Inicio Forums Derecho laboral Colectivo – Utraclaro (Foro) Foro de participación módulo 11

  • Foro de participación módulo 11

  • Soporte Redal

    Miembro
    02/02/2021 at 1:51 pm
  • Yuli Yesnei Higuera Nieto

    Miembro
    04/27/2021 at 6:10 pm

    Durante esta sesión del módulo 11 cada estudiante deberá compartir en el foro

    Consulte en la Web o en su organización sindical que casos conocen que hayan llegado a estas instancias internacionales, por violaciones a la libertad sindical y comparta en el foro un resumen del caso con sus compañer@s.

    El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio de que alguna otra cosa es más importante que el miedo

    • Alexandra Corrales Trullo

      Miembro
      04/29/2021 at 12:22 pm

      Caso núm. 3316 (Colombia) – Fecha de presentación de la queja:: 02-ABR-18

      Alegatos: las organizaciones querellantes denuncian la violación del derecho de negociación colectiva en el seno de la empresa Avianca S.A. por medio del uso de pactos colectivos, la denegación del derecho de huelga de los pilotos de la empresa, así como una serie de actos antisindicales consecutivos a la declaratoria de ilegalidad de la huelga llevada a cabo por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles.

      Por medio de una comunicación de abril de 2018, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) alegan que la aerolínea AVIANCA (en adelante la empresa), con la complicidad y aquiescencia de autoridades públicas, vulnera el derecho a la asociación sindical, negociación colectiva y huelga de los aviadores civiles afiliados en la ACDAC por medio de, entre otras conductas: i) actos de discriminación antisindical; ii) la firma de pactos colectivos con los aviadores no sindicalizados, cuyos contenidos discriminan a los trabajadores sindicalizados y cuya existencia afecta la afiliación sindical y el ejercicio del derecho de negociación colectiva; iii) la negativa a negociar colectivamente con el sindicato; iv) intromisiones indebidas de las autoridades en la huelga por medio del nombramiento de un tribunal de arbitramento; v) la sustitución de los pilotos en huelga por pilotos extranjeros; vi) la indebida declaración de ilegalidad de la huelga llevada a cabo por el sindicato; vii) violaciones al debido proceso en detrimento de las organizaciones sindicales; viii) despidos masivos y sanciones en contra de los miembros del sindicato, y ix) peligro de liquidación del sindicato por haber ejercido el derecho de huelga.

    • Deissy Angélica Martínez Pinzón

      Miembro
      05/01/2021 at 9:04 pm

      OIT CASO 3230 27MAY2016 (Colombia)

      Alegatos: las organizaciones querellantes denuncian la comisión de una serie de actos antisindicales en contra de los miembros de la organización sindical SINTRAVELOTAX por parte de una cooperativa de transportes.

      * La queja figura en una comunicación de fecha 27 de mayo de 2016 de la Confederación General del Trabajo (CGT) y del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Transportes Velotax (SINTRAVELOTAX).

      * El Gobierno envió sus observaciones por medio de comunicaciones recibidas el 23 de octubre de 2017 y el 2 de septiembre de 2020.<strong style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>

      * Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

      * Por medio de una comunicación de 27 de mayo de 2016, las organizaciones querellantes denuncian que, tras la rotación de miembros de la mesa directiva de la organización sindical SINTRAVELOTAX, sus afiliados y sus directivos, incluyendo el nuevo presidente electo del sindicato, el Sr. Carlos Julio Rodríguez Rojas, han sido objeto de actos de persecución sindical por parte del consejo de administración y directivos de la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda. (en adelante la cooperativa de transportes), así como por parte del anterior presidente del SINTRAVELOTAX, el Sr. Luis Alfonso Peñuela. A este respecto, señalan las organizaciones querellantes que dirigentes y afiliados han renunciado al sindicato en cuestión dado las amenazas o falsas promesas de mayor remuneración y estabilidad laboral por parte de los directivos de la cooperativa de transportes, que ciertos afiliados han sido despedidos mientras que otros fueron invitados por el presidente anterior del SINTRAVELOTAX a afiliarse a otro sindicato de la cooperativa de transportes.

      <strong style=”font-family: inherit; font-size: inherit;”>Respuesta del Gobierno: Por medio de comunicaciones recibidas el 23 de octubre de 2017 y el 2 de septiembre de 2020, el Gobierno señala que tras las averiguaciones preliminares por presunta persecución sindical realizadas por el Ministerio de Trabajo, el 30 de junio de 2016, el Sr. Carlos Julio Rodríguez Rojas, en representación de la organización sindical SINTRAVELOTAX, presentó ante la inspección de trabajo un desistimiento expreso e irrevocable de todas y cada una de las querellas administrativas laborales interpuestas en contra de la cooperativa de transportes en el cual manifiesta taxativamente que no existe ni existió persecución laboral y que todos los salarios y prestaciones habían sido cancelados de conformidad con la ley. El Gobierno informa que mediante la resolución núm. 00236, de 29 de julio de 2016, el coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia, control y resolución de conflictos del Ministerio de Trabajo resolvió decretar el desistimiento expreso del directivo sindical antes referido y que el 6 de octubre de 2017, de conformidad con el artículo 18 de la ley núm. 1437 de 2011, se procedió al archivo definitivo de las querellas presentadas por el presidente del SINTRAVELOTAX.

    • Elkin Javier Duarte Sarmiento

      Miembro
      05/02/2021 at 7:25 pm

      Consulte en internet o en su organización sindical que casos conocen que hayan llegado a estas instancias internacionales, por violaciones a la libertad sindical y comparta en el foro un resumen.

      Informe no. 25/15. Caso 10.737. Fondo. Víctor Manuel Isaza Uribe y familia. Colombia. OEA/Ser.L/V/II.155 Doc.4, 21 julio 2015.

      Los peticionarios señalaron que Víctor Manuel Isaza Uribe laboraba en la compañía Cementos Nare y era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC) en Puerto Nare, departamento de Antioquia. Alegaron que el 19 de noviembre de 1987 el señor Víctor Manuel Isaza Uribe fue desaparecido forzadamente por paramilitares que ingresaron, sin dificultad alguna, a la cárcel de Puerto Nare, donde se encontraba privado de libertad desde el 28 de octubre de ese mismo año.

      Los peticionarios indicaron que testigos circunstanciales del hecho, como fueron los obreros que a esa hora salían de turno y las barrenderas que laboraban en las calles, advirtieron que se llevaron a Victor Manuel Isaza Uribe y otros tres detenidos en dos carros, individuos vestidos de civil y otros con prendas militares, y que uno de los detenidos que se resistió fue golpeado brutalmente hasta la inconciencia e introducido al vehículo.

      Señalaron que la desaparición de Víctor Manuel Isaza Uribe no fue un hecho aislado. Precisaron que desde 1986, varios miembros del SUTIMAC fueron asesinados o desaparecidos por el grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores). Agregaron que, frecuentemente, miembros del MAS eran vistos patrullando por el río con miembros de los Guardacostas de la Armada Nacional o en retenes del ejército. Así, indicaron que entre 1986 y 1987, numerosos miembros del SUTIMAC y del sindicato de la Empresa Colombiana de Carburos, algunos de los cuales eran también miembros de la Unión Patriótica (UP), fueron asesinados o desaparecidos por grupos paramilitares que operaban con unidades militares acantonadas en la región.

      En diciembre de 1990 se recibió la petición inicial. El trámite desde la presentación de la petición hasta la decisión sobre admisibilidad, se encuentra explicado en detalle en el informe de admisibilidad 102/11, emitido el 22 de julio de 2011.

      En dicho informe, la Comisión se declaró competente para conocer de la petición y determinó que los hechos planteados en la misma podrían caracterizar violaciones de los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 16 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones contempladas en el artículo 1.1 del mismo instrumento y a la luz del artículo I de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

      El artículo 16 de la Convención Americana establece Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier índole.

      La Corte ha señalado que “estos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa, por lo tanto, un derecho de cada individuo”. Agrega que, “además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad”

      La Corte ha establecido que el derecho a formar sindicatos, así como a perseguir en forma colectiva la protección de los derechos laborales, se encuentran protegidos a través de la libertad de asociación. Esta libertad se traduce en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho; y supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación

      Los Estados, además de reconocer la autonomía e independencia de los sindicatos, permitiendo el ejercicio libre de la libertad sindical, deben garantizar que ninguna persona sea privada de su vida ni agredida en su integridad personal como consecuencia del ejercicio de su actividad sindical.

      Los Estados, además de reconocer la autonomía e independencia de los sindicatos, permitiendo el ejercicio libre de la libertad sindical, deben garantizar que ninguna persona sea privada de su vida ni agredida en su integridad personal como consecuencia del ejercicio de su actividad sindical fundamentales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la persona. Como ha quedado establecido en el presente informe, Víctor Manuel Isaza Uribe era miembro activo del sindicato SUTIMAC. En la época de los hechos, ocurrieron hechos de violencia en contra de miembros de dicho sindicato, que eran del conocimiento de las autoridades y de la población en general. Según consta de las declaraciones con que cuenta esta Comisión, los miembros de los sindicatos en Puerto Nare vivían con temor a ser víctimas de asesinatos o desapariciones, y varios se vieron obligados a desplazarse. En ese sentido, la Corte ha señalado que “El Estado debe garantizar que las personas puedan ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, de lo contrario, se podría disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses.

    • Bran Alexi Pabon Pinilla

      Miembro
      05/04/2021 at 7:48 pm

      Para el evento de no se quieren reconocer y brindar las garantías reales vulnerando nuestros derechos fundamentales, se debe acudir a las instancias internacionales que nos apoyen y hagan valer nuestros derechos. Como ultima estancia, pero como una herramienta para hacer valer nuestro derecho para mencionar este caso particular.

      La CIDH presenta caso sobre Colombia ante la Corte Interamericana2 de octubre de 2020

      Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 8 de agosto de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Pedro Julio Movilla Galarcio y Familiares, respecto de Colombia. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, líder sindical, militante del partido político de izquierda PCC-ML, y activista social colombiano, ocurrida el 13 de mayo de 1993.

      En su Informe de Fondo la Comisión determinó la existencia de múltiples elementos indiciarios, circunstanciales y de contexto para atribuir la desaparición de la víctima al Estado. La Comisión resaltó que, a la época de los hechos, existió un contexto de persecución específico contra las personas con el perfil político y social del señor Movilla. En particular, la CIDH consideró que confluían al menos tres contextos relevantes a efectos del caso: el contexto relativo a la identificación de sindicalistas dentro de la noción de enemigo interno en los manuales estatales de inteligencia y contraguerrilla; la violencia política en Colombia, que derivó en alarmantes cifras de ejecuciones y desapariciones de personas vinculadas con ciertos partidos políticos con las características del PCC-ML; y la alta incidencia de desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado en Colombia.

      Asimismo, la CIDH corroboró la existencia de otros elementos que apuntaban a la persecución sufrida por él y su familia, tales como seguimientos, avistamiento de vehículos desconocidos estacionados fuera de su casa, las advertencias, por parte de desconocidos en la calle, a la víctima para que se preocupara por su seguridad, entre otros. Sumado a ello, la Comisión tomo en consideración la existencia de actividades de inteligencia por parte de cuerpos de seguridad del Estado respecto del señor Movilla, las cuales lo identificaban con detalles tanto de su labor sindical como de su militancia política, así como una supuesta vinculación con un grupo guerrillero, todo lo cual lo colocaba en posición de ser blanco de los cuerpos de seguridad del Estado en la época de los hechos.

      Frente a los anteriores aspectos que sugieren la participación de agentes estatales en la desaparición de la víctima, la Comisión observó que, frente a la noticia de la desaparición, existió un rechazo apresurado del habeas corpus presentado para dar con su paradero, con fundamento en la formalidad de no haber identificado el lugar de la detención, cuestión que se tradujo en una negativa a establecer la detención y destino de la víctima. La CIDH entendió que las siguientes acciones practicadas para la ubicación física de la víctima solo se realizaron 15 años después, lo que permite afirmar que la omisión en buscar diligentemente a la víctima contribuyó con el encubrimiento de su detención y destino o paradero. De igual manera, la Comisión notó que el Estado no logró explicar la naturaleza de los seguimientos y anotaciones de inteligencia de Pedro Julio Movilla Galarcio y la relación de las mismas con su desaparición, contribuyendo a la incertidumbre y encubrimiento de lo sucedido. A la fecha, no se conoce su destino o paradero.

      Por lo anterior, y como resultado de los múltiples indicios valorados a la luz de los contextos descritos, la CIDH concluyó que el Estado es responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio, y por tanto, por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2. Asimismo, tomando en cuenta que, a la fecha de entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para Colombia, la desaparición forzada continuaba cometiéndose, la CIDH concluyó que el Estado también violó el artículo I a) de dicho instrumento.

      En su Informe de Fondo la Comisión estableció además que la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio respondió a su supuesta vinculación con una organización subversiva, lo que fue derivado, sin que existiera condena penal en firme, del liderazgo social de la víctima y su pertenencia a organizaciones sindicales y políticas de ideología de izquierda. Para la Comisión, esta correlación establecida por los órganos de inteligencia militar se enmarca en el contexto en el que se produjeron los hechos y responde a una lógica selectiva de las operaciones de seguridad nacional que criminalizó la participación de Pedro Julio Movilla Galarcio en organizaciones sindicales y políticas. Teniendo en cuenta el móvil y carácter selectivo de la desaparición forzada, la CIDH también concluyó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de asociación establecido en el artículo 16 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2.

      Asimismo, la Comisión encontró que el Estado tampoco cumplió con sus obligaciones de debida diligencia en la investigación de la desaparición del señor Movilla. Además de la falta de efectividad del recurso de habeas corpus para determinar lo ocurrido, la CIDH tomó en cuenta que durante la investigación las diligencias se realizaron de forma tardía, y el Estado no desplegó sus máximos esfuerzos para identificar el carácter selectivo de la desaparición y su relación tanto con las actividades sindicales y políticas de Pedro Julio Movilla Galarcio, como con las anotaciones de inteligencia. Además, la investigación fue impulsada separadamente por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y Fiscalía General, y si bien los avances de las mismas fueron comunicados entre sí, la Comisión constató una fragmentación de las diligencias, llevando a la repetición de muchas de ellas en ambos procesos, con un impacto en la dilación de las investigaciones. Sumado a lo anterior, la participación de los familiares en la investigación fue limitada, siendo rechazados por varios años sus intentos de constituirse como parte civil en el proceso. La CIDH notó que, a pesar del transcurso de más de 25 años, la investigación penal aún permanece en etapa preliminar, incurriendo en una demora irrazonable.

      En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, y el artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a partir de la entrada en vigencia de este instrumento para el Estado.

      Finalmente, la CIDH consideró que la desaparición de Movilla, la incertidumbre sobre su paradero o destino, así como la ausencia de una investigación completa y efectiva en relación con los hechos, ocasionaron sufrimiento y angustia en sus familiares, en violación del derecho a la integridad psíquica y moral establecido en el artículo 5 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1.

      En resumen, el compañero Pedro Julio Movilla Galarcio fue víctima de desaparición forzada líder sindical el 13 de mayo de 1993, y le hace una serie de recomendaciones al Estado donde si se le hubieran brindado garantías no hubiera sido víctima de este delito.

    • Nicolas Alejandro Gelvez Zambrano

      Miembro
      05/07/2021 at 5:55 pm

      En el tiempo que llevo afiliado a UTRACLARO, no conozco de algún caso que se haya tenido que acudir a estos organismos internacionales por violaciones a la libertad sindical y no encontré documentación al respecto en internet o en la pagina web del sindicato, pero si me llamó la atención una publicación donde que relata las amenazas que han recibido lideres sindicales afiliados a UNI AMERICAS , en los años 2016 y 2017: Yuli Higuera, presidenta de Utraclaro ,Erick Amador, tesorero de Sintrasaludcol y Jaime Cárdenas, presidente de Sintraviescols. Les comparta a continuación publicación:

      Fecha: 28/11/2017Categoría: Movilizaciones, Mundo sindical, Noticias

      · Pese a que la violencia antisindical ha disminuido en Colombia, no sucede lo mismo con los afiliados a UNI Américas.

      · En 2017, se han presentado 12 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de trabajadores y trabajadoras afiliadas a UNI.

      · La Fiscalía ha archivado la mayoría de las denuncias.

      En lo que va corrido del 2017, 12 trabajadoras y trabajadores afiliados a organizaciones sindicales colombianas que hacen parte de la UNI Américas en han sido amenazados de muerte.

      Todos estos casos se han presentado en momentos de actividad sindical como negociación colectiva, campañas de crecimiento o denuncias por disminución de salarios, acoso laboral o sobrecargas de trabajo en las empresas en las que estas personas trabajan y lideran sindicatos.

      Según el sistema de información en derecho humanos de la Escuela Nacional Sindical, en 2016 se presentaron 7 casos de violación a derechos humanos en organizaciones afiliadas a la UNI en Colombia, entre ellos un homicidio.

      Puede descargar informe: La violencia antisindical contra sindicatos filiales de la UNI en Colombia

      Para la UNI es preocupante este aumento por su ocurrencia en medio del contexto actual de violencia selectiva contra líderes y defensores de derechos humanos, que significa sin duda un incremento del riesgo vinculado al activismo sindical, ya que en todos los casos las víctimas son líderes sindicales.

      Las organizaciones sindicales a las cuales pertenecen los sindicalistas amenazados durante el último año son Sintraviescols, Sintrasaludcol y Utraclaro, siendo este último el más reciente. En todos los casos las víctimas y sus organizaciones presentaron denuncia a la Fiscalía General de la Nación, denuncias que fueron rápidamente archivadas.

      El 20 de octubre, Yuli Higuera, presidenta de Utraclaro recibió un arreglo floral y un panfleto en el cual la amenazaban a ella y a la junta directiva de la organización, todo esto, en el marco de las denuncias por la violación a derechos laborales y sindicales que estaban realizando.

      Otro de los amenazados este año fue Erick Amador, tesorero de Sintrasaludcol, que recibió un sobre que contenía un panfleto con amenazas y los números de cédulas de él y su familia.

      Por su parte, Jaime Cárdenas, presidente de Sintraviescols en la empresa Atlas recibió una nota y una bala de fusil como amenaza.

      Las amenazas hacen que los trabajadores, sus familias y las organizaciones sindicales a las que pertenecen, vivan en permanente zozobra y sin protección del estado.

      Desde 1982, hasta la fecha, se han presentado 142 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas afiliados a la UNI en Colombia: 15 sindicalistas han sido asesinados y 10 más han sido víctimas de atentados contra sus vidas.

      La Escuela Nacional Sindical ha registrado en su sistema de información sobre violencia antisindical, Sinderh, desde el 1 de enero de 1973, hasta la fecha, 14.566 violaciones a los ddhh de los sindicalistas, incluidos 3.139 homicidios, 394 atentados contra la vida, 238 desapariciones forzadas, 7.112 amenazas de muerte, 105 torturas, 667 hostigamientos y 1.897 desplazamientos forzados.

      UNI Global Unión es la federación sindical internacional que agrupa a los trabajadores y las trabajadoras del sector servicios, así como también a los trabajadores del sector de la sald. Tiene más de 20 millones de miembros y más de 900 sindicatos afiliados en el mundo.

      La UNI y sus afiliados se movilizan

      Para denunciar el aumento de la violencia antisindical contra sus organizaciones en Colombia, la UNI esta convocando a sus afiliados en el país, al movimiento sindical y a las organizaciones sociales a un mitín en la sede de la Fiscalía General de la Nación. La actividad se realizará a las 3 pm en el Barrio Quinta Paredes en Bogotá.

      Además del mitin, la UNI y otras organizaciones realizarán una movilización virtual a través de Twitter con la etiqueta #SinAmenazas, este miercoles 29 de noviembre a partir de las 8:30 am.

  • Crisanto Montanez Avila

    Miembro
    04/30/2021 at 7:52 pm

    La CIDH presenta caso sobre Colombia ante la Corte Interamericana2 de octubre de 2020

    Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 8 de agosto de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso Pedro Julio Movilla Galarcio y Familiares, respecto de Colombia. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla, líder sindical, militante del partido político de izquierda PCC-ML, y activista social colombiano, ocurrida el 13 de mayo de 1993.

    En su Informe de Fondo la Comisión determinó la existencia de múltiples elementos indiciarios, circunstanciales y de contexto para atribuir la desaparición de la víctima al Estado. La Comisión resaltó que, a la época de los hechos, existió un contexto de persecución específico contra las personas con el perfil político y social del señor Movilla. En particular, la CIDH consideró que confluían al menos tres contextos relevantes a efectos del caso: el contexto relativo a la identificación de sindicalistas dentro de la noción de enemigo interno en los manuales estatales de inteligencia y contraguerrilla; la violencia política en Colombia, que derivó en alarmantes cifras de ejecuciones y desapariciones de personas vinculadas con ciertos partidos políticos con las características del PCC-ML; y la alta incidencia de desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado en Colombia.

    Asimismo, la CIDH corroboró la existencia de otros elementos que apuntaban a la persecución sufrida por él y su familia, tales como seguimientos, avistamiento de vehículos desconocidos estacionados fuera de su casa, las advertencias, por parte de desconocidos en la calle, a la víctima para que se preocupara por su seguridad, entre otros. Sumado a ello, la Comisión tomo en consideración la existencia de actividades de inteligencia por parte de cuerpos de seguridad del Estado respecto del señor Movilla, las cuales lo identificaban con detalles tanto de su labor sindical como de su militancia política, así como una supuesta vinculación con un grupo guerrillero, todo lo cual lo colocaba en posición de ser blanco de los cuerpos de seguridad del Estado en la época de los hechos.

    Frente a los anteriores aspectos que sugieren la participación de agentes estatales en la desaparición de la víctima, la Comisión observó que, frente a la noticia de la desaparición, existió un rechazo apresurado del habeas corpus presentado para dar con su paradero, con fundamento en la formalidad de no haber identificado el lugar de la detención, cuestión que se tradujo en una negativa a establecer la detención y destino de la víctima. La CIDH entendió que las siguientes acciones practicadas para la ubicación física de la víctima solo se realizaron 15 años después, lo que permite afirmar que la omisión en buscar diligentemente a la víctima contribuyó con el encubrimiento de su detención y destino o paradero. De igual manera, la Comisión notó que el Estado no logró explicar la naturaleza de los seguimientos y anotaciones de inteligencia de Pedro Julio Movilla Galarcio y la relación de las mismas con su desaparición, contribuyendo a la incertidumbre y encubrimiento de lo sucedido. A la fecha, no se conoce su destino o paradero.

    Por lo anterior, y como resultado de los múltiples indicios valorados a la luz de los contextos descritos, la CIDH concluyó que el Estado es responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio, y por tanto, por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal establecidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2. Asimismo, tomando en cuenta que, a la fecha de entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para Colombia, la desaparición forzada continuaba cometiéndose, la CIDH concluyó que el Estado también violó el artículo I a) de dicho instrumento.

    En su Informe de Fondo la Comisión estableció además que la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla Galarcio respondió a su supuesta vinculación con una organización subversiva, lo que fue derivado, sin que existiera condena penal en firme, del liderazgo social de la víctima y su pertenencia a organizaciones sindicales y políticas de ideología de izquierda. Para la Comisión, esta correlación establecida por los órganos de inteligencia militar se enmarca en el contexto en el que se produjeron los hechos y responde a una lógica selectiva de las operaciones de seguridad nacional que criminalizó la participación de Pedro Julio Movilla Galarcio en organizaciones sindicales y políticas. Teniendo en cuenta el móvil y carácter selectivo de la desaparición forzada, la CIDH también concluyó que el Estado vulneró el derecho a la libertad de asociación establecido en el artículo 16 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2.

    Asimismo, la Comisión encontró que el Estado tampoco cumplió con sus obligaciones de debida diligencia en la investigación de la desaparición del señor Movilla. Además de la falta de efectividad del recurso de habeas corpus para determinar lo ocurrido, la CIDH tomó en cuenta que durante la investigación las diligencias se realizaron de forma tardía, y el Estado no desplegó sus máximos esfuerzos para identificar el carácter selectivo de la desaparición y su relación tanto con las actividades sindicales y políticas de Pedro Julio Movilla Galarcio, como con las anotaciones de inteligencia. Además, la investigación fue impulsada separadamente por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y Fiscalía General, y si bien los avances de las mismas fueron comunicados entre sí, la Comisión constató una fragmentación de las diligencias, llevando a la repetición de muchas de ellas en ambos procesos, con un impacto en la dilación de las investigaciones. Sumado a lo anterior, la participación de los familiares en la investigación fue limitada, siendo rechazados por varios años sus intentos de constituirse como parte civil en el proceso. La CIDH notó que, a pesar del transcurso de más de 25 años, la investigación penal aún permanece en etapa preliminar, incurriendo en una demora irrazonable.

    En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado violó los derechos establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, y el artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas a partir de la entrada en vigencia de este instrumento para el Estado.

    Finalmente, la CIDH consideró que la desaparición de Movilla, la incertidumbre sobre su paradero o destino, así como la ausencia de una investigación completa y efectiva en relación con los hechos, ocasionaron sufrimiento y angustia en sus familiares, en violación del derecho a la integridad psíquica y moral establecido en el artículo 5 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1.

    En resumen el compañero Pedro Julio Movilla Galarcio fue victima de desaparición forzada líder sindical el 13 de Mayo de 1993, y le hace una serie de recomendaciones al Estado donde si se le hubieran brindado garantías no hubiera sido victima de este delito.

    Cuando no se quieren reconocer y brindar las garantías se debe acudir a instancias internacionales que nos apoyen y hagan valer nuestros derechos.

  • Dalia Judith Salas Solano

    Miembro
    05/01/2021 at 7:26 pm

    CIDH presenta caso sobre Colombia ante la Corte Interamericana

    Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 8 de julio de 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR, respecto de Colombia. El caso se relaciona con hechos de violencia, intimidación, hostigamiento y amenazas en contra de miembros del CAJAR desde la década de 1990 y hasta la actualidad, vinculados a sus actividades de defensa de los derechos humanos.

    En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado:

    1. Reparar integralmente las violaciones a derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como moral sufridas por las víctimas del caso. Esto incluye tanto una indemnización como medidas de satisfacción.

    2. Desarrollar y completar las investigaciones judiciales, administrativas y disciplinarias de manera imparcial, efectiva, y expedita, con el objeto de establecer las responsabilidades correspondientes por las violaciones cometidas en este caso.

    3. Garantizar que en todos los procesos de adopción, implementación, monitoreo y levantamiento de medidas especiales de protección se garantice la participación efectiva de las víctimas. En particular, la Comisión recomienda al Estado que asegure que el personal que participa en los esquemas de seguridad para las víctimas sea designado con la participación y concertación de los beneficiarios de tal manera que les genere confianza.

    4. Asegurar el acceso de las víctimas a sus datos en los archivos de inteligencia y, en caso lo deseen, soliciten su corrección, actualización o, en su caso, depuración de los archivos de inteligencia.

    5. Adoptar medidas de carácter legislativo, institucional y judicial orientadas a reducir la exposición al riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos. En ese sentido, el Estado debe:

    5.1. Fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores, mediante la elaboración de protocolos de investigación que teniendo en cuenta los riesgos inherentes a la labor de defensa de los derechos humanos permitan un desarrollo exhaustivo de la investigación bajo esta hipótesis.

    5.2. Desarrollar medidas adecuadas y expeditas de respuesta institucional que permitan proteger eficazmente a defensoras y defensores de derechos humanos en situaciones de riesgo. En concreto, adoptar medidas para asegurar la implementación efectiva las medidas especiales de protección dictados por los órganos del sistema interamericano.

    5.3. Abstenerse de realizar labores de inteligencia que impliquen limitaciones arbitrarias a los derechos a la vida privada y libertad de expresión, en los términos establecidos en el presente informe de fondo. En particular, el Estado deberá asegurar que cualquier injerencia en dichos derechos como resultado de labores de inteligencia cumplan con los estándares de legalidad, finalidad imperiosa, necesidad y proporcionalidad. La regulación en la materia deberá evitar el otorgamiento de facultades excesivamente vagas, incluir una definición precisa de seguridad nacional, establecer la necesidad de autorización y supervisión judicial independiente y, en general, deberá estar informada por los principios de excepcionalidad y transparencia. Finalmente, las personas afectadas deberán contar con recursos idóneos y efectivos para obtener el acceso a datos personales que consten en archivos de inteligencia, así como para solicitar su corrección, actualización o depuración.

  • María Fernanda López Bermúdez

    Miembro
    05/02/2021 at 3:01 pm

    Dentro de nuestro sindicato UTRACLARO no conozco ninguno. Traigo a colacion un caso conocido como lo fue el caso entre ACDAC y los pilotos de avianca. Por ejercer el derecho a huelga en 2017, AVIANCA aplico procesos diciplinarios a 83 de sus pilotos y supendio a 123, el caso llego a la OIT Y tres años despues la organizacion le pidio al gobierno revisar las normas colombianas de transporte aereo en coordinacion con la libertad sindical

  • Mabel Adriana Peña García

    Miembro
    05/03/2021 at 6:44 pm

    Buenas tardes:

    Mi nombre es: Mabel Adriana Peña García

    Pertenezco a:

    UTRACLARO&TIC

    Foro de participación Modulo 11

    Durante esta sesión del módulo 11 cada estudiante deberá compartir en el foro

    Consulte en la Web o en su organización sindical que casos conocen que hayan llegado a estas instancias internacionales, por violaciones a la libertad sindical y comparta en el foro un resumen del caso con sus compañer@s.

    Alegatos: las organizaciones querellantes alegan que una empresa petrolífera se niega a negociar colectivamente con la Asociación Sindical de Profesionales de Ecopetrol y que no reconoce a dicho sindicato un acceso equitativo a los permisos sindicales remunerados

    211. La queja figura en una comunicación de 6 de abril de 2015 presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores de Colombia (CNT) y la Asociación Sindical de Profesionales de Ecopetrol (ASPEC), así como en una comunicación adicional de 9 de octubre de 2015 de la ASPEC.

    212. El Gobierno envió sus observaciones en comunicaciones de 7 de marzo de 2016 y febrero de 2017.

    213. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

    A. Alegatos de las organizaciones querellantes

    214. Por medio de comunicaciones de 6 de abril y 9 de octubre de 2015, la CNT y la ASPEC denuncian en primer lugar que la empresa Ecopetrol S.A. (en adelante la empresa petrolífera) se niega a negociar colectivamente con la ASPEC. A este respecto, las organizaciones querellantes manifiestan específicamente que: i) la ASPEC fue constituida el 12 de febrero de 2014; ii) en mayo y junio de 2014, las organizaciones sindicales de rama de actividad presentes en la empresa petrolífera (la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), la Asociación de Directivos Profesionales, Técnicos y Trabajadores de las Empresas de la Rama de Actividad Económica del Recurso Natural del Petróleo y sus Derivados de Colombia (ADECO) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresas Operadoras, Contratistas, Subcontratistas de Servicios y Actividades de la Industria del Petróleo, Petroquímica y Similares (SINDISPETROL)) presentaron sus respectivos pliegos de peticiones a la empresa, con miras a adoptar una nueva convención colectiva de trabajo para el período 2014-2018; iii) la ASPEC presentó su propio pliego de peticiones el 29 de mayo de 2014; iv) la etapa de negociación directa (arreglo directo) entre la empresa petrolífera y la ASPEC se llevó a cabo del 14 de julio al 22 de agosto de 2014 sin que se lograra un acuerdo, y v) el día hábil siguiente, la ASPEC radicó ante la Dirección Territorial de Trabajo de Bogotá el acta final de la negociación con miras a que el Ministerio de Trabajo convocara un tribunal de arbitramento obligatorio para solucionar el conflicto colectivo de trabajo pendiente de resolución.

    215. En relación con el mencionado proceso de negociación colectiva, las organizaciones querellantes afirman que las negociaciones con las cuatro organizaciones sindicales presentes en la empresa se llevaron a cabo en cuatro mesas separadas, lo cual violaría el principio de unidad de negociación consagrado en el decreto núm. 089 de 2014, norma que prevé que, en caso de pluralidad sindical en una empresa y en caso de que los sindicatos no unifiquen sus pliegos de peticiones, los distintos pliegos se negociarán en una sola mesa de negociación integrada proporcionalmente a la representatividad de cada organización. Las organizaciones querellantes alegan que, de esta manera, las negociaciones sustanciales se concentraron en las mesas de los sindicatos USO y ADECO mientras que el pliego de peticiones presentado por la ASPEC no dio lugar a verdaderas discusiones, obligando a los trabajadores afiliados a la ASPEC a acogerse a lo negociado por el mayor sindicato presente en la empresa, la USO, que no deja de ser sin embargo una organización minoritaria, dejando desatendidas las peticiones legítimas y específicas del personal técnico, profesional de dirección y de confianza de la empresa que la ASPEC representa. Las organizaciones querellantes manifiestan finalmente que la negativa de la empresa petrolífera de negociar con la ASPEC queda demostrada por la acción judicial presentada ante el Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá en la cual la empresa solicita que se deje sin eficacia jurídica el registro de la organización sindical.

    216. Las organizaciones querellantes añaden que: i) ante la falta de genuina negociación, la ASPEC formuló el 17 de junio de 2014 una querella administrativa laboral por negativa a negociar su pliego de peticiones; ii) una vez fracasada la etapa de arreglo directo, la ASPEC solicitó al Ministerio de Trabajo la conformación de un tribunal de arbitramento; iii) por medio de la resolución núm. 0963 de 17 de marzo de 2015, el Ministerio de Trabajo denegó de manera injustificada dicha solicitud, sin tomar en cuenta la realidad de los hechos, y iv) de igual manera fue denegada en primera y segunda instancia la acción de tutela iniciada por la ASPEC en contra de la mencionada resolución ministerial.

    217. Las organizaciones querellantes alegan en segundo lugar que la empresa petrolífera niega a la ASPEC un acceso equitativo a los permisos sindicales remunerados, favoreciendo a las demás organizaciones sindicales presentes en la empresa. Afirman que dicha discriminación se manifestó primero en el período de negociación de los pliegos de peticiones relativos a la convención colectiva de trabajo 2014-2018 y, luego, en el contenido de la mencionada convención que prevé garantías sindicales pactadas y aseguradas a favor de USO, SINDISPETROL y ADECO mientras que el acceso de la ASPEC a permisos sindicales depende de la liberalidad discrecional de la empresa. Las organizaciones querellantes indican que formularon a este respecto, el 25 de junio de 2014, una solicitud de visita de inspección y de investigación administrativa laboral.

    218. Las organizaciones querellantes alegan adicionalmente que el acuerdo núm. 01 de 1977 o «estatuto del directivo» dictado por la junta directiva de la empresa petrolífera y que abarca al personal técnico, de dirección y de confianza, mayoritario en la empresa, constituye un instrumento de discriminación antisindical. Ya que sólo puede aplicarse al personal no sindicalizado. Añaden que dicho estatuto consagra para los trabajadores directivos no sindicalizados una serie de beneficios salariales, laborales y prestacionales extralegales diferentes y superiores a los pactados por la empresa por medio de las convenciones colectivas. Las organizaciones querellantes indican que formularon a este respecto una solicitud de visita de inspección y de investigación administrativa laboral.

    B. Respuesta del Gobierno

    219. En sus comunicaciones de marzo de 2016 y febrero de 2017, el Gobierno remite en primer lugar la respuesta de la empresa petrolífera, la cual describe de la siguiente manera el proceso de negociación colectiva llevado a cabo en 2014 con la ASPEC y las demás organizaciones sindicales presentes en la empresa: i) el 29 de mayo de 2014, la ASPEC presentó su pliego de peticiones, solicitando que, de conformidad con el decreto 089 de 2014, sea negociado de forma simultánea y coetánea con los pliegos de los sindicatos de industria USO, ADECO y SINDISPETROL, también presentes en la empresa; ii) dichas tres organizaciones presentaron sus propios pliegos de peticiones entre el 25 y el 27 de junio de 2014; iii) el 3 de julio de 2014, se determinó con todas las organizaciones sindicales coexistentes que la etapa de arreglo directo iniciaría el 14 de julio de 2014; iv) en ejercicio de su autonomía sindical, las organizaciones sindicales optaron por no presentar un pliego único; v) de acuerdo con el mencionado decreto, quedó expresamente establecido que la negociación constituiría un proceso unificado e integrado aunque logísticamente se hubiesen mantenido cuatro escenarios simultáneos de discusión; vi) la negociación con las distintas organizaciones sindicales se llevó a cabo en igualdad de condiciones; vii) el conflicto colectivo finalizó con la firma, por la mayoría de los sindicatos representados, de la convención colectiva de trabajo 2014-2018, decidiendo en cambio la ASPEC no sumarse al acuerdo, y viii) la convención colectiva, por haber sido firmada por la mayoría de las organizaciones sindicales, es aplicable a todos los trabajadores de las organizaciones que presentaron simultáneamente su pliego, por lo cual se aplica también a los trabajadores afiliados a la ASPEC. La empresa añade que la ASPEC suscribió el acta de 3 de julio de 2014 de instalación de la etapa de arreglo directo y que la organización sindical no adelantó gestión alguna para solicitar, en los términos y plazos establecidos legalmente, la convocatoria de un tribunal de arbitramento.

    220. Respecto de la concesión de permisos y garantías sindicales, la empresa no comparte las alegaciones de las organizaciones querellantes ya que: i) si bien dichas condiciones no se encuentran estipuladas en un acuerdo, la empresa otorga 22 permisos mensuales remunerados para los miembros de la junta directiva nacional y de las subdirectivas de la ASPEC, y ii) la cantidad de permisos otorgados no es idéntica para cada sindicato porque es proporcional a la representatividad de cada una de las organizaciones.

    221. La empresa afirma finalmente en su respuesta que el acuerdo núm. 01 de 1977 no desconoce el derecho de organización sindical reconocido en la Constitución colombiana y que se armoniza con el principio de afiliación o no afiliación a una organización sindical. La empresa manifiesta específicamente que: i) los trabajadores que ocupan un cargo de nómina directiva, técnica y de confianza tienen plena libertad para afiliarse o no a una de las organizaciones sindicales coexistentes al interior de la empresa petrolífera o a beneficiarse del régimen salarial y prestacional contenido en la convención colectiva de trabajo o en el acuerdo núm. 01; ii) ante dos regímenes salariales y prestacionales completamente independientes e incompatibles entre sí y, en virtud del principio de inescindibilidad de las normas, consagrado por el Código Sustantivo del Trabajo, no puede un trabajador acogerse simultáneamente a los beneficios de la convención colectiva de trabajo y del acuerdo núm. 01; iii) en su momento, tanto el Consejo de Estado como la Corte de Constitucionalidad tuvieron la oportunidad de confirmar la legalidad y constitucionalidad del acuerdo núm. 01, y iv) la propia convención colectiva de la empresa petrolífera hace referencia al acuerdo núm. 01, lo cual demuestra el entendimiento entre la empresa y sus sindicatos respecto de dicho acuerdo.

    222. Después de haber comunicado la posición de la empresa petrolífera respecto de la queja, el Gobierno proporciona sus propias observaciones acerca de la misma. En cuanto a la alegada negativa de la empresa a negociar con la ASPEC, el Gobierno considera que sí se dio dicha negociación e indica al respecto que: i) según lo establecido en el decreto núm. 089 de 2014, se llevó a cabo una negociación conjunta con todas las organizaciones sindicales presentes en la empresa, suscribiéndose con las mismas, incluida la ASPEC, un acta de acuerdo de negociación colectiva el 3 de julio de 2014; ii) el 14 de julio de 2014, aunque la ASPEC no haya firmado ese día el acta de inicio de la etapa de arreglo directo, se reunieron las comisiones negociadoras de la empresa petrolífera y de la ASPEC, dándose así inicio a la negociación con la mencionada organización sindical, etapa que duró hasta el 22 de agosto de 2014, y iii) a raíz de la querella administrativa laboral presentada por la ASPEC, la dirección territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo llevó a cabo una investigación que le permitió concluir, por medio de una resolución de 12 de marzo de 2015, que la empresa no se había negado a negociar con la organización sindical.

    223. En relación con la negativa del Ministerio de Trabajo de convocar un tribunal de arbitramento para resolver el conflicto colectivo entre la ASPEC y la empresa petrolífera, el Gobierno manifiesta que: i) no es viable la petición de la ASPEC ya que el proceso de negociación entre la mencionada organización y la empresa se realizó, de acuerdo con el decreto núm. 089 de 2014, de manera conjunta con las demás organizaciones sindicales presentes en la empresa y que dicho proceso de negociación culminó con la firma por la mayoría de las organizaciones sindicales de una convención colectiva; ii) tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un fallo de 7 de abril de 2015 como el Consejo de Estado en una sentencia de 9 de junio de 2015 declararon improcedente la acción de tutela iniciada por la ASPEC en contra de la mencionada resolución núm. 0963, indicando que la vía adecuada para recurrir dicha resolución no era la tutela sino la acción contencioso administrativa, y iii) hasta la fecha, la ASPEC no ha cuestionado ante la justicia administrativa la resolución núm. 0963 del Ministerio de Trabajo que no accede a la petición de que se constituya un tribunal de arbitramento.

    224. En relación con la alegada denegación de los permisos sindicales a la ASPEC, el Gobierno constata que la empresa proporciona datos según los cuales otorga 22 permisos mensuales remunerados a la organización sindical y que esta última no aporta pruebas de que ha acudido ante las autoridades correspondientes para denunciar la presunta negativa de la empresa de conceder los mencionados permisos.

    C. Conclusiones del Comité

    225. El Comité observa que el presente caso se refiere, a la alegada negativa de una empresa petrolífera de negociar colectivamente con la organización sindical de la empresa ASPEC y al supuesto no reconocimiento a dicho sindicato de un acceso equitativo a los permisos sindicales remunerados. El Comité observa que, en sus alegatos, las organizaciones querellantes se refieren también brevemente al supuesto carácter antisindical del acuerdo núm. 01 de 1977 dictado por la junta directiva de la empresa petrolífera. El Comité señala que esta cuestión se examinará en el marco del caso núm. 3149 que contiene alegatos directamente relacionados con el acuerdo núm. 01 así como respuestas completas del Gobierno y de la empresa a este respecto.

    226. En relación con la alegada violación del derecho de la ASPEC de negociar colectivamente, el Comité toma nota en primer lugar de que las organizaciones querellantes afirman que: i) la ASPEC, organización sindical de reciente creación, presenta su pliego de peticiones a la empresa petrolífera el 29 de mayo de 2014; ii) el 3 de julio de 2014, de conformidad con el decreto núm. 089 de 2014, la ASPEC acepta negociar de manera unificada con las demás tres organizaciones sindicales presentes en la empresa petrolífera, cada una habiendo presentado su propio pliego de peticiones; iii) la negociación de los cuatro pliegos de peticiones se lleva a cabo sin embargo en mesas separadas; iv) mientras que la empresa petrolífera lleva a cabo discusiones sustanciales con el sindicato que agrupa al mayor número de afiliados (aunque sin dejar de ser minoritario), la misma no negocia de manera real con la ASPEC; v) a raíz de lo anterior, la empresa suscribe el 24 de agosto de 2014 una convención colectiva con las demás organizaciones sindicales mientras que no alcanza ningún acuerdo con la ASPEC, y vi) las acciones entabladas ante el Ministerio de Trabajo y la justicia para denunciar la negativa de la empresa petrolífera a negociar con la ASPEC y para obtener la conformación de un tribunal de arbitramento no prosperaron por la falta de objetividad de las autoridades públicas.

    227. El Comité toma nota por otra parte de la posición coincidente de la empresa petrolífera y del Gobierno según los cuales: i) en el contexto de la negociación de la convención colectiva 2014-2018, las cuatro organizaciones sindicales presentes en la empresa decidieron, de conformidad con su autonomía sindical, mantener cada una su propio pliego de peticiones; ii) de acuerdo con el acta de negociación suscrito el 3 de julio de 2014, dichos cuatro pliegos de peticiones fueron negociados de forma articulada, aunque en mesas separadas, lo cual no es contrario al decreto núm. 089 de 2014 que regula los procesos de negociación colectiva en caso de pluralidad sindical; iii) la mesa de negociación con la ASPEC se reunió entre el 14 de julio y el 22 de agosto de 2014; iv) mientras que se logró un acuerdo con las demás organizaciones sindicales, la ASPEC decidió no suscribir la convención colectiva de empresa 2014-2018, la cual se aplica sin embargo a todos los trabajadores sindicalizados de la empresa, y v) a raíz de una querella administrativa laboral presentada por la ASPEC, se ha llevado a cabo una investigación por parte de la inspección de trabajo que no ha determinado la existencia de una negativa de la empresa petrolífera de negociar con dicha organización sindical.

    228. El Comité observa que este primer alegato se refiere, en un contexto de pluralidad sindical, a la supuesta preferencia dada por la empresa petrolífera a la negociación de la convención colectiva de empresa con los sindicatos de mayor representatividad en detrimento de la ASPEC, organización sindical de reciente creación, con la cual la empresa no habría llevado a cabo auténticas negociaciones. A este respecto, el Comité recuerda de manera general que el reconocimiento por el empleador de los principales sindicatos representados en su empresa, o del más representativo de ellos, constituye la base misma de todo procedimiento de negociación colectiva de las condiciones de empleo a nivel del establecimiento [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición (revisada), 2006, párrafo 953]. En el presente caso, con base en los elementos puestos a su disposición por las organizaciones querellantes, la empresa y el Gobierno, el Comité constata que: i) la empresa petrolífera ha entablado negociaciones con todas las organizaciones sindicales presentes en la empresa, inclusive con la ASPEC, sea cual sea el grado respectivo de representatividad de cada una de ellas; ii) la empresa firmó una convención colectiva con las organizaciones de mayor representatividad, la cual no fue suscrita por la ASPEC; iii) la convención colectiva se aplica a todos los trabajadores sindicalizados de la empresa, incluso a los miembros de la ASPEC, y iv) a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la inspección de trabajo, el Ministerio de Trabajo no ha acogido la denuncia presentada por la ASPEC por violación del derecho de negociar colectivamente. En estas condiciones el Comité no proseguirá con el examen de este alegato.

    229. En relación con la denegación por el Ministerio de Trabajo de que se conformara un tribunal de arbitramento para resolver el conflicto consecutivo a la ausencia de acuerdo entre la ASPEC y la empresa, el Comité toma nota de que el Gobierno indica que no era viable la petición de la ASPEC ya que el proceso de negociación entre la mencionada organización y la empresa se realizó de manera conjunta con las demás organizaciones sindicales presentes en la empresa y que dicho proceso de negociación culminó con la firma por la mayoría de las organizaciones sindicales de una convención colectiva. En estas condiciones, el Comité no proseguirá con el examen de este alegato.

    230. En relación con la alegada denegación de permisos sindicales a la ASPEC, el Comité toma nota en primer lugar de que las organizaciones querellantes afirman que: i) la ASPEC no obtuvo el mismo número de permisos sindicales que las demás tres organizaciones sindicales presentes en la empresa petrolífera durante el período de negociación de la convención colectiva; ii) por medio de la convención colectiva 2014-2018 firmada el 22 de agosto de 2018, las otras tres organizaciones sindicales pudieron pactar y garantizar el número de permisos remunerados que les corresponden mientras que los permisos sindicales de los cuales dispone la ASPEC dependen únicamente de la buena voluntad de la empresa, y iii) la ASPEC solicitó en junio de 2014 una investigación de parte del Ministerio de Trabajo a este respecto. El Comité toma nota en segundo lugar de que, por su parte, la empresa petrolífera afirma que: i) las cuatro organizaciones sindicales estuvieron en igualdad de condiciones para negociar la convención colectiva; ii) la ASPEC recibe de parte de la empresa 22 permisos remunerados mensuales, y iii) si bien la ASPEC no dispone de la misma cantidad de permisos sindicales que las demás organizaciones sindicales es porque los mismos se calculan proporcionalmente a la representatividad de cada una de ellas. El Comité toma nota en tercer lugar de que el Gobierno manifiesta que la empresa proporciona datos según los cuales otorga permisos remunerados a la organización sindical mientras que esta última no aporta pruebas de que ha acudido ante las autoridades correspondientes para denunciar la presunta negativa de la empresa de conceder los mencionados permisos.

    231. En relación con el hecho de que la ASPEC reciba una cantidad de permisos sindicales remunerados menor a la de los demás sindicatos presentes en la empresa, el Comité constata que la organización no niega disponer también de un número de afiliados inferiores a los demás sindicatos. En estas condiciones, el Comité observa que es plenamente justificado que los permisos sindicales otorgados sean proporcionales a la representatividad de cada una de las organizaciones sindicales. Respecto del hecho de que, a diferencia de las demás organizaciones sindicales presentes en la empresa, la ASPEC no tenga pactado el número de permisos sindicales que le corresponde, el Comité observa que esta situación es consecutiva a la falta de acuerdo alcanzado entre la empresa y la ASPEC en el marco de la negociación de la convención colectiva de empresa 2014-2018 y a la decisión de dicha organización sindical de no suscribir la convención firmada por los demás sindicatos presentes en la empresa.

    Recomendación del Comité

    232. En vista de las
    conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que
    decida que este caso no requiere un examen más detenido

  • Elías Gordillo Traslaviña

    Miembro
    05/04/2021 at 5:19 pm

    caso emcali 3091

    § En sus comunicaciones de fechas 6 de junio de 2014 y 31 de enero de 2017, la Confederación General del Trabajo (CGT) indica que la empresa municipal EMCALI (en adelante «la empresa») es una empresa industrial y comercial del Estado, encargada de prestar los servicios de agua, energía, alcantarillado y teléfonos en los municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada. La organización querellante alega que, entre mayo de 2004 y enero de 2010, en el marco de una supuesta reestructuración, la empresa despidió a 52 afiliados al Sindicato de Servidores Públicos de la empresa (SERVIEMCALI), entre ellos los siete miembros de la junta directiva y 27 jefes de departamento, reduciendo a la mitad a los miembros del sindicato, afiliado a la CGT y fundado el 5 de mayo de 2002 con 105 miembros. La organización querellante indica que los trabajadores despedidos eran empleados públicos y no se beneficiaban de la convención colectiva firmada entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali, Colombia (SINTRAEMCALI), sindicato mayoritario de trabajadores oficiales, la cual preveía la estabilidad en el empleo para los trabajadores oficiales.

    § La organización querellante alega que los jefes de departamento estaban mal clasificados como empleados públicos y que, éstos deberían de haber ocupado el cargo de trabajador oficial. La organización querellante indica que, si bien, mediante resoluciones de 1997 y 1999, la junta directiva de la empresa había clasificado el cargo de jefe de departamento como de empleado público, mediante sentencias dictadas el 1.º de julio de 1999, 23 de mayo de 2002 y 25 de marzo de 2004, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad de las resoluciones antes mencionadas y señaló que el cargo de jefe de departamento era un cargo de trabajador oficial y no de empleado público. En dichas sentencias se indicó que, por regla general, los trabajadores de una empresa industrial y comercial del Estado debían ser trabajadores oficiales y que, solamente por excepción, debía haber empleados públicos de dirección o de confianza. Se indicó asimismo que, tomando en cuenta el tipo de funciones y grado de toma de decisión, el cargo de jefe de departamento no podía clasificarse como de empleado público sino como de trabajador oficial.

    § La organización querellante indica que los jefes de departamento solicitaron a la empresa, con fundamento en los tres fallos del Consejo de Estado, su clasificación como trabajadores oficiales, pero que la empresa negó la solicitud, razón por la que instauraron una acción de tutela, como mecanismo transitorio para la protección de sus derechos, la cual fue desestimada debido a la improcedencia de la acción. La organización querellante indica que, mediante diferentes comunicados y peticiones, el SERVIEMCALI exigió a la empresa el cumplimiento de los fallos mencionados, y que, no solamente la empresa no contestó a su solicitud, sino que, mediante la resolución núm. 820, de 20 de mayo de 2004, la empresa volvió a clasificar el cargo de jefe de departamento como de empleado público. La organización querellante sostiene que corresponde que la empresa reintegre a los trabajadores despedidos entre 2004 y 2010, ente ellos los jefes de departamento, que fueron despedidos en el marco de una reestructuración de la empresa, que en efecto resultó ser simulada, y cuyo único fin fue el de esquivar el cumplimiento de los fallos del Consejo de Estado.

  • Sonia Rocio Contreras

    Miembro
    05/05/2021 at 9:08 pm

    El Caso es el de la Organización organización sindical SINTRAUNIOBRAS; las organizaciones querellantes alegan que se pronunciaron de manera irregular sanciones disciplinarias en contra de dos miembros de la organización sindical. La queja figura en una comunicación de fecha 29 de julio de 2015 presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (SINTRAUNIOBRAS).El Gobierno envió sus observaciones por medio de comunicaciones de fechas 13 de julio de 2017, 5 de enero de 2018, 30 de octubre de 2018 y 10 de agosto de 2020. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

    las organizaciones querellantes alegan que la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá (en adelante la entidad pública) pronunció de manera irregular sanciones disciplinarias en contra de dos miembros de la organización sindical SINTRAUNIOBRAS. Las organizaciones querellantes se refieren en primer lugar a la situación del Sr. José Manuel Fonseca Rodríguez, miembro de la junta directiva de SINTRAUNIOBRAS quien, a raíz de un proceso disciplinario iniciado en 2011, fue despedido e inhabilitado por diez años en 2014 sin que, según las organizaciones querellantes, se haya tomado debidamente en cuenta el fuero sindical del cual gozaba y sin que se hayan respetado las reglas del debido proceso y del derecho de defensa establecidas por la legislación y la convención colectiva de la entidad pública. Las organizaciones querellantes alegan específicamente a este respecto que: i) el Sr. Fonseca Rodríguez fue objeto en 2011 de un proceso disciplinario, siendo acusado de peculado por uso por haber supuestamente permitido el uso indebido de materiales y maquinarias públicos para llevar a cabo la pavimentación de parqueaderos privados; ii) no se respetó la condición de aforado sindical del trabajador, la cual requería que el empleador solicitara la autorización del juez antes de poder despedirlo; iii) sin haber obtenido la mencionada autorización judicial, el Sr. Fonseca Rodríguez fue despedido e inhabilitado por diez años por medio de una decisión administrativa de la entidad pública de 8 de julio de 2014; iv) durante el mencionado procedimiento administrativo, no se respetó el plazo máximo de dos meses establecido por el Código de Procedimiento Laboral dentro del cual el empleador que ha tomado conocimiento de una falta cometida por un representante sindical debe solicitar judicialmente el levantamiento de su fuero; v) se violaron también las cláusulas de la convención colectiva de la entidad pública que prevén que la persona afiliada a una organización sindical objeto de un proceso disciplinario será acompañada durante su comparecencia por un representante sindical. Las organizaciones querellantes añaden que se encuentra en curso una demanda judicial ante los tribunales de lo contencioso administrativo. Las organizaciones querellantes alegan por otra parte que el Sr. Alberto Varela Herrera, afiliado activo de SINTRAUNIOBRAS, fue también objeto de un proceso disciplinario en 2011 que condujo a la cancelación de su contrato laboral y a una inhabilitación de diez años, produciéndose en esta ocasión irregularidades procesales.

    En una primera comunicación la entidad pública manifiesta que el trabajador no era dirigente sindical, que no gozaba por lo tanto del fuero sindical y que, la sanción disciplinaria que le fue impuesta por haber cometido una infracción no violó de ninguna manera los principios de la libertad sindical. El Gobierno indica que, tanto en primera como en segunda instancia (sentencia de apelación del Tribunal Superior de Bogotá de 27 de abril de 2017), los tribunales laborales, cumpliendo plenamente con el ordenamiento jurídico vigente, autorizaron el levantamiento del fuero sindical al considerar que el despido del Sr. Fonseca Rodríguez era basado en una justa causa. El Gobierno añade que, tal como señalado por el propio Comité de Libertad Sindical, si bien los dirigentes sindicales no deben sufrir perjuicios por sus actividades sindicales, los mandatos sindicales no pueden convertirse en una forma de inmunidad y que, en el presente caso, las organizaciones querellantes no han presentado ningún indicio de discriminación antisindical motivos por los cuales el Comité no debería continuar con el examen del presente caso.

    El comité observó el despido del trabajador no respetó los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Laboral en materia de levantamiento del fuero sindical ni las cláusulas de la convención colectiva aplicable que prevén el acompañamiento del afiliado sindical por un representante sindical a lo largo del proceso disciplinario; la solicitud de levantamiento del fuero sindical cursada por la entidad pública en 2015 fue otorgada por los tribunales, tanto en primera como en segunda instancia, conduciendo al despido definitivo del trabajador.

    En conclusión, el Comité toma nota de la alegación de las organizaciones querellantes según la cual fue objeto de un proceso disciplinario en 2011 que condujo a la cancelación de su contrato laboral y a una inhabilitación de diez años, produciéndose en esta ocasión irregularidades procesales. El Comité toma también nota de que la entidad pública manifiesta que el Sr. Varela Herrera fue despedido por la comisión de una infracción, que no era dirigente sindical, por lo cual no gozaba del fuero sindical y que su despido no mantiene relaciones con su afiliación sindical. Lasorganizaciones querellantes no proporcionan detalles específicos sobre la supuesta irregularidad del despido del Sr. Varela Herrera ni sobre el carácter antisindical del mismo, el Comité no continuará con el examen de este alegato.

  • Mario Alfonso Hernández González

    Miembro
    06/13/2021 at 10:58 am

    PETICIÓN 314-11 INFORME DE ADMISIBILIDAD SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS (SINTRABECOLICAS) SUBDIRECTIVA HUILA COLOMBIA

    TRÁMITE ANTE LA CIDH6 Recepción de la petición 11 de marzo de 2011 Notificación de la petición 14 de junio de 2017 Primera respuesta del Estado 5 de julio de 2018 Observaciones adicionales de la parte peticionaria 14 de diciembre de 2018.

    Derechos invocados: Artículos 16 (libertad de asociación) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 2 ; 7 (condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo) y 8 (derechos sindicales) del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”3; XIV (trabajo y justa retribución) de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre4; y otros instrumentos internacionales

    Fermín Vargas Buenaventura denuncia presuntas violaciones a los derechos humanos de 45 personas que laboraban para una empresa estatal alegando que estas fueran presionadas ilícitamente para firmar un acuerdo en que aceptaron modificaciones a su convención colectiva de trabajo a cambio del compromiso de que la referida empresa no sería suprimida; acuerdo que posteriormente fue incumplido resultando en que las presuntas víctimas fueran despedidas de sus trabajos. También denuncia que 12 de las presuntas víctimas que se encontraban amparadas por fuero sindical al momento de su destitución obtuvieron una sentencia favorable definitiva que ordenaba su reintegro por violación a dicho fuero, la que no fue cumplida.

    La Industria Licorera del Huila y el Gobierno departamental se comprometen para con Sintrabecolicas que simultáneamente a la firma de la Convención Colectiva se solicitará la suspensión del trámite del proyecto de ordenanza por el cual se suprime una empresa industrial y comercial del departamento referente a la Industria Licorera del Huila, que cursa en la Asamblea Departamental e igualmente se comprometen a que no se volverá a presentar proyecto igual o similar en lo que resta de este gobierno

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