaron en sindicato para luchar por sus reivindicaciones. Crearon la subdirectiva del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Domiciliarios de Norte de Santander, filial de CTC, que en poco tiempo llegó a tener 100 afiliados.

    Presentaron pliego, pero la empresa, no solo se negó a negociarlo sino que les cerró las puertas, no les permitió dar información ni colocar carteleras, los estigmatizó, cuenta Jonhatan Díaz, vicepresidente de Sindicato. Y aparte de eso despidió a 20 trabajadores con contrato temporal, por el solo hecho de relacionarse con la gente del sindicato.

    Por ser servicio público no podían votar la huelga, optaron entonces por llevar el conflicto a Tribunal de Arbitramento, que la empresa se encargó de dilatar. Ante esto presentaron el caso ante el CETCOIT, que es una instancia de solución de conflictos avalada por la OIT. Así lograron que la empresa aceptara negociar el pliego y firmar convención colectiva para los 110 trabajadores sindicalizados, en noviembre de 2013. Logro principal de esta convención fue la eliminación del salario mínimo legal en Aguas Capital Cúcuta.

    Pero a los pocos días la empresa hizo una gran campaña a favor de un Pacto Colectivo para los no sindicalizados, arguyendo que gozarían de los mismos beneficios de la convención, pero con la ventaja de no tener que pagar cuota sindical. En efecto, el Pacto fue exactamente la transcripción de la convención colectiva, solo le cambiaron algunos títulos.

    El sindicato dio un compás de espera para ver la reacción frente al Pacto y así evitar enfrentamientos entre los mismos trabajadores. Lo que ocurrió fue que la empresa incumplió algunos puntos del pacto, y ello generó inconformidad, que el sindicato aprovechó para convencer a uno de los líderes del Pacto, quien públicamente renunció a éste y adhirió al sindicato, pese a las presiones que recibió. Incluso recibió llamadas amenazantes al teléfono corporativo de la empresa, que lo conminaban a retirarse del sindicato. Como también fue objeto de amenazas y seguimientos el fiscal del sindicato.

    A partir de ese momento la correlación de fuerzas cambió, tras una fuerte campaña el sindicato logró que muchos del Pacto se afiliaran al sindicato, que hoy ya cuenta con 295 miembros, o sea más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa. De esta manera logró derrotar el Pacto Colectivo y hacer extensiva la convención a todos los trabajadores. Además logró acabar con los contratos a término fijo, ahora en Aguas Capital Cúcuta todos los contratos son a término indefinido.

  • William Aparicio Ramírez

    Miembro
    05/02/2021 at 2:15 pm

    La situación de la lucha sindical a nivel global, ha marcado diferentes escenarios, donde se pueden observar aquellos que lo hacen de manera dialogada como de aquellos que han tenido resultados mucho mas violentos, por así decirlo , esa lucha de desigualdades, tendrá siempre trabajadores como protagonistas que van en busca siempre de un mundo laboral justo y equitativo.

    Por respeto a esas personas que luchan no citare casos puntuales ni de paises en si, sino que basta con ir a la OIT, entrar en la red global llamada internet y mirar allí los cientos de casos documentados en materia de violación de derecho sindical, las formas como se han iniciado estas desigualdades y las formas jurídicas empleadas para hacer frente y reclamar el justo derecho.

    Los casos de violación de la libertad sindical, no ha sido ajena en nuestro pais, donde los estantes de las oficinas relacionadas con este tipo de tramites, se encuentran abarrarrotadas por un sinnúmero de quejas de demandas, por violación a este digno derecho, pero esto no ha sido un obstáculo, al contrario por ser un derecho y estar soportado en sustento jurídico nacional, como internacional y además que nuestra constitución lo ratifica, como un derecho digno de la clase trabajadora, se seguirá reclamando.

    Un caso que no olvidare fue el caso de las bananeras Ciénaga, Magdalena dic 5 y 6, donde el justo trabajo se ve violentado, hecho que será recordado siempre, donde haya un trabajador, hecho que no termino en las mejores condiciones, pero que hay que reconocerlo como un hecho donde se empañaron las fuerzas laborales de hombres y mujeres que solo querían llevar el sustento diario a sus casas.

    Así las cosas, vale recordar que Colombia siempre ha sido y será un pueblo trabajador, que como sindicato siempre seremos receptivos al dialogo y a la concertación, en busca de mejorar las condiciones dignas de nosotros los trabajadores, por ello vale seguir apoyando a nuestros compañeros que nos representan y felicitar a las administraciones que ven en el dialogo la mejor propuesta para llegar a un buen acuerdo.

  • Layde Mercedes Castiblanco Órtiz

    Miembro
    05/03/2021 at 7:14 pm

    Informe definitivo – Informe núm. 392, Octubre 2020

    Caso núm. 3230 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja:: 27-MAY-16 – Cerrado

    INTRODUCTIONA. Alegatos de las organizaciones querellantesB. Respuesta del GobiernoC. Conclusiones del ComitéRecomendación del Comité

    Alegatos: las organizaciones querellantes denuncian la comisión de una serie de actos antisindicales en contra de los miembros de la organización sindical SINTRAVELOTAX por parte de una cooperativa de transportes

    512. La queja figura en una comunicación de fecha 27 de mayo de 2016 de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Transportes Velotax (SINTRAVELOTAX).

    513. El Gobierno envió sus observaciones por medio de comunicaciones recibidas el 23 de octubre de 2017 y el 2 de septiembre de 2020.

    514. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

    A. Alegatos de las organizaciones querellantes

    515. Por medio de una comunicación de 27 de mayo de 2016, las organizaciones querellantes denuncian que, tras la rotación de miembros de la mesa directiva de la organización sindical SINTRAVELOTAX, sus afiliados y sus directivos, incluyendo el nuevo presidente electo del sindicato, el Sr. Carlos Julio Rodríguez Rojas, han sido objeto de actos de persecución sindical por parte del consejo de administración y directivos de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. (en adelante la cooperativa de transportes), así como por parte del anterior presidente del SINTRAVELOTAX, el Sr. Luis Alfonso Peñuela. A este respecto, señalan las organizaciones querellantes que dirigentes y afiliados han renunciado al sindicato en cuestión dado las amenazas o falsas promesas de mayor remuneración y estabilidad laboral por parte de los directivos de la cooperativa de transportes, que ciertos afiliados han sido despedidos mientras que otros fueron invitados por el presidente anterior del SINTRAVELOTAX a afiliarse a otro sindicato de la cooperativa de transportes.

    B. Respuesta del Gobierno

    516. Por medio de comunicaciones recibidas el 23 de octubre de 2017 y el 2 de septiembre de 2020, el Gobierno señala que tras las averiguaciones preliminares por presunta persecución sindical realizadas por el Ministerio de Trabajo, el 30 de junio de 2016, el Sr. Carlos Julio Rodríguez Rojas, en representación de la organización sindical SINTRAVELOTAX, presentó ante la inspección de trabajo un desistimiento expreso e irrevocable de todas y cada una de las querellas administrativas laborales interpuestas en contra de la cooperativa de transportes en el cual manifiesta taxativamente que no existe ni existió persecución laboral y que todos los salarios y prestaciones habían sido cancelados de conformidad con la ley. El Gobierno informa que mediante la resolución núm. 00236, de 29 de julio de 2016, el coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia, control y resolución de conflictos del Ministerio de Trabajo resolvió decretar el desistimiento expreso del directivo sindical antes referido y que el 6 de octubre de 2017, de conformidad con el artículo 18 de la ley núm. 1437 de 2011, se procedió al archivo definitivo de las querellas presentadas por el presidente del SINTRAVELOTAX.

    Fuente:

    http://ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50001:0::NO:50001:P50001_COMPLAINT_FILE_ID:3294610

  • Jorge Armando Arevalo Franco

    Miembro
    05/03/2021 at 7:50 pm

    soporte del tiempo https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1808378

    (EDICIÓN BOGOTÁ) A 24 horas de terminar su misión en Colombia, la Comisión de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha escuchado 40 casos presentados por representantes de trabajadores que denuncian supuestas violaciones a la libertad sindical, los cuales van desde despidos injustificados hasta asesinatos.

    Por su parte, el Gobierno, que en la pasada Conferencia de la OIT, en junio en Ginebra, tomó la iniciativa para que se conformara esta Comisión, ha presentado a los cinco integrantes de la misión, encabezada por el presidente del Comité de Libertad Sindical, Paul Vander Haidien, lo que considera progresos en las relaciones laborales y casos como el de Acerías Paz del Río y el de Gestión Energética S.A (Gensa).

    En la reunión anual de la OIT, que este año llegó a la versión número 93, el gobierno colombiano planteó la visita en un encuentro en el que el tema del país fue materia de extensas discusiones y en donde, al final, el Consejo de Administración de la Organización mencionó a Colombia entre cinco naciones que destacan por sus problemas de libertad sindical, junto con Camboya, Irán, Myanmar (antigua Birmania) y Zimbabwe.

    Reuniones clave La misión, que llegó al país desde el pasado sábado tiene indicadores donde se reporta la muerte de unos 1.300 dirigentes sindicales en los últimos diez años, lo que ubica a Colombia entre los países con mayores casos de asesinatos de activistas y trabajadores en el mundo.

    En cuanto a la reducción del movimiento sindical, el organismo maneja estadísticas que dan cuenta de una reducción de 15 a cinco por ciento de trabajadores afiliados a sindicatos en ese mismo período.

    El lunes en la Vicepresidencia de la República se realizó el primer encuentro formal de la misión con la partes interesadas. En este encuentro el vicepresidente Francisco Santos le manifestó a los delegados de la OIT la preocupación del Gobierno por las agresiones al movimiento sindical y destacó que el Gobierno ha invertido más de 40 millones de dólares en los tres últimos años para proteger a los líderes sindicales y que seguriá comprometido con la causa para proteger a los trabajadores y brindarles mejores condiciones.

    Esa misma tarde los delegados de la OIT escucharon a Alberto Echevarría, vicepresidente de la Andi, quien expresó la mejor disposición de las empresas para mejorar las relaciones obrero patronales.

    El martes la visita fue al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo de Estado y a las cortes para conocer los avances y fallas de estas entidades en la materia y el viernes el turno será para la Fiscalía y a la Conferencia Episcopal que también tienen una posición sobre el tema.

    Entre los casos considerados más representativos por los sindicatos y que fueron presentados a la Comisión están: Jeans & Jackets, Cruz Roja, Coolechera, Avianca, Ecopetrol, Supertiendas y Droguerías Olímpica, Laboratorios Vecol, Corabastos, Caprecom, Flores Esplendor, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Empresas Municipales de Pasto, Instituto de Seguros Sociales, Caja Nacional de Previsión, Procuraduría, Sena, Hospital Universitario de Bucaramanga, Hospital Universitario de Cartagena, Hospital Ciénaga Magdalena, Empresas Públicas de Medellín, Empresas Municipales de Cali, Cerro Matoso, Adpostal, Magisterio, trabajadores oficiales del Meta, trabajadores oficiales de Popayán, trabajadores de Armenia.

    LA DENUNCIA DE JEANS & JACKETS El 21 de enero del 2002 Jeans & Jackets le hizo una sustitución patronal a las trabajadoras con la firma Confeandinas S.A. Según Cielo González, presidenta del sindicato “salimos un viernes del trabajo y el lunes siguiente encontramos la puerta cerrada y ya no había máquinas”.

    En marzo del 2003, Jorge Alberto Correa Escobar, representante legal de Jeans and Jackets, quien también figuraba como suplente en la junta directiva de Confeandinas, explicó que su empresa no tenía obligaciones laborales con estas trabajadoras porque Confeandinas S.A. es una empresa independiente.

    Los sindicatos denuncian que las confeccionistas no volvieron a recibir salario y que incluso una de ellas falleció por falta de atención médica debido a que no se hicieron los aportes a la salud.

    “Lo más triste es que la marca sigue comercializándose con éxito. Están trabajando las prendas mediante satélites y maquila, mientras nosotras seguimos esperando nuestra liquidación”, dice González.

    EL TIEMPO trató de comunicarse con Julio Molano González, uno de los dueños de la cadena Jeans & Jackets pero no fue posible.

  • Carlos Arturo Vargas Sánchez

    Miembro
    05/04/2021 at 3:29 pm

    Respuesta: Esta denuncia ante la OIT, es un fiel ejemplo de violación a la libertad sindical en Colombia, se dio a finales y del siglo pasado y principios de este siglo, cuando las fuerzas al margen de la Ley y la misma Institución arremetieron feroz mente contra los lideres sindicales y fueron perseguidos y asesinados por defender los derechos de los trabajadores. Violación que aun hoy en día se presenta muy seguido contra los lideres sindicales y sociales del País.

    “EL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT PONE DE RELIEVE GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS SINDICALES EN COLOMBIA”

    “Tras denunciar la violencia endémica contra los sindicalistas – asesinatos, desapariciones, intimidación y hostigamiento en Colombia, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo pidió una revisión de la legislación y las prácticas laborales en Colombia.”

    Al tiempo que reconoció que “la compleja y grave situación de violencia que vive Colombia” afecta a todos los sectores de la sociedad, el Comité observó, en particular, que “el movimiento sindical ha sido agresivamente atacado”. Habida cuenta del elevadísimo número de actos de violencia sin esclarecer, el Comité destacó “la total ineficacia del sistema judicial y la intervención de la justicia militar en concurrencia con la justicia civil.”

    El Comité hizo constar “su grave preocupación” por los alegatos que se refieren “en gran parte a la muerte violenta, desaparición y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas”, así como a allanamientos contra sedes de sindicatos y de domicilios de sindicalistas.

    En particular, el informe señala que es preciso robustecer la función judicial ya que: “Si la población se muestra desencantada de la misma, puede presumirse que ello sea un incentivo adicional al recurso a medidas de acción violentas para solucionar conflictos incluso de naturaleza individual.” Como ejemplo de la insuficiencia de recursos oficiales, la misión especial indicó que en Bogotá, ciudad de más de 7 millones de habitantes, “existen sólo 16 juzgados laborales de primera instancia.”

    Los miembros del Comité manifestaron su extrema preocupación por el desarrollo que tienen actualmente los grupos paramilitares o de autodefensa en muchos sectores del país “cuyos actos de violencia afectan en primer lugar a los sindicalistas en numerosas regiones del país”. Pidieron al Gobierno que “tome las medidas necesarias para desarticular a los grupos paramilitares que impiden el normal desarrollo de las actividades sindicales”. Además, el Comité instó al Gobierno a incrementar la “concertación social” mediante, entre otras medidas, un acercamiento entre el capital y el trabajo, lo que significaría un aporte importante al establecimiento de una cultura de la paz, sustituyendo a la cultura de la guerra.

  • Rosa Aura García Parada

    Miembro
    05/09/2021 at 10:30 pm

    FORO 11

    CASO:

    ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

    Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la CIDH con impulso de su REDESCA sobre garantías de la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género.

    OPINIÓN ESCRITA QUE PRESENTA LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES – ACDAC- REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE JAIME HERNÁNDEZ SIERRA y por el SECRETARIO DE SEGURIDAD AÉREA JULIÁN PINZON SAAVEDRA, presenta algunas consideraciones en cuanto a la petición de Opinión Consultiva presentada por la CIDH con impulso de su REDESCA sobre garantías de la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género.

    La organización sindical está afiliada a la CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA – CUT- y a la ITF, FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE, a la CONFEDERACION SINDICAL DE LAS AMERICAS – CSA- a la CONFEDERACION SINDICAL INTERNACIONAL- CSI- y a la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PILOTOS – IFALPA-. Somos una organización sindical de más de 70 años de historia que ha dedicado su existencia a reivindicar derechos humanos y laborales para nuestros afiliados, así como la profundización y materialización de los derechos de libertad de expresión, libertad sindical, negociación colectiva y la huelga cuyo origen legal está consagrado en los convenios 87 y 98 de la OIT, así como la jurisprudencia de los Órganos de Control de la OIT, la CIDH y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente buscamos el respeto por las normas que garanticen la seguridad 2 aérea y, con ello, la vida de los tripulantes y pasajeros.

    Hemos suscrito más de 13 convenciones colectivas, con diferentes empresas de Aviación, que recogen un importante grupo de beneficios para aviadores activos y pensionados. Nuestras observaciones están sustentadas en un hecho real, ya que somos víctimas de la persecución del Estado Colombiano y la multinacional AVIANCA; por ello, los mismos van acompañados de pruebas anexas al presente documento, que le dan mayor fuerza argumentativa a nuestra opinión. En nuestra calidad de Presidente y Secretario de Seguridad de dicha organización sindical, así como, actuando en nombre propio y tomando la vocería de más de 1000 pilotos, 1300 auxiliares de vuelo, más de 1500 trabajadores de personal de tierra, administrativos y de mantenimiento que laboramos en las empresas de aviación de Colombia – tales como las multinacionales AVIANCA S.A., COPA AIRLINES S.A., LATAM S.A. AMERICAN AIRLINES, VIVA AIR -, en atención a la convocatoria abierta para presentar observaciones a la solicitud de Opinión Consultiva sobre Libertad Sindical a la CORTE IDH, nos permitimos con toda atención expresar los siguientes:

    El presente documento argumentativo tiene por objeto recoger los principales fundamentos de hecho y de derecho bajo los cuales se estima necesaria la intervención de la Jurisdicción Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que, como víctimas de violaciones de derechos humanos, se advierte la violación de instrumentos de derecho internacional adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos – de la cual Colombia es Estado miembro -, los cuales han sido debidamente aprobados y ratificados dentro del bloque de constitucionalidad y legislación interna. En el caso en concreto, se advierte han sido vulnerados los derechos de libertad sindical, asociación sindical, negociación colectiva, la huelga y la libertad de expresión, contenidos especialmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador).

    En Colombia somos víctimas de la persecución del Estado y de los empleadores que constantemente desconocen las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y con ello, violan de manera permanente los derechos de reunión, a la libertad de expresión, de asociación sindical, a la negociación colectiva, a la huelga, el debido proceso y las garantías judiciales, en particular, de los trabajadores pilotos afiliados a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AVIADORES CIVILES -ACDAC-, y a los trabajadores afiliados al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SECTOR AÉREO – SINTRATAC-, así como de los demás trabajadores y trabajadoras afiliados a la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AUXILIARES DE VUELO – ACAV- .

    Rogamos a ustedes, Honorables Jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tener en cuenta nuestras observaciones que están sustentadas en un caso real de violaciones que ocurre en Colombia.

    EL DEBER SER:

    1. La libertad sindical, el derecho de asociación, la negociación colectiva y la huelga son derechos humanos fundamentales que materializan los convenios 87 y 98 de la OIT, así como los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

    2. La huelga es un derecho fundamental que profundiza la libertad de expresión, y es un mecanismo natural para evitar que la brecha entre los empleadores y trabajadores aun sea 46 mayor, siendo la huelga un medio para lograr acuerdos entre las partes construir la justicia y la paz social.

    3. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos16, se ha indicado que la libertad sindical y la libertad de asociación son derechos humanos fundamentales que tienen un núcleo básico que se encuentra compuesto por el derecho de negociación colectiva, reunión y huelga.

    4. Los derechos antes mencionados se fundamentan en el Preámbulo de la Convención Americana (de 1969), que es claro en establecer el espíritu integrador y de vigencia de los DESCA y procedimiento de los órganos encargados de esa materia […]”17 .

    Adicionalmente a lo establecido en la propia Convención Americana, y reafirmando este objetivo, en el año 2012 los Estados americanos aprobaron, sin votos en contrario, la Carta Social de las Américas con claro objetivo establecido en su preámbulo: “fortalecer el sistema interamericano con un instrumento que oriente la acción y la cooperación solidaria hacia la promoción del desarrollo integral y la Por lo tanto, no serían razonables tantos esfuerzos sociales y estatales en la dirección de fortalecer la vigencia de los DESCA y mantener a la Corte Interamericana conociendo esos derechos solamente de una forma indirecta, aun y cuando sea la temática principal de la petición de la víctima y de todo el proceso, como resulta en el presente caso.

    5. Es imperioso el respeto por los instrumentos internacionales tales como el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Por su parte, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1967) señala: “Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses”.

    7. La libertad sindical se consagra como uno de los principios centrales de la normatividad internacional del trabajo y de los derechos humanos. Esto significa que los Estados han reconocido el derecho de asociación sindical como parte de las libertades intrínsecas de una sociedad democrática.

    8. El principio de libertad sindical comprende el derecho de todos los trabajadores y empleadores a constituir organizaciones que estimen pertinentes y a afiliarse a ellas sin autorización previa.

    9. La libertad sindical cristaliza el ejercicio de uno de aquellos derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y que el derecho de toda persona que trabaja a asociarse libremente con otras para defender sus intereses sin intromisiones indebidas es un bien jurídico primario: un derecho fundamental y por ende, irrenunciable.

    10. La libertad sindical conlleva el “ejercicio de la acción sindical” que se traduce en el derecho de las organizaciones a establecer libremente sus actividades y a formular su programa de acción para la defensa de intereses económicos y sociales que les son propios mediante todos los medios lícitos como el derecho de huelga, el cual hace parte del derecho general a la protesta y el derecho de negociación colectiva.

    11. Importa mencionar la interdependencia que existe entre el ejercicio de la libertad sindical y los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores.

    12. A la luz de la libertad sindical, las personas están protegidas contra la discriminación antisindical, lo que significa que nadie puede ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas. Asimismo, es parte de la libertad sindical la protección de las organizaciones contra todo acto de injerencia. Esto permite salvaguardar la independencia de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de sus actividades respecto de los empleadores.

    13. Así, los promotores e integrantes de sindicatos gozan con el conjunto de la población del derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, la libertad de expresión y opinión, las garantías procesales. Proteger estos derechos implica no tolerar amenazas contra dirigentes sindicales, afiliados de base o promotores de sindicatos en formación o quienes participan en la protesta social o huelga.

    14. Adicionalmente, un Estado que respeta la libertad sindical, evita prácticas como la detención y encarcelamiento arbitrarios de sindicalistas, la confiscación de bienes de organizaciones sindicales sin orden judicial, la restricción de publicaciones, la suspensión o disolución de una organización por resolución administrativa.

    15. La defensa de los derechos humanos que se analizan en la opinión consultiva es una tarea de toda la sociedad sin distingo alguno y demanda de las autoridades su protección y amparo. Observancia de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la eliminación de la pobreza y la inequidad”.

  • Catalina Munevar Arias

    Miembro
    05/12/2021 at 6:14 pm

    REF: <b style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>Expediente No. T – 59.194

    PETICIONARIOS:

    Gonzalo Gómez y María Elena Gómez, en nombre propio y en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE CONFECCIONES LEONISA S.A. -SINTRALEONISA.

    TEMA:

    Los pactos colectivos de trabajo no pueden contener condiciones de trabajo diferentes a las reguladas en las convenciones colectivas.

    Derechos a la igualdad, a la libre asociación sindical y a la negociación colectiva. Legitimación del sindicato para promover la acción de tutela, cuando se han violado los referidos derechos.

    Los procesos laborales ante la justicia ordinaria como medios alternativos de defensa judicial.

    MAGISTRADO PONENTE:

    ANTONIO BARRERA CARBONELL.

    Santafé de Bogotá, D.C., agosto 2 de mil novecientos noventa y cinco (1995).

    La Sala Plena de la Corte Constitucional, revisa el proceso de la acción de tutela radicado bajo el número T-59194, el cual fue instaurado por Gonzalo Gómez y María Elena Gómez, en su propio nombre y en representación del Sindicato de Trabajadores de Confecciones Leonisa S.A. – Sintraleonisa, contra la Empresa Confecciones Leonisa S.A.

    I. ANTECEDENTES.

    1. Hechos.

    Dieron origen a la presente acción de tutela los siguientes hechos:

    a) Algunos empresarios del Departamento de Antioquia mediante sutiles procedimientos utilizan la firma de pactos colectivos, previa la renuncia de los trabajadores beneficiados con el mismo al sindicato, con el fin de otorgar mejores condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados, en comparación con los trabajadores sindicalizados. Igualmente dichos empresarios crean diferentes estímulos y protegen a organizaciones y dirigentes sindicales afectos a los patronos.

    b) Existe en Medellín una empresa de confecciones que ha sufrido muchas transformaciones: Jiménez Aristizabal y Cía., Confecciones Leonisa, J. Urrea Confecciones Leonisa S.A. y Textiles Formaflex S.A., que al haber sido absorbida por la primera quedó definitivamente configurada como Confecciones Leonisa S.A.

    Igualmente, existe en la mencionada empresa el Sindicato de Trabajadores de Confecciones Leonisa S.A.

    c) En la Empresa Confecciones Leonisa S.A. según los actores “el proceso de destrucción del Sindicato ha sido muy sutil: A los trabajadores que firmaron un pacto se les aumenta desde el mes de junio en tanto que a los trabajadores sindicalizados sólo se les aumenta en septiembre. De esta manera se desestimula el derecho de asociación”.

    Durante todo el tiempo de existencia de Sintraleonisa se ha celebrado convención colectiva de trabajo, forma de contratación que beneficiaba a todos los trabajadores de la Empresa.

    La Empresa siempre ha pagado los salarios ubicando a los trabajadores por oficios en diferentes categorías, de manera que las personas que realizan el mismo oficio y pertenecen a la misma categoría, devengan el mismo salario básico.

    d) A partir del 17 de junio de 1992, la Empresa ha celebrado 2 pactos colectivos en los cuales se establecen aumentos salariales pagaderos con 84 días de anticipación a los aumentos convencionales, bonificando por añadidura los trabajadores que firman dichos pactos.

    e) Los trabajadores que llevan menos de 10 años laborando en la Empresa y no firmaron el pacto colectivo en 1992 fueron despedidos.

    Para beneficiarse de los aumentos establecidos en el pacto colectivo, la Empresa exige de los trabajadores sindicalizados la renuncia al sindicato, pues dice que la ley establece que el pacto colectivo se firma con trabajadores no sindicalizados.

    f) A partir de la fecha de la firma del primer pacto colectivo, los trabajadores sindicalizados han sido discriminados, pues sus aumentos salariales se realizan 84 días después que los aumentos de los trabajadores beneficiarios del pacto, aunque estén realizando los mismos oficios y sigan perteneciendo a la misma categoría.

    g) Antes de la firma del pacto colectivo, el sindicato tenía afiliados 230 trabajadores; hoy, debido a la pérdida de incentivos (aumentos salariales y bonificaciones por firma de los pactos), se ha rebajado a sólo 47 socios.

    A partir de la celebración del primer pacto colectivo, la inmensa mayoría de los trabajadores abandonaron su sindicato renunciando a su derecho fundamental de asociación sindical para adherirse al pacto colectivo.

    h) La disminución paulatina de los miembros del sindicato ha reducido a éste a una minoría impotente, pues aun cuando los sindicatos minoritarios pueden presentar pliegos e intervenir en el arreglo directo “NO PUEDEN FIRMAR CONVENCION si no se llega a un acuerdo en esta etapa, a menos que LA MAYORIA de los trabajadores de la empresa (convocados por el sindicato minoritario) se defina por la huelga o por el Tribunal de Arbitramento, lo cual resulta materialmente imposible”.

    i) En Leonisa los trabajadores sindicalizados lastimados por sus bajos salarios, optaron inicialmente por demandar la nivelación salarial de manera individual con resultados a todas luces desventajosas, ya que unos juzgados fallaban; pero no siendo este el camino para resolver un problema mayor: realización del derecho de asociación sindical, se ha optado por el camino de la tutela, como postrer recurso.

    2. Pretensiones.

    Solicitan los actores que a efectos de amparar los derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y a la asociación sindical, vulnerados por la mencionada empresa se acojan las siguientes pretensiones:

    “1.1- Que la exigencia de renunciar a la organización sindical hecha por CONFECCIONES LEONISA S.A. a sus trabajadores para poder suscribir un pacto colectivo, es evidentemente inconstitucional, pues si la afiliación o desafiliación a un sindicato es absolutamente LIBRE, el derecho de asociación sindical es un derecho FUNDAMENTAL e IRRENUNCIABLE”.

    “1.2. Que consecuencialmente y sin perjuicio del cumplimiento del pacto colectivo (otro mecanismo legal de negociación con trabajadores individualmente considerados, no con un sindicato), los trabajadores que lo suscribieron pueden, SI ASI LO DESEAN, afiliarse de nuevo al sindicato, pues la existencia del pacto colectivo NO ES INCOMPATIBLE con el ejercicio del derecho de asociación sindical”

    “1.3 Que para eliminar la desnivelación salarial en relación con los suscribientes del pacto, CONFECCIONES LEONISA S.A., debe proceder a hacer aumentos salariales a todos los trabajadores sindicalizados y beneficiarios de la convención colectiva, desde el día 15 de junio de 1992 al 6 de septiembre de 1992; del 31 de mayo al 23 de agosto de 1993; del 23 de mayo del/94, hasta el 5 de septiembre de 1994, nivelándolos con los demás trabajadores de la empresa conforme a las escalas salariales establecidas, específicamente con los trabajadores que, habiendo suscrito pacto colectivo, desempeñan los mismos oficios y tienen las mismas categorías. Esa nivelación debe hacerse con relación a los siguientes trabajadores sindicalizados…”

    “Las compañeras LUZ DARY PEREZ Y ROSA ELENA ARBELAEZ ARISTIZABAL, aunque no son socias son beneficiarias de la convención colectiva de trabajo, vigente en la Empresa, y a ellas también se les debe nivelar con relación a los trabajadores suscribientes del pacto”.

    “1.4. Que CONFECCIONES LEONISA S.A. no puede por ningún motivo establecer en lo sucesivo diferencias salariales entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados por razón de la pertenencia al sindicato o por ser suscribientes del pacto colectivo, ni establecer diferencias salariales y prestacionales en el tiempo, PORQUE EN TODO MOMENTO RIGE EL PRINCIPIO DE “A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL”.

    “1.5. Perjuicios de daño emergente para el SINTRALEONISA, consistentes en las cuotas sindicales dejadas de percibir desde el 15 de junio de 1992, cuando se suscribió el primer pacto”.

    II. FALLOS QUE SE REVISAN.

    1. Primera instancia.

    Mediante providencia del 13 de octubre de 1994, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín resolvió rechazar por improcedentes las pretensiones de amparo formuladas por Gonzalo Gómez y María Elena Gómez, en las calidades anotadas.

    Para adoptar dicha decisión el juzgado consideró que la demanda de tutela contiene protuberantes defectos de forma “y una monstruosa e inusitada acumulación de acciones que imposibilitarían al juzgado para dictar una providencia de fondo”. En efecto, dijo el juzgado:

    Se pretende que se obligue a la empresa a reconocer “a cierto grupo de trabajadores no individualizados si no de manera general, que firmaron el pacto colectivo, a que se les reconozca la calidad de trabajadores sindicalizados dentro del sindicato de la misma empresa, asunto que es materia de derecho colectivo, relacionado con el derecho de asociación”, lo cual no es viable a través de la tutela.

    Tampoco, es procedente la pretensión de nivelar los salarios a un número de trabajadores sí determinados en la demanda, pero no se precisa con respecto a cuales personas determinadas debe hacerse tal nivelación, razón por la cual aquélla “adolece de ser indeterminada, incompleta y de carácter estrictamente económico, cuya resolución requeriría previamente la tramitación de un amplio proceso declarativo.”

    Según la demanda y la documentación anexa, entre los 46 trabajadores representados por el Presidente y Vicepresidente del sindicato, “no se sabe si todos o parte de ellos”, demandaron por vía ordinaria las mismas pretensiones planteadas en la acción de tutela, obteniendo algunos sentencias favorables y otros desfavorables, por lo que dichas pretensiones tendrían que ser rechazadas por existir cosa juzgada acerca de ellas.

    Algunas de las pretensiones (1.4 y 1.5) contienen solicitudes o declaraciones de condena “que de manera alguna pueden ser el resultado favorable de una demanda de tutela sino la culminación de la instancia en un proceso ordinario, porque tal manera de pedir o los resultados pretendidos aquí son contrarios a la naturaleza de la acción de tutela….” .

    2. Segunda Instancia.

    2.1. La impugnación de la parte demandante.

    Mediante memorial presentado el día diecinueve (19) de octubre de 1994, los peticionarios impugnaron el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, por considerar que el Juez de primera instancia no entendió la demanda de tutela, y sobre el particular señalaron:

    – Que en parte alguna de la demanda de tutela han reclamado que se les asigne la calidad de representantes de quienes suscribieron un pacto colectivo en Leonisa. Sin embargo, sí hablan en nombre propio y en representación de las 46 personas enlistadas en la demanda y de las 2 personas que se benefician de la convención colectiva suscrita por el sindicato.

    – Que están impetrando “la protección de un derecho fundamental, así definido en el artículo 39 de la Carta, el derecho de libre asociación sindical, en concordancia con el artículo 13 que establece el derecho fundamental a la igualdad real.”

    – Que los trabajadores sindicalizados “tenemos derecho a un tratamiento igual al que se le da a los trabajadores firmantes o adherentes al pacto colectivo. Los trabajadores sindicalizados, por el hecho de serlo, no podemos ganar menos que los trabajadores firmantes del pacto colectivo”.

    2.2. La decisión de segunda instancia.

    Mediante sentencia del 12 de diciembre de 1994 la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín resolvió confirmar la decisión proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, con base en las siguientes consideraciones:

    Afirma el despacho, que la unión de los trabajadores en sindicatos es el camino para lograr la realización de sus fines, y tiene su expresión máxima en la celebración de la convención colectiva para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Lo anterior significa que las estipulaciones son creadas en un equilibrio de fuerzas entre patronos y sindicato.

    Que con esta acción de tutela, se pretende que los salarios fijados en un pacto colectivo celebrado en la empresa, se apliquen en las mismas condiciones de tiempo a la convención colectiva celebrada por el sindicato. “Lo que no es de recibo, ellos en un pie de igualdad discutieron y aprobaron las cláusulas normativas obligacionales que regirían los contratos de trabajo durante la vigencia de la convención. De ahí que no se haya violado el principio de igualdad y de libre asociación.”

    Finalmente, afirma el Tribunal que si algunos trabajadores sindicalizados optaron inicialmente por demandar la nivelación salarial “con resultados desventajosos”, ya que unos fallos fueron a favor y otros en contra, no es procedente la acción de tutela para resolver procesos que ya fueron juzgados.

Inicia sesión para responder.

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